La Segunda Guerra Mundial sigue dejando muertos en las zonas desérticas de la costa egipcia donde los aliados derrotaron a la fuerza militar alemana de África, comandada por Erwin Rommel, 65 años después de firmada la paz.
Los beduinos que realizan actividades de subsistencia como plantar, arrear ganado o recoger pequeños trozos de metal en esta zona del noroeste de Egipto mueren o quedan mutilados por las minas antipersonal y las municiones escondidas en la arena.
Más de 670 personas perdieron la vida y unas 7.500 quedaron heridas en los últimos 20 años en esta zona poco desarrollada, según el Centro de Lucha contra las Minas Antipersonal, con sede en El Cairo, que lleva registros de las víctimas.
"Hay decenas de damnificados todos los años, la mayoría de ellos no registrados", indicó el director del Centro, Sami Abada.
Los ejércitos aliados y los del Eje se enfrentaron varias veces en el norte de Egipto durante el verano boreal de 1942 y dejaron grandes cantidades de minas y de municiones sin explotar.
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Alrededor de 16,7 millones de explosivos contaminan el valle costero que se extiende desde Alejandría hasta la frontera con Libia, ponen en riesgo a los beduinos de la zona y suponen un obstáculo para su desarrollo económico.
Al no lograr que los países responsables de la situación se hicieran cargo de la eliminación de los explosivos, Egipto los invitó a respaldar el proyecto de 10.500 millones de dólares, con respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se propone impulsar la zona que fue escenario de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
El proyecto Costa Noroccidental y Desierto Interior se propone limpiar la zona de minas antipersonal y de municiones sin explotar para realizar actividades mineras, agrícolas y criar ganado. Se espera que el desarrollo económico cree 400.000 puestos de trabajo a fin de atraer a más de 1,5 millón de personas del superpoblado valle del río Nilo en 2022.
En 2006, el gobierno egipcio y el PNUD iniciaron un programa conjunto a fin de financiar e implementar el megaproyecto y lo dividieron en distintas etapas a fin de hacerlo más atractivo para los donantes extranjeros.
La primera fase fue un proyecto piloto para crear una unidad administrativa, conseguir equipos y eliminar las minas de 13.000 hectáreas. El gobierno y el PNUD se hicieron cargo de 27 por ciento del presupuesto total de 3,2 millones de dólares y los donantes del resto.
La erradicación de minas antipersonal comenzó en febrero en dos áreas consideradas prioritarias para el desarrollo: una de 1.300 hectáreas cercana a esta ciudad, pensada como zona de residencia, y una franja de 11.800 hectáreas que bordea un importante canal de irrigación.
"El ejército trabaja en la segunda área tras haber limpiado la primera", indicó el director del secretariado ejecutivo del proyecto Fathy El-Shazly.
La iniciativa todavía trata de determinar la dimensión de la zona minada y la cantidad real de explosivos plantados. La estimación oficial, de 16,7 millones de minas antipersonal y de municiones sin explotar desparramadas en 240.000 hectáreas, procede de la extrapolación de las tareas realizadas por el ejército egipcio en los años 80 y 90.
Las cifras son polémicas porque no toman en cuenta el trabajo de desminado realizado por el sector privado ni se condicen con la distribución geográfica de los accidentes.
"Sabemos que muchas hectáreas fueron desminadas por empresas privadas, el Centro de Investigación del Desierto y otras organizaciones", dijo a IPS El Shazly. "Pero la contaminación se extiende por un área mayor a la sospechada por el ejército. En algunas zonas como Ras Hekma y Siwa no figuran minas en el mapa, pero hay accidentes".
El equipo de El Shazly trata de crear un mapa preciso de las zonas contaminadas basándose sobre datos extraídos de planos de la época de la guerra brindados por los gobiernos extranjeros, de denuncias de accidentes y de prospecciones realizadas por las compañías petroleras.
"Estamos reuniendo todas las actividades realizadas por actores individuales para crear una base de datos nacional que nos permita precisar la cantidad exacta de minas y su ubicación", explicó.
El equipo de trabajo también realiza encuestas y revisa casos de víctimas a fin de crear una base de datos con la cantidad de damnificados y la ocurrencia de accidentes. Fueron identificados 647 sobrevivientes de minas antipersonal, incluidas 206 personas que sufrieron amputaciones.
El jefe de asesoramiento técnico del PNUD, Ulrich Tietze, sospecha que la mitad de los accidentes no son denunciados. Los beduinos de la zona tienen una enraizada desconfianza en el gobierno y en la policía y es posible que no encuentren ningún interés en denunciar la situación. También es probable que teman ser acusados.
"Muchas de las áreas donde los beduinos llevan sus animales a pastar son del ejército y fueron declaradas zonas prohibidas", señaló. "Las víctimas creen que hicieron algo ilegal y piensan que es mejor no ir a la policía".
Las dificultades económicas llevan a muchos beduinos a recoger trozos de metal, pese al peligro obvio que conlleva.
"Sesenta años después ya fueron levantados todos los restos de metal inofensivos de la superficie", indicó Tietze. "Los que quedan son los más peligrosos".
Los esfuerzos deben tender a mejorar las instalaciones médicas en zonas de alto riesgo y garantizar el bienestar de las víctimas y de sus familiares, alegó Abada, quien acusó al gobierno de desatenderlos porque suelen ser pobres y marginados que viven lejos de los políticos de El Cairo. "En 10 años de campaña no se hizo casi nada".
La mayoría de los accidentes ocurren en zonas alejadas. Las clínicas locales sólo realizan cirugías básicas. Los hospitales equipados están a cientos de kilómetros. El factor tiempo es fundamental, subrayó Abada.
"Si la víctima ingresa al hospital una hora después del accidente puede perder el pie. Pero si va cinco o hasta 10 horas después, probablemente pierda la toda la pierna", explicó.
Las víctimas de las minas antipersonal no reciben casi ninguna asistencia del Estado. Las indemnizaciones son insignificantes, si es que existen. No reciben atención psicológica ni hay programas de rehabilitación. Además, la persona amputada debe pagar su propia prótesis.
"No creas lo que dicen los diarios de que el gobierno ayuda a las víctimas. Es pura propaganda", alegó Abada.
El PNUD trata de aumentar las propuestas de rehabilitación y de ayuda a los sobrevivientes en comunidades beduinas. No ha recibido muchas respuestas, pero según Tietze, los organismos estatales de los países que se enfrentaron en este territorio egipcio durante la Segunda Guerra Mundial expresan un cauteloso interés en participar.
"Está el asunto de la indemnización, siempre negada por quienes pusieron las minas porque sostienen que no tienen ninguna obligación legal", indicó. "Pero todo el mundo sabe que existe una obligación moral, así que quizá podamos beneficiarnos de ese sentimiento de culpa".
