El gobierno de Angola debe terminar con las detenciones y torturas contra presuntos insurgentes en Cabinda, reclamó este lunes la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su informe sobre la situación en esa septentrional provincia petrolera.
Detalles de la escalada de violencia a manos de las Fuerzas Armadas y funcionarios de inteligencia angoleños contra la población de esa provincia figuran en el informe titulado "Me pusieron en un agujero: detención, tortura y restricciones al debido proceso en Cabinda", realizado por HRW, la organización defensora de los derechos humanos con sede en Nueva York.
Las fuerzas de seguridad angoleñas son responsables de la detención de por lo menos 38 personas entre septiembre de 2007 y marzo de 2009, acusadas de atentar contra la seguridad del Estado.
"La mayoría fueron sometidas a prolongadas detenciones en aislamiento y víctimas de tratos inhumanos y crueles a manos del ejército y de privación del debido proceso", denuncia HRW.
"Las Fuerzas Armadas angoleñas son responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Cabinda", indicó la directora para África de HRW, Georgette Gagnon. "La seguridad de Angola no justifica la tortura ni la negación de los derechos fundamentales de las personas".
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El estudio de HRW se basó sobre entrevistas realizadas a 20 presos de la cárcel de Yabi, en Cabinda. También recogió testimonios de funcionarios angoleños registrados en documentos judiciales así como de otras fuentes no identificadas.
Las autoridades arrestan a personas que con presuntos vínculos con el Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC), un movimiento separatista que luchó por la independencia de ese territorio, primero contra el régimen colonial portugués y desde 1975 contra el gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola, con sede en Luanda.
Cabinda, una superficie de 10.000 kilómetros cuadrados delimitada al oeste por el océano Atlántico, está separada de Angola por una estrecha franja de territorio perteneciente a la República Democrática del Congo (RDC).
Los presos son el producto de varios allanamientos realizados por el ejército en aldeas del interior de Cabinda tras presuntos ataques de guerrilleros del FLEC. Acusados de participar en las ofensivas, esas personas fueron sometidas a malos tratos a manos de efectivos militares, según HRW.
"Me llevaron atado al cuartel de Caio y me pusieron en un agujero lleno de agua", relató uno de los presos entrevistado por HRW, detenido en esa ciudad costera al norte de la capital provincial de Cabinda. "Me tuvieron allí 19 días. Les insistí que era inocente".
La mayoría de las pruebas presentadas por la fiscalía contra los presuntos guerrilleros fueron obtenidas mediante torturas, señala el informe. Además, los abogados defensores no tuvieron acceso a ellas y eso impidió que gozaran de un juicio justo.
El gobierno debe "desestimar todos los casos basados sobre confesiones ilícitas, como bajo tortura", reclama HRW.
"La tortura está prohibida por el derecho internacional en todas las circunstancias y los estándares del debido proceso no reconocen como pruebas las confesiones obtenidas bajo coacción", puntualiza.
"El gobierno debe asegurarse de que las Fuerzas Armadas transfieran a los detenidos a las autoridades civiles competentes, garantizar que se cumplan los estándares internacionales en materia de detenciones previas al proceso a fin de que se beneficien sin demora de un juicio justo", añade.
Además, "debe investigar las acusaciones de violaciones a los derechos humanos de efectivos militares y funcionarios de los servicios de inteligencia y procesar a los responsables", subraya HRW.
Fernando Lelo, ex corresponsal de Voz de América, el servicio de noticias estatal de Estados Unidos, fue condenado a 12 años de prisión por atentar contra la seguridad nacional en septiembre de 2008.
El caso fue reseñado en el informe de HRW, que consideró el juicio "injusto", ni más ni menos lo que sucede a muchas personas no conocidas internacionalmente.
La organización de derechos humanos reseña 32 casos de personas acusadas de los mismos cargos, seis de las cuales fueron sentenciadas a 12 o 13 años de cárcel.
HRW también aplaudió numerosas mejoras implementadas por el gobierno angoleño, como el juicio justo dispensado a otros detenidos en tribunales civiles. Cuatro de ellos absueltos en mayo de este año por falta de pruebas.
"La absolución del tribunal por falta de pruebas es una señal positiva, pero hasta que los damnificados no sean indemnizados y los efectivos responsables no sean castigados, no hay garantías de que no volverá a pasar", remarcó Gagnon.
"El gobierno de Angola debe revisar sin demora la injusta condena de Fernando Lelo y de los otros acusados, garantizar el debido proceso a los imputados por atentar contra la seguridad del Estado y ofrecer una reparación efectiva a quienes fueron torturados", añadió.
Angola es el segundo productor de petróleo de África y Cabinda tiene las mayores reservas marítimas. Cabinda Gulf Oil Company, en su mayoría propiedad de la empresa estadounidense Chevron Texaco, tiene su sede en esa provincia.
Durante gran parte de la prolongada guerra civil de Angola (1975-2002), las compañías estadounidenses de Cabinda fueron protegidas por las fuerzas gubernamentales, pese a que Washington respaldó a la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita), grupo guerrillero que combatía al gobierno del Movimiento Popular de Liberación de Angola.
El gobierno firmó un acuerdo de paz con uno de los líderes del FLEC en julio de 2006, tras un cese del fuego convenido en Congo y según el cual la provincia de Cabinda sería autónoma. Pero otra facción de la organización ubicada en París criticó el pacto y mantuvo la lucha armada.
