Médicos asistieron a agentes de la CIA en duros interrogatorios a prisioneros por la «guerra contra el terrorismo» en la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, Cuba, y en cárceles secretas en otros países, según un informe reservado de la Cruz Roja.
El documento, conocido este martes, Día Mundial de la Salud, también revela que los jueces ignoraron los problemas de salud mental de los testigos del gobierno en juicios contra supuestos "terroristas".
En este informe de 40 páginas, el Comité Internacional de la Cruz Roja concluyó que profesionales médicos que trabajaban para la CIA (Agencia Central de Inteligencia) estuvieron activamente involucrados en interrogatorios abusivos.
El informe llegó a manos de Mark Danner, periodista que ha realizado profundas investigaciones sobre la tortura, quien lo publicó en The New York Review of Books.
El texto califica la participación de profesionales de lka salud en esos interrogatorios de "flagrante violación de la ética médica".
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En los interrogatorios se practicaban métodos como el "waterboarding", similar al "submarino", muy utilizado por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, que consiste en una simulación de ahogamiento.
Por otra parte, en un dictamen que pasó desapercibido la semana pasada, el juez Emmet Sullivan concluyó que el Departamento de Justicia (fiscalía general) ocultó los antecedentes de enfermedad psiquiátrica de un testigo del gobierno usado en una cantidad "significativa" de acusaciones contra prisioneros en Guantánamo.
Sullivan indicó que el testigo, quien a su vez también estaba detenido, asistía a tratamiento psiquiátrico todas las semanas por una enfermedad seria.
El gobierno pretendía, con información aportada por este testigo, mantener detenido a Aymen Saeed Batarfi, médico yemenita prisionero desde 2001 en Guantánamo…
El juez criticó al gobierno por no presentar los antecedentes médicos de los testigos, y advirtió que las declaraciones de éste en particular podrían dar motivo a apelaciones en otros casos.
También ordenó a los abogados del Departamento de Justicia explicar por qué no debería citarlos por desacato al tribunal.
La seman pasada, Batarfi se convirtió en el segundo prisionero en quedar libre mediante los nuevos procedimientos de evaluación implementados por el presidente Barack Obama.
El acuerdo sellado con los abogados del gobierno le permitirá a Batarfi reanudar su demanda si no es entregado a un país que le resulte aceptable en un plazo de 30 días. El acuerdo todavía tiene que ser evaluado por un juez.
La Cruz Roja —única agencia internacional al que los estados están obligados a franquear el acceso a todos los detenidos— concluyó a fines de 2006 que profesionales médicos que trabajaban para la CIA controlaban a los prisioneros sometidos al "waterboarding", aparentemente para asegurarse de que no se ahogaran.
También hubo trabajadores médicos presentes cuando guardias confinaron a prisioneros en cajas pequeñas, con sus brazos encadenados al techo, en celdas heladas y arrojándolos reiteradamente contra las paredes, señala el informe.
El reporte de la Cruz Roja se basa sobre declaraciones de 14 prisioneros que supuestamente pertenecían a la red extremista Al Qaeda trasladados a Guantánamo a fines de 2006.
El estudio advierte que, aunque su labor hubiera sido impedir la muerte o daños permanentes a los prisioneros, las prácticas de estos profesionales constituyó una violación de la ética médica.
Su rol fue, fundamentalmente, apoyar a los interrogadores, no proteger a los prisioneros, además de que "participaron en los maltratos", agrega.
"Los profesionales de la salud violaron las responsabilidades éticas al participar en la tortura y el abuso de detenidos de Estados Unidos", dijo a IPS Frank Donaghue, presidente de la organización de médicos Physicians for Human Rights (PHR).
"Durante mucho tiempo PHR reclamó una plena investigación" al respecto, agregó.
"Es hora de que la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Psicológica Estadounidense y otras (organizaciones profesionales) reclamen la formación de una comisión no partidaria para investigar estos delitos", enfatizó Donaghue.
Estas instituciones "deben sancionar a cualquiera de sus miembros que haya violado su ética profesional", agregó.
"El gobierno de (George W.) Bush (2001-2009) convirtió a la medicina en un arma, al usar a profesionales de la salud para destrozar cuerpos y mentes de los detenidos", declaró John Bradshaw, director de la filial de PHR en Washington.
"El Congreso (legislativo) debe actuar para restablecer la ética médica, autorizando finalmente a una comisión no partidaria que investigue estos delitos", agregó.
"PHR observa la ironía de que este informe secreto durante tanto tiempo, que deja al descubierto una crisis ética en las profesiones curativas, haya salido a la luz en el Día Mundial de la Salud, el 7 de abril", dijo a IPS Jonathan Hutson, portavoz de la organización.
El médico Steven H. Miles, del Centro para la Bioética de la Universidad de Minnesota, dijo que en las últimas décadas la tortura casi siempre había involucrado a médicos, y que para disuadir futuras conductas inapropiadas el rol de estos profesionales en el programa de la CIA debería ser plena y públicamente conocido.
Las organizaciones profesionales condenaron la participación de sus miembros en interrogatorios de detenidos.
El informe de la Cruz Roja señala que, por momentos, según los relatos de los detenidos, los trabajadores médicos "daban instrucciones a los interrogadores para que continuaran, ajustaran o interrumpieran métodos particulares".
El texto no señala si el personal médico en sitios de la CIA eran médicos, psicólogos, asistentes médicos o paramédicos militares.
Khalid Shaikh Mohammed, autoproclamado principal planificador de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, dijo a los investigadores que cuando lo sometieron al submarino su pulso y su nivel de oxígeno eran controlados, y que un asistente médico interrumpió el procedimiento en varias ocasiones.
Otro prisionero, Walid bin Attash, a quien previamente le habían amputado una pierna, dijo que cuando lo obligaron a estar parado durante días, con sus brazos encadenados sobre su cabeza, un trabajador de la salud medía periódicamente la hinchazón en su pierna intacta y terminó ordenando que le permitieran sentarse.
Poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos, en enero, Barack Obama ordenó el cierre de la prisión de Guantánamo y de los sitios de detenciones secretas de la CIA.
También ordenó que la Cruz Roja fuera informada rápidamente de cada persona detenida por esa agencia de inteligencia o cualquier otra.
En cuanto al caso de Batarfi, el psicólogo Jeffrey Kaye, radicado en la occidental ciudad de San Francisco, dijo a IPS que un juez puede excluir un testimonio alegando motivos de competencia.
El nuevo director de la CIA, Leon Panetta, declaró que "nadie que actúe en base a la orientación legal del Departamento de Justicia en el momento debería ser investigado, y mucho menos castigado".
