«Silvino iba en su bicicleta por un camino vecinal cuando fue envenenado con agrotóxicos, rociados en una plantación de soja aledaña. Murió al poco tiempo, tenía 11 años», rememora su madre, Petrona Villasboa, dirigente campesina del sur de Paraguay.
Silvino Villasboa falleció en 2003 en la comunidad Pirapey, en el departamento de Itapúa, una zona de grandes cultivos de soja. Su madre es dirigente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), que rechaza una ley aún sin promulgar sobre la utilización de agroquímicos que contradice un decreto presidencial.
Se trata de la ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola aprobada por el Senado en mayo y que provocó el repudio de las organizaciones campesinas y el beneplácito de los gremios empresariales de los grandes productores de oleaginosas.
La polémica norma se contrapone al decreto del presidente de Paraguay, el centroizquierdista Fernando Lugo, que no cuenta con mayoría parlamentaria. Esa disposición firmada en abril ordena la aplicación de medidas para el uso adecuado de plaguicidas en la producción agropecuaria.
La discrepancia entre ambos poderes del Estado en este asunto genera expectativas por saber si finalmente Lugo promulgará o vetará la norma legislativa.
Uno de los artículos del decreto presidencial determina la participación del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Secretaría del Ambiente, en el control de las áreas de fumigación en las plantaciones.
Por su parte, la nueva ley dispone que la única autoridad de aplicación, registro y control de uso de agroquímicos sea el Senave, eliminando así la presencia del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Amiente.
"En este tema tienen que intervenir las tres instituciones, como ocurre en otros países, porque tiene facetas que se relacionan a la salud de las personas como también al ambiente", dijo a IPS Hebe González, directora del programa de agroecología de la organización no gubernamental Alter Vida.
El decreto presidencial también establece una franja de bosque de por lo menos 100 metros para la protección de los cursos de agua y barreras vivas en los cultivos donde se aplicarían plaguicidas, colindantes con zonas de asentamientos urbanos.
Sin embargo, la ley permite la disminución de la franja de protección de cursos de agua a 50 metros de distancia en algunos casos y flexibiliza la normativa en cuanto a la aplicación de productos químicos tóxicos.
"En estas condiciones, como no es obligatorio que estén las autoridades durante la pulverización, no hay control sobre lo que se utiliza", apuntó González.
Un estudio realizado por la organización Base Investigaciones Sociales, la soja que se cultiva mayoritariamente en el país es genéticamente modificada, de la variedad Roundup Ready, y el agroquímico de uso más generalizado es el herbicida Roundup (mezcla del glifosato con surfactante polioxietileno-amina-POEA).
En 2006 y 2007, Paraguay ocupó la quinta posición en cuanto a la producción mundial de soja, con 2,2 por ciento del total, y sería el séptimo en número de hectáreas cultivadas con transgénicos, según el Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Biotecnológicas en Agricultura (ISAAA).
En las últimas décadas, el avance de la frontera de la soja mantuvo un promedio de 125.000 hectáreas al año, siendo los principales departamentos productores Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú y Caaguazú.
Este avance del monocultivo derivó en la expulsión de familias del área rural, quienes se vieron obligados a la venta de sus propiedades o simplemente fueron desalojados.
En Paraguay, con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados, 77 por ciento de la tierra están en poder del uno por ciento de la población.
"El cultivo extensivo se encuentra en manos de la agricultura empresarial, de gente que tiene acceso a la tierra porque tiene recursos económicos. No se trata de pequeños productores", sostuvo González.
Para Herminio Medina, director ejecutivo de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el decreto presidencial contiene regulaciones de imposible cumplimiento, en tanto que la ley se ajusta a los estándares de las normativas vigentes en el resto de América del Sur.
"El decreto exagera la extensión del área en el cual no se puede usar agroquímicos, así como también las barreras que tienen que ser puestas", aseguró a IPS. Mientras los productores sostienen que en torno al tema existen posiciones que no condicen con la agricultura mecanizada que se desarrolla en el país, las organizaciones sociales hablan de un fuerte retroceso en la normativa aprobada por el Congreso legislativo.
"La tendencia a nivel mundial es a crear mejores condiciones de seguridad, pero con esta ley se da un paso atrás en precautelar la salud de las personas", sentenció González.
Las organizaciones campesinas y los gremios de grandes productores se hallan expectantes a la decisión del presidente Lugo, quien tiene en sus manos promulgar o vetar la referida ley.
"Ellos (los parlamentarios) dijeron no a la vida y sí a la muerte, por eso aprobaron esta ley. Y me siento mal al pensar en nuestros niños, porque tienen derecho a una vida sana", concluyó Villasboa, quien recordó que nadie fue a la cárcel por la muerte de Silvino.
