Un equipo de la Asociación Psicológica Estadounidense que asesoró a militares sobre interrogatorios a prisioneros «se apresuró a sacar conclusiones que violaban las Convenciones de Ginebra», denunció Médicos para los Derechos Humanos.
Entre los integrantes de ese grupo había muchos funcionarios del Departamento de Defensa y del gobierno de George W. Bush (2001-2009), agregó.
Documentos internos de la Asociación recientemente difundidos señalan que en 2005 su grupo de trabajo sobre ética en los interrogatorios se adaptó a las pautas del Pentágono.
Así lo señaló Médicos para los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), que exigió una investigación independiente y otra del inspector general del Departamento de Defensa para constatar si algún empleado federal ejerció influencia sobre los psicólogos.
El grupo de psicólogos "produjo un informe que fue apresurado, secreto y estuvo guiado hacia conclusiones (
) que violaban las Convenciones de Ginebra", dijo a IPS el director de la Campaña de PHR Contra la Tortura, Nathaniel Raymond.
[related_articles]
"La Asociación supeditó la ética a la ley al seguir pautas establecidas por el Pentágono", señaló, agregando que los miembros el grupo de trabajo tienen "vínculos históricos" con esa cartera, y que entre ellos había muchos funcionarios del gobierno de George W. Bush (2001-2009).
"La Asociación tiene que explicar cómo sucedió eso. Y el inspector general del Pentágono tiene que investigar cómo se permitió que esto pasara", agregó Raymond.
Estas acusaciones llegan luego de que se publicaran varios mensajes de correo electrónico del grupo de trabajo en el sitio de Internet Salon.com y en ProPublica, una organización sin fines de lucro que promueve el periodismo de investigación.
PHR dijo que los mensajes indican que el grupo de tareas desarrolló su política ética para ajustarse a las pautas del Pentágono.
"Estas serias acusaciones requieren una investigación independiente para determinar si la dirigencia de la Asociación se comprometió en una conducta antiética", dijo Steven Reisner, consejero de ética psicológica en PHR.
"El público estadounidense se merece saber si hubo contactos inadecuados o conflictos de intereses entre funcionarios de la Asociación y el Pentágono", añadió.
El grupo de trabajo consideró que esto era "consistente con el Código de Ética de la Asociación" para que los interrogadores realizaran consultas a los psicólogos a favor del interés de la seguridad nacional.
Aunque observa que los psicólogos no participan en las torturas y tienen la responsabilidad de reportarlas, y deberían estar comprometidos con el código de ética de la Asociación cada vez que enfrenten "conflictos entre la ética y la ley", el grupo de tareas decidió que "si el conflicto no puede resolverse, los psicólogos pueden adherir a los requisitos de la ley".
PHR es desde hace tiempo un crítico manifiesto de la política del Grupo Presidencial de Trabajo sobre Ética Psicológica y Seguridad Nacional de la Asociación, que rige la participación de terapeutas en los interrogatorios, exigiendo una prohibición contra la participación de profesionales de la salud en los interrogatorios.
Aunque los miembros de la Asociación Psicológica Estadounidense en 2008 aprobaron un referendo que prohíbe a los psicólogos el ingreso a instalaciones que violan el derecho estadounidense e internacional sobre derechos humanos, PHR cree que la política del Grupo Presidencial de Trabajo debe revocarse inmediatamente.
Reisner dijo que era tiempo de "poner las obligaciones éticas de un psicólogo para con los principios de derechos humanos por delante de las órdenes a seguir".
El recientemente desclasificado informe del Comité de Servicios Armados del Senado que detalló los abusos a detenidos por parte del Departamento de Defensa confirma que los psicólogos racionalizaron, diseñaron, supervisaron e implementaron el programa de torturas del gobierno de Bush.
Ese informe "confirma que los psicólogos fueron fundamentales para el uso que el gobierno de Bush hizo de la tortura", dijo Raymond.
"En el contexto de estas revelaciones, el público estadounidense necesita saber por qué una política ética presuntamente independiente fue escrita por parte del propio personal presuntamente implicado en el abuso a detenidos", dijo.
Stephen Soldz, miembro de la directiva y portavoz de otra organización, Psicólogos por la Responsabilidad Social, declaró: "Estos correos electrónicos muestran que varios de los mismos psicólogos militares que formularon la política ética de la Asociación estaban recibiendo tarjeta para salir de la cárcel", en alusión al juego conocido como "Monopolio".
Denunció que su informe concluyó que era ético seguir las políticas militares mientras los memorandos de la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC) del Departamento de Justicia que permitían las torturas todavía estaban en vigor.
Los memorandos preparados por abogados de esa Oficina brindaron la base para la afirmación del gobierno de Bush de que las "técnicas de interrogatorios potenciados" eran legales.
PHR ha exigido reiteradamente poner fin al uso de las tácticas del programa "Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape" (SERE, por sus siglas en inglés) por parte del personal estadounidense. Y también el desmantelamiento de los Equipos de Consulta sobre Ciencias del Comportamiento (BSCT) y una plena investigación parlamentaria del uso de la tortura psicológica por parte del gobierno estadounidense.
El SERE fue desarrollado para entrenar a soldados estadounidenses para hacer frente a las torturas si eran capturados por el enemigo. Ya en 2002, sus autores advirtieron a los funcionarios que revertir las técnicas del programa para usarlas contra detenidos podría ser inefectivo y peligroso, reveló un reciente informe del Comité de Servicios Armados del Senado.
El informe también observó que los mismos psicólogos que ayudaron a desarrollar el programa del SERE fueron cómplices en las mismas políticas y prácticas de interrogatorios contra las que habían emitido advertencias.
"Los vínculos de la Asociación Psicológica Estadounidense con el Pentágono son históricos y se remontan a por lo menos la Guerra Fría", dijo a IPS Jeffrey Kaye, psicólogo que reside en la occidental ciudad de San Francisco y que ha escrito mucho sobre el rol jugado por profesionales médicos en el trato a prisioneros.
Esa historia de colaboración entre psicólogos y militares incluye a varios ex presidentes de la Asociación, agregó.
Según el informe del Senado, en 2002 un psiquiatra y un psicólogo que trabajaban en la prisión estadounidense de la cubana bahía de Guantánamo prepararon una lista de duras técnicas de interrogatorios que terminaron influyendo en las políticas de interrogatorios no sólo allí, sino también en Afganistán e Iraq.
La directiva de la Asociación, cuyos miembros son empleados en grandes cantidades por el Departamento de Defensa, rápidamente adoptó el informe del grupo de trabajo como política oficial de la organización.
Pero el año pasado, la Asociación aprobó una propuesta de sus miembros para prohibir que los psicólogos trabajen en centros de detención donde se viole el derecho internacional o la Constitución de Estados Unidos.
Algunos psicólogos han presentado demandas ante la Asociación y las juntas médicas estaduales contra colegas presuntamente involucrados en interrogatorios abusivos.
