Cientos de miles de personas son identificadas en forma equivocada en Estados Unidos por la ineficiente administración de la lista oficial de vigilancia de terroristas, denunció la Unión para las Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU).
La organización citó un reciente informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Justicia, según el cual parte de la lista administrada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) contendría un índice de error de 35 por ciento.
La auditoría también reveló que gran parte de la lista no era sometida a ningún proceso formal para adaptar o eliminar registros.
ACLU señaló que la auditoría "confirma que el sistema de la lista de vigilancia está fallida".
La auditoría confirmó estimaciones de que la nómina contiene 1,1 millones de nombres hasta diciembre de 2008. Los auditores de la OIG revisaron 68.669 de esas identidades y encontraron que 24.000 estaban desactualizados.
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El fiscal general Eric Holder, cuyo Departamento de Justicia supervisa al FBI, dijo a un subcomité del Senado este jueves que aún no había leído el informe de la OIG, pero que se le había informado que todas las preocupaciones y problemas incluidos denunciados él habían sido ya atendidos.
"Soy un poco escéptico sobre las afirmaciones de que el FBI ya trató todas las preocupaciones y los problemas señalados en la auditoría", dijo a IPS Chris Calabrede, de ACLU.
"¿Están diciendo que el FBI ha revisado 24.000 registros para determinar cuántos tienen que ser eliminados de la lista? ¿El FBI ha realizado el proceso de revisar los registros para eliminar a personas de la lista en 10 días? La auditoría informó que el promedio de tiempo para hacer eso es 60 días. Esto es apenas la punta del iceberg", indicó.
El informe de OIG documenta una propagada falla para eliminar nombres de las listas luego de que los casos fueran cerrados.
Por ejemplo, un individuo permaneció en la lista por casi cinco años después de que su caso fuera resuelto. Dos personas murieron, pero sus nombres siguen allí. El FBI clasificó a una persona como terrorista internacional incluso luego de que fuera absuelta en una investigación realizada por la misma oficina.
Además, el FBI incluyó más de 50.000 identidades sin explicar las razones, lo que hacía imposible luego eliminarlas. La OIG señaló que los controles eran "débiles o inexistentes".
La lista ha existido desde 2003, bajo las órdenes del entonces presidente George W. Bush (2001-2009), quien además requirió a todas las agencias y servicios de inteligencia que compartiera la información. La nómina es conocida como Base de Datos sobre Antecedentes de Terrorismo.
A su vez, el Centro de Investigación de Antecedentes Terroristas comenzó sus operaciones en 2003, administrado por el FBI.
"El informe de la OIG revela la comedia de errores que es la lista de vigilancia", dijo Calabrese. "Pero no necesitábamos conocer este informe para saber que hay un problema con la efectividad de cualquier nómina terrorista que incluye más de un millón de nombres".
La directora de la Oficina Legislativa en Washington de ACLU, Caroline Fredrickson, señaló: "Miembros de Congreso, monjas, héroes de guerra y otros personajes sospechosos han quedado atrapados en las garras de esta lista kafkiana, con poca esperanza de escapar".
"El Congreso debe arreglarlo. El Centro de Investigación de Antecedentes Terrorista tiene que arreglarlo, o el próximo presidente, pero tiene que ser pronto", afirmó.
La ACLU recomendó una serie de controles sobre la nómina. Estos incluyen el debido proceso, el derecho a acceder e impugnar la información sobre la cual se realiza, hacer más estrictos los criterios sobre los que se añaden identidades y realizar procedimientos rigurosos para adaptar y eliminar los nombres.
El grupo también llamó al presidente Barack Obama a aprobar una orden ejecutiva requiriendo que las listas sean revisadas o limitadas sólo a aquellos sobre los cuales hay evidencia creíble de vínculos terroristas. La revisión debería ser concluida en tres meses.
