A comienzos de marzo, Amina Ayanna Yusuf sujetó a su hijo de dos años a su espalda y, con sus escasos ahorros, abandonó Afmadow, su pueblo natal en el sur de Somalia, cerca de la frontera con Kenia.
Huyendo de los ataques insurgentes, caminó durante tres días con dos compañeros hacia un cruce de frontera, donde la policía keniata los dejaría pasar a condición de que cada uno desembolsara el equivalente a 50 dólares.
Yusuf, quien luego llegó hasta Nairobi, habló con IPS en el exterior de las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a donde se había dirigido para registrarse junto a su hijo como asilados.
"Yo les di el dinero a los policías y ellos me permitieron ingresar. Una de las otras dos personas con las que viajaba no tenía la suma completa, así que la policía lo detuvo. El otro no tenía nada y fue devuelto por la fuerza a Somalia", relató.
"Le suplicamos a la policía que no lo llevara de regreso a un lugar de guerra, y se negaron a escuchar. Nos dijeron que nos calláramos o también seríamos deportados", agregó.
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Los comentarios de Yusuf coinciden con las conclusiones de un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) que acusa a la fuerza policial keniata de maltratar a somalíes que solicitan asilo.
El documento, titulado "Del horror a la desesperanza: La crisis olvidada de los refugiados somalíes en Kenia", denuncia las extorsiones, detenciones y violencia que sufren miles de somalíes que intentan cruzar la frontera.
"La policía keniata detiene a los recién llegados, pide sobornos —a veces usando amenazas y violencia, incluida la sexual— y deporta a Somalia a quienes no pueden pagar. Ésta es una violación de las obligaciones fundamentales bajo la ley internacional y keniata sobre los refugiados", señala el informe.
"Las personas que escapan de la violencia en Somalia necesitan protección y ayuda, pero en cambio enfrentan más peligros, abusos y privaciones. Lo que la policía está haciendo envía un claro mensaje de que los refugiados somalíes no son queridos en Kenia", dijo a los periodistas Gerry Simpson, investigador de HRW, en la presentación del trabajo el lunes en esta ciudad.
Los abusos policiales se intensificaron desde el cierre de la frontera de 1.200 kilómetros entre los dos países en 2007, señaló HRW.
Las autoridades keniatas tomaron esa medida días después de que las fuerzas etíopes intervinieron para derrocar a un movimiento islamista que tomó control de la mayor parte del sur de Somalia.
Kenia justificó el cierre como una medida de seguridad para impedir el ingreso de islamistas a su territorio.
Ahora HRW quiere que la policía keniata sea investigada por acusaciones de corrupción, detenciones y deportaciones arbitrarias y abusos contra un aluvión de solicitantes de asilo que escapaban de los enfrentamientos entre el gobierno somalí y la milicia insurgente Al-Shabaab.
Pero la policía desestimó las imputaciones de HRW, calificándolas de falsas. "Si allí afuera hay cualquier denuncia de policías maltratando gente, dejen que nos las traigan. No hemos recibido ninguna queja. ¿Cómo podemos reaccionar a rumores?", dijo a IPS el portavoz policial Charles Owino.
El cierre de la frontera no impidió que el ingreso masivo de refugiados a Kenia. HRW sostiene que miles de somalíes usan redes de contrabando, trabajando codo a codo con oficiales de policía que practican extorsiones.
Luego de que Kenia bloqueara la frontera, Acnur cerró su centro de tránsito de refugiados en Liboi, localidad cercana a Somalia.
Los tres campamentos de refugiados en Dadaab, en el norte de Kenia, presenciaron una oleada de nuevas llegadas. Los campamentos de Hagadera, Ifo y Dagahaley, que tienen una capacidad para 90.000 personas, ahora alojan a 260.000, según Emmanuel Nyabera, portavoz de Acnur.
La agencia estima que el campamento podría tener hasta 360.000 refugiados para fines de este año.
Nuevos refugiados comparten hacinadas tiendas de campaña con sus parientes o con extraños. Algunos instalaron refugios improvisados bajo los árboles.
Hay temores de que se produzca una crisis humanitaria si la tendencia continúa. "Si continuamos recibiendo a más y más gente, no podremos mantener los estándares" de atención, dijo Nyabera a IPS. Además de la escasez de refugios, hay problemas con el saneamiento.
Un informe de Oxfam Internacional difundido el 26 de marzo señaló que el cólera ya está presente y que existe un riesgo real de que se produzca un brote serio en Dadaab. "El aumento histórico del hacinamiento, el mal saneamiento y las (deficientes) instalaciones de eliminación de desechos, así como la falta de inversiones en promoción de higiene están exacerbando el riesgo", destacó.
Ahora HRW exige al gobierno keniata que provea tierra para construir un nuevo campamento, con el fin de alojar a 100.000 personas más, sumando así su voz a las de Acnur, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), que en noviembre ya habían pedido a Nairobi ayuda para aliviar la congestión.
Un alto funcionario del Ministerio de Tierras dijo a IPS que el asunto era objeto de debate entre el gobierno y las comunidades locales. Éstas no se mostraban entusiastas ante la idea y denunciaban conflictos con los refugiados por los recursos.
Ambos grupos crían ganado y a menudo se han enfrentado por las tierras de pastoreo. Además, los habitantes del lugar acusan a los refugiados de dañar el ambiente talando árboles para hacer leña. Las perspectivas de que pronto se llegue a un acuerdo sobre la tierra son muy escasas.
Mientras, más refugiados como Yusuf continúan huyendo de un conflicto que dejó a aproximadamente un millón de personas sin hogar y a buena parte de Mogadiscio desierta, según HRW.
Una vez que le concedan el estatus, Yusuf deberá trasladarse a Dadaab, ya que la legislación keniata exige que los refugiados residan en campamentos. En el de Kakuma viven en su mayoría sudaneses, y en el de Dadaab somalíes.
