El gobierno de Barack Obama considera crear un tribunal de seguridad nacional para casos en los que hay bastante información de inteligencia para mantener a un extranjero sospechoso de terrorismo en detención preventiva, pero no suficiente como para llevarlo ante una corte federal o incluso a las comisiones militares creadas por George W. Bush (2001-2009).
Activistas por los derechos humanos y expertos legales confirmaron que la nueva institución es una de las opciones manejadas por el equipo especial del Departamento de Justicia que Obama creó para encontrar la mejor forma de juzgar a los detenidos en la prisión de la base militar de Guantánamo, que prometió clausurar para enero de 2010.
La idea de conformar un tribunal especial atrajo críticas de diferentes sectores, incluso conservadores, porque significa que algunos sospechosos de terrorismo permanecerán en forma indefinida en territorio estadounidense.
El conservador Bruce Fein, quien trabajó en el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Ronald Reagan (1981-1989) señaló que los temas en torno a la detención y juicio de los supuestos terroristas es "el más importante que haya afrontado la República desde la Guerra Civil sobre el significado de los Estados Unidos". "¡No deben significar un imperio!", afirmó.
Fein cree que los detenidos deben ser juzgados en tribunales federales.
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"Poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Michael Chertoff, entonces jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, testificó ante el Comité Judicial del Senado diciendo que las cortes federales se desempeñaron en forma brillante en los procesos de casos de terrorismo asistidos por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés) de 1980".
La CIPA permite juicios sin revelar secretos de seguridad nacional cuando un resumen de la evidencia incriminatoria es suficiente para que el acusado pueda hacer una defensa justa.
Fein dijo que Chertoff le aseguró al Comité que los juicios en tribunales regulares fueron un éxito, y que los magistrados "han hecho un trabajo excelente al administrar la corte sin comprometer nuestras preocupaciones sobre seguridad y sobre información clasificada".
Por su parte, el analista Francis Boyle, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Illinois, dijo a IPS: "El propósito de crear un Tribunal Especial Nacional aquí en Estados Unidos constituiría una abominación constitucional".
"Simplemente importaría las cortes canguro de Guantánamo a Estados Unidos", indicó.
Una opinión similar expresó Chip Pitts, presidente de la Junta de Directores del Comité de la Carta de Derechos y Defensa.
"El problema básico con unos tribunales de seguridad nacional es similar al de las comisiones militares u otros sistemas de segunda que no ofrecen una completa gama de derechos humanos básicos y libertades civiles" a los acusados, dijo a IPS.
"Crean una categoría de personas (sospechosos de terrorismo) sin acceso a derechos constitucionales y humanos básicos, y carecen de una genuina percepción de inocencia con las asociadas oportunidades para defenderse en forma justa", añadió.
"El imperio de la ley ha mostrado ser una buena idea, junto con sus nociones asociadas de derechos humanos y libertades civiles", ironizó.
En tanto, Joathan Hafetz, abogado de la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses, cree que la creación de un tribunal especial sería "un terrible error".
Esas cortes "institucionalizarían muchas de las peores políticas de Bush, perpetuando la detención indefinida y los juicios a sospechoso de terrorismo fuera de los tribunales penales federales establecidos".
"La propuesta de un tribunal especial está llena de fallas constitucionales, como la dependencia de evidencia secreta, la eliminación de salvaguardas constitucionales clave como el derecho a afrontar a los acusadores y la ausencia de protecciones contra el uso de evidencia obtenida por coerción", añadió.
"Si bien pueden ser promocionados como una reforma, los tribunales de seguridad son parte de una agenda para continuar con el sistema fallado de Guantánamo, y no para ponerle fin", sostuvo.
Mientras, Brian J. Foley, profesor asociado de la Escuela de Leyes de la Universidad de Boston, sostuvo que la política de detenciones en Estados Unidos debe ser "repensada".
"El actual sistema de Guantánamo tiene reglas que son demasiado suaves y permiten procesos a sospechosos de terrorismo basados en evidencia no confiable. Interrogar a estas personas con métodos duros lleva a confesiones falsas", indicó.
