Organizaciones de derechos humanos y expertos legales aplaudieron la iniciativa española de procesar a seis ex funcionarios de la administración de George W. Bush (2001-2009) por torturas a detenidos en la base militar de Guantánamo.
Fiscales españoles podrían decidir esta semana si llevan adelante el caso, instruido por el juez Baltasar Garzón, famoso entre otras cosas por haber ordenado en 1998 el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet (1915-2006).
Garzón solicitó a los fiscales el estudio de una demanda presentada por organizaciones de derechos humanos españolas, lideradas por la Asociación para la Dignidad de los Presos.
Si los fiscales deciden no actuar, la Asociación podría llevar el caso directamente a un tribunal, como ocurrió con Pinochet.
Funcionarios dijeron que es "altamente probable" que el caso siga adelante y que pueda llevar a pedidos de arresto.
[related_articles]
Los funcionarios estadounidenses involucrados en la investigación son Alberto Gonzales, ex fiscal general, John Yoo, ex abogado del Departamento de Justicia y quien redactó consejos legales secretos señalando que Bush tenía autoridad para eludir las Convenciones de Ginebra, y Douglas Feith, ex subsecretario del Departamento de Defensa.
También están William Haynes II, ex consejero general del Departamento de Defensa, Jay Bybee, ex jefe de Yoo en la Oficina de Consejo Legal del Departamento de Justicia y ahora juez federal, y David Addington, jefe de gabinete y asesor legal del ex vicepresidente Dick Cheney.
La investigación probablemente se concentrará en saber si esos funcionarios violaron el derecho internacional proveyendo una justificación legal a la tortura.
Los seis son acusados de "haber participado activamente y decisivamente en la creación, aprobación y ejecución de un marco judicial que permitió la privación de derechos fundamentales a un gran número de prisioneros, la implementación de nuevas técnicas de interrogatorio incluyendo la tortura, la cobertura legal para el trato de esos prisioneros, la protección jurídica de las personas que participaron en torturas ilegales (sic) y, sobre todo, la creación de impunidad para todos los funcionarios de gobierno, personal militar, médicos y otros que participaron en el centro de detención de Guantánamo".
Los seis tuvieron una participación bien documentada en la aprobación de técnicas ilegales de interrogatorio, redefiniendo la tortura y abandonando el concepto establecido en 1984 por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dijo Gonzalo Boye, un portavoz de la Asociación para la Dignidad de los Presos.
Las opiniones de Michael Ratner, presidente del estadounidense Centro para Derechos Constitucionales, quien ha jugado un importante papel en movilizar a abogados para defender a los detenidos de Guantánamo, probablemente representan el consenso entre los defensores de los derechos humanos.
"La importancia de esta investigación no puede ser subestimada. Contrariamente a las declaraciones de algunos, las investigaciones españolas no son simbólicas. Sólo preguntémosle a Augusto Pinochet, quien estuvo en arresto domiciliario en Gran Bretaña y que finalmente afrontó cargos penales en Chile por la presión de los tribunales españoles", sostuvo.
"Si se emiten órdenes de arresto, 24 países de Europa están obligados a cumplirlas. El mundo se hace cada vez más pequeño para los conspiradores de torturas", agregó.
"Espero que España siga adelante con una completa y justa investigación", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor visitante asociado de Derecho en la Universidad de Boston.
"Hay graves acusaciones, y se necesita un foro para publicitarlas. Los funcionarios estadounidenses parecen poco dispuestos a atender los crímenes, lo cual es lamentable y socava aun más cualquier autoridad moral remanente de Estados Unidos. Espero que las investigaciones españolas sean abiertas y transparentes, mostrando la verdad para todo el mundo, incluyendo, quizás especialmente, los ciudadanos estadounidenses. Necesitamos afrontar lo que se ha hecho en nuestro nombre", agregó.
Por su parte, Marjorie Cohn, presidenta del Gremio Nacional de Abogados, dijo a IPS: "La única razón por la que España considera juzgar a estadounidenses por tortura es porque Estados Unidos se niega a hacerlo. Eric Holder (el actual fiscal general) debe cumplir la ley e iniciar investigaciones penales de los funcionarios de Bush, que cometieron tortura y otros crímenes de guerra".
"Las consideraciones políticas no deben controlar nuestras obligaciones bajo la Convención contra la Tortura para juzgar o extraditar crímenes de guerra", subrayó Cohn.
La cárcel en la base militar de Guantánamo, Cuba, fue creada para recluir a "sospechosos de terrorismo", después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y a los detenidos en las guerras en Afganistán e Iraq.
Una de las primeras órdenes firmadas por el nuevo mandatario estadounidense, Barack Obama, fue cerrar esa prisión en el plazo de un año.
