Activistas por los derechos humanos alegan que la policía de Kenia mató a unas 500 personas en los últimos 16 meses. Por eso esperan que el parlamento apruebe este viernes la creación de un tribunal nacional que juzgue a los responsables en el propio país.
El gobierno constituido tras un proceso de mediación entre el partido del presidente Mwai Kibaki y el del primer ministro Raila Odinga, luego de las disputadas elecciones de diciembre de 2007, ha vacilado en su compromiso de abordar y detener las matanzas extrajudiciales.
El fusilamiento de dos defensores de los derechos humanos, el 5 de marzo, hizo aumentar los temores entre otros activistas en cuanto a que presuntos miembros de la policía los estén tomando de blanco.
"Nos han amenazado. Uno de nuestros funcionarios tuvo que abandonar el país después de los dos asesinatos", dijo a IPS Njonjo Mue, encargado de campañas en la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia.
Los activistas asesinados, Oscar King'ara y Paul Oulu, pertenecían a la Fundación Oscar, que ofrece asistencia legal gratuita a las comunidades pobres. Habían conseguido evidencias que documentaban la complicidad de la policía en el asesinato de jóvenes "subempleados".
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El año pasado publicaron "The Veil of Impunity: Executions and Disappearances, Who is Guilty" ("El velo de la impunidad: Ejecuciones y desapariciones. Quién es culpable"), donde se reveló que 8.000 jóvenes de Kenia central, Nairobi y parte del valle del Rift habían desaparecido o sido ejecutados desde 2002. También documentaron la existencia de fosas comunes en distintas partes del país.
Similares revelaciones aparecen en un estudio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia titulado "The Cry of Blood: Report on Extra-Judicial Killings and Disappearances" ("El llamado de la sangre: Informe sobre matanzas extrajudiciales y desapariciones").
En febrero, la misión del relator especial de las Naciones Unidas sobre matanzas extrajudiciales, Philip Alston, también señaló las masivas ejecuciones policiales.
Las investigaciones sobre las matanzas dividieron al gobierno. El primer ministro Odinga solicitó una investigación independiente, mientras que el portavoz del gobierno, Alfred Mutua, hizo caso omiso de las críticas.
El ministro de Seguridad Interna, George Saitoti, insistió en que la policía es "bien capaz" de realizar investigaciones, para desilusión de las organizaciones civiles.
"Al insistir en que la policía se investigue a sí misma —aunque son sus miembros quienes han sido ampliamente acusados de asesinatos y matanzas extrajudiciales— se confirma cuán cínico es el gobierno y cuán profunda la impunidad", dijo a IPS Cyprian Nyamwamu, representante del Congreso Nacional de la Sociedad Civil, una agrupación de organizaciones reformistas.
Esa entidad ahora quiere que intervenga la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya.
"El alcance y la enormidad de las matanzas extrajudiciales en Kenia califica para los delitos de genocidio bajo el Estatuto de Roma. La CPI tiene el mandato de investigar las matanzas", dijo Harun Ndubi, portavoz de la red.
El Estatuto se refiere al tratado que estableció la CPI para investigar y juzgar a individuos que cometen genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad.
El 8 de este mes, el abogado experto en derechos humanos Paul Muite, radicado en Nairobi, escribió al fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, urgiéndolo a actuar contra el presidente Kibaki a propósito de las matanzas.
Muite también quiere que se juzgue al ministro Saitoti y al jefe de policía, mayor general Hussein Ali.
La campaña para involucrar a la CPI cobró impulso tras el fracaso del gobierno en su intento por crear un tribunal local que investigara la violencia post-electoral, que dejó 1.500 muertos y unos 300.000 desplazados de sus hogares.
En febrero, un proyecto para establecer el tribunal fue abrumadoramente rechazado por el parlamento, por temores de que fuera vulnerable a la manipulación política.
La derrota fue alabada por quienes creen que una investigación liderada por la CPI servirá para poner fin a la cultura de la impunidad.
Sin embargo, la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) favorece la idea de un tribunal local y sostiene que los países soberanos tienen la responsabilidad de garantizar el régimen de derecho.
"Puede ser que la CPI tenga que intervenir porque el gobierno keniata no puede o no está dispuesto a hacer justicia, pero eso sería una negligencia de los líderes en el cumplimiento de su deber", dijo a IPS Ben Rawlence, investigador sobre Kenia para HRW.
"Como nuestra prioridad es impedir que haya más matanzas, necesitamos algo que pueda funcionar más rápidamente de lo que la CPI ha hecho tradicionalmente. Con la voluntad política adecuada, en Kenia podría movilizarse un tribunal especial mucho más rápidamente", reiteró el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, durante una visita que realizó en marzo al país africano. "Kenia no puede simplemente elegir abdicar de su responsabilidad como Estado y no juzgar a quienes causaron muerte y destrucción el año pasado", agregó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia también apoya la posición de HRW. "Hay cierta sanación que tiene lugar cuando (las víctimas) ven a los perpetradores en el banquillo, en oposición a cuando se pone a los perpetradores en vuelos para ser sometidos a juicio a millas de distancia", sostuvo Mue.
