Decenas de miles de palestinos de Jerusalén oriental están en peligro inminente de quedarse sin casas tras las primeras órdenes de desalojo contra residentes del barrio de Silwan, denunció la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Al menos 60.000 palestinos, de los 225.000 que residen en Jerusalén oriental, podrían perder sus viviendas pues las autoridades emitieron órdenes de desalojo alegando que son ilegales, señaló OCHA en un informe divulgado el viernes.
Unos 90 edificios habitados por palestinos fueron destruidos en 2008, lo que dejó a unas 400 personas sin hogar.
Las demoliciones forman parte de una política sistemática de Israel para mantener su predominio en esta ciudad, pese a las muchas resoluciones de las Naciones Unidas que determinaron la ilegalidad de la construcción de asentamientos en Jerusalén oriental.
Hasta ahora, un tercio de Jerusalén oriental ha sido expropiado y 200.000 colonos se han instalado en el área.
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Desde una tienda de campaña, cuyas paredes están hechas de redes negras que cuelgan de un techo de lona con clavos y maderos, se organiza la defensa de unos 1.500 palestinos en peligro inminente de perder sus casas.
Fakhri Abu Diab vive desde hace 47 años en el barrio de Silwan, pero le dijeron que él y su familia debían abandonar la vivienda pues las autoridades pretenden extender un plan de arqueología bíblica.
Unas 88 viviendas tienen orden de demolición, según la municipalidad de Jerusalén, para ampliar la Ciudad de David, un parque que rinde honores al rey que conquistó esta ciudad hace tres milenios.
La bandera israelí que flamea en la fachada de un reluciente edificio de apartamentos sobre una colina desde la que se ve la tienda, revela las verdaderas intenciones de la municipalidad, remarcó Diab.
Las autoridades tampoco disimulan lo que han gastado en seguridad para proteger a los colonos israelíes que ocupan el edificio. En cambio, a la comunidad árabe, que está aquí desde mucho antes, le falta una escuela secundaria y servicios esenciales.
"Sabemos que la municipalidad quiere instalar colonos aquí", señaló Diab. "No quieren que estemos aquí, no quieren que haya palestinos".
Al igual que muchos de sus vecinos, Diab vive en una casa construida antes de la invasión israelí de Jerusalén oriental en 1967. "Vivimos aquí desde hace generaciones. No tengo otro lugar adonde ir".
Un breve paseo por la zona del histórico hotel American Colony permite ver que los residentes del barrio Jeque Jarrah se preparan para otra ola de demoliciones.
En 1972, dos organizaciones de colonos israelíes convencieron a las autoridades de que registraran a su nombre unos 28.000 metros cuadrados.
Activistas de Escocia y República Checa fuman y toman café en el salón de la casa de Maher Hanun, quien se niega desde hace tiempo a pagar la renta exigida por las organizaciones de colonos. Incluso el año pasado estuvo preso unos días por no respetar los términos de la orden de desalojo.
"Varias veces abogados de colonos israelíes nos han ofrecido dinero", relató Hanun. "Pero no se trata de eso. Esta es la casa donde nací y donde nacieron mis cinco hijos. Quieren construir 250 apartamentos para ellos después de que nos echen".
Hanun, quien lleva adelante una prolongada batalla legal, prometió seguir resistiendo. "No peleamos con armas", apuntó. "Luchamos con nuestros cuerpos y nuestras voces".
Otro caso emblemático es el de la familia Al-Kurd que vivía en una casa construida en el marco de un proyecto conjunto del gobierno jordano y de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).
La iniciativa se propuso realojar a unas 28 familias palestinas desplazadas por el conflicto de 1948, considerado por Israel una guerra de independencia y calificado de "nakbah" (catástrofe) por los palestinos.
En noviembre de 2008, soldados israelíes desalojaron por la fuerza a toda la familia. Ese mismo mes, Mohammad Al-Kurd, conocido como Abu Kamel, murió de un infarto atribuido a la impresión que le causó lo ocurrido.
En la década de los 90, la entonces secretaria de Estado (canciller) estadounidense, Madeleine Albright, logró detener la construcción de asentamientos israelíes en Ras Al-Amud, otra localidad de Jerusalén oriental.
Los trabajos prosiguieron en cuanto ella abandonó el cargo, pero activistas de derechos humanos lo recuerdan como un ejemplo de lo que se puede lograr en los contados casos en que el principal aliado de Israel lo somete a una intensa presión.
En cambio, la actual secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, emitió una suave reprimenda por la ampliación de asentamientos, que calificó de "poca ayuda".
Por su parte, la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), reconoció en un documento interno filtrado a la prensa a principios de este año, que las actividades de Israel en Jerusalén y sus alrededores "constituyen uno de los mayores desafíos" a superar para lograr un acuerdo de paz con los palestinos.
Es la segunda vez que la Comisión Europea reconoce el problema en los últimos años, indicó Jeff Halper, del Comité Israelí contra la Demolición de Viviendas. Pero nunca se han tomado medidas al respecto.
Sin embargo, Halper se mostró confiado de que con el gobierno estadounidense de Barack Obama y la repugnancia que causó el último ataque de Israel al territorio palestino de Gaza, del 27 de diciembre al 19 de enero, Washington y la UE se sientan obligados a reclamar a Israel un verdadero cambio de conducta.
"La gente comienza a denunciar la situación como nunca antes", señaló. Pero "es muy pronto para decir si los últimos acontecimientos marcan el principio de una nueva era o es sólo un fenómeno pasajero".
