Una investigación oficial considera cada vez más probable que una prisión de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos haya existido en Polonia en el marco de la «guerra mundial contra el terrorismo».
La Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea), el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa (entidad política de 47 naciones del continente que defiende los derechos humanos y la democracia) realizaron sus respectivos informes entre 2006 y 2007 en los que se mencionaba como altamente probable la existencia de esas cárceles de la CIA.
La prisión en Polonia habría funcionado entre 2002 y 2005, y pudo crearse en parte gracias a la disposición de las autoridades polacas para colaborar con el gobierno de George W. Bush (2001-2009) luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
La evidencia hasta ahora procede de documentos filtrados y testimonios anónimos dados ante el Consejo de Europa y a medios estadounidenses y polacos.
Entre los "sospechosos de terrorismo" de alto perfil que habrían estado recluidos en Polonia se destaca Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal organizador de los ataques en Estados Unidos.
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Prisiones de la CIA en naciones aliadas de Washington —cuya existencia fue reconocida por Bush, aunque sin nombrar países— también habrían funcionado en África y Medio Oriente, pero la base polaca habría sido la más importante de todas, según informó en junio de 2008 el periódico The New York Times.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los prisioneros en esos centros no tenían acceso a abogados ni eran informados dónde se encontraban, eran sometidos a torturas, incluyendo el "waterboarding" (simulación de ahogamiento), la privación de sueño y el sometimiento a temperaturas extremas.
Estas cárceles eran parte del plan de "entregas extraordinarias", por el cual Washington detiene a "sospechosos de terrorismo" y los transfiere, sin pasar por los tribunales, a terceros países en los que por lo general son torturados, según activistas.
Las autoridades de Polonia y de otros países de Europa central y oriental fueron acusadas de falta de cooperación e incluso de negarse a responder las preguntas de organismos internacionales que investigan la existencia de esas cárceles. Los gobiernos señalan que la evidencia presentada en los informes es circunstancial y de fuentes anónimas.
En agosto del año pasado, seis meses después de que el partido centrista y liberal Plataforma Cívica asumiera el gobierno en Polonia, la oficina del fiscal general comenzó a investigar el caso.
La organización Amnistía Internacional anunció que ayudaría a los investigadores a contactar a ex detenidos de la CIA que pudieron haber estado recluidos en la cárcel polaca.
La investigación ganó impulso tras los cambios de gobierno en Estados Unidos y Polonia. El gabinete centrista del primer ministro Donald Tusk ha sido el único en distanciarse de las pasadas políticas polacas de cooperación con la CIA, y tiene poco que temer de los resultados de la investigación.
Informes de prensa señalan que la oficina del fiscal general tuvo acceso a documentación secreta mostrando que funcionarios de previos gabinetes de derecha tenían conocimiento de la existencia de una prisión de la CIA cerca de una escuela de inteligencia en Stare Krejkuty, en el noreste polaco.
La investigación confidencial podría involucrar a altas personalidades de gobierno, como los ex primeros ministros Leszek Miller y Jaroslaw Kaczynsk, y el ex presidente Aleksander Kwasniewski (1995-2005).
Estos funcionarios podrían ser acusados de abusar de su autoridad, así como de violar la Constitución polaca y compromisos internacionales.
"Ahora existe un gran énfasis en el hecho de que una parte del territorio polaco ha estado bajo control estadounidense, creando una esfera extra-territorial sin ningún acuerdo internacional", dijo a IPS Adam Bodnar, de la Fundación Helsinki para los Derechos Humanos en Polonia.
El gobierno polaco también es sospechoso de haber ofrecido hasta 20 de sus funcionarios de inteligencia para ayudar a sus pares estadounidenses en temas de logística, pero se cree que pocos estuvieron presentes en interrogatorios.
"El tema de la tortura allí no puede ser ignorado, incluyendo la posibilidad de negligencia de las autoridades polacas para prevenir ese tipo de delito", afirmó Bodnar.
Políticos de todas las afiliaciones ahora niegan la detención de sospechosos de terrorismo en suelo polaco, o se resisten a divulgar datos arguyendo que se trata de información confidencial. Ante esto, Tusk liberó a los altos funcionarios investigados de cualquier obligación de mantener secretos de Estado.
"Muchos políticos han testificado, pero no sabemos todavía qué le han dicho al fiscal, porque la investigación es secreta", dijo Bodnar a IPS.
Has ahora, los funcionarios sólo admiten que aviones de la CIA aterrizaron en suelo polaco como escala en vuelos a la cárcel en la base militar de Guantánamo, Cuba. Se cree que hubo escalas similares en Alemania, Eslovaquia, España, Gran Bretaña, Noruega, Portugal y República Checa.
La prisión en Polonia habría sido creada durante el gobierno de la Alianza Democrática de Izquierda. El gobierno que asumió en 2005, liderado por el partido derechista Ley y Justicia, habría ocultado el caso para mantener las buenas relaciones con Estados Unidos.
La investigación tiene enemigos tanto entre los políticos como entre los medios, con argumentos que van desde la necesidad de proteger los secretos de Estado y evitar un ataque terrorista contra Polonia hasta la importancia de preservar los vínculos con Washington.
Fueron los medios estadounidenses los que primero publicaron informes sobre una supuesta cárcel de la CIA en Polonia. Durante años, ni la prensa ni la justicia polaca tomaron en serio estas denuncias. En 2006, una comisión del gobierno polaco concluyó que eran afirmaciones infundadas.
