Al menos una treintena de quienes estuvieron detenidos en las cárceles secretas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos estarían ahora desaparecidos, y los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para rastrear su paradero son vanos.
La historia de estos "prisioneros fantasma" fue ampliamente documentada por Pro Publica, grupo en Internet de periodismo de investigación.
En septiembre de 2007, Michael V. Hayden, entonces director de la CIA, había admitido que "menos de 100 personas fueron detenidas en instalaciones" secretas de la agencia.
Un memorando divulgado la semana pasada confirmó que la agencia tenía bajo custodia a por lo menos 94 personas en mayo de 2005, y que a 28 de éstas les aplicaba "técnicas mejoradas para varios grados de interrogatorio".
El ex presidente George W. Bush (2001-2009) públicamente reconoció en septiembre de 2006 el programa de la CIA de prisiones secretas en terceros países, y ordenó la transferencia de 14 detenidos de éstas a la cárcel en la base militar de Guantánamo, Cuba.
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Muchos otros presos, que tenían "poca o ningún valor adicional de inteligencia", dijo Bush, "han retornado a sus países de origen para ser juzgados o detenidos por sus gobiernos".
Pero Bush no reveló sus identidades ni paraderos, información que hubiera permitido al Comité Internacional de la Cruz Roja encontrarlos, ni los términos en que fueron entregados a las autoridades extranjeras.
El gobierno de Estados Unidos nunca reveló información describiendo la supuesta amenaza que representaban esos prisioneros. Algunos ya han sido liberados en los terceros países donde estaban recluidos, pero todavía no está claro qué pasó con las otras decenas de presos, y ningún gobierno ha admitido haberlos tenido en su territorio.
El actual gobierno de Barack Obama "debe cambiar el curso de su estrategia de previsión para el futuro porque deja muchas preguntas clave sin responder, incluyendo las referidas al destino de los prisioneros fantasma", dijo a IPS la abogada Gitanjali Gutierrez, del Centro para Derechos Constitucionales, que representa a Majid Khan, ex "prisionero fantasma" en Guantánamo
"Estados Unidos es lo suficientemente fuerte como para examinar las actividades de la CIA y de otras agencias, para castigar a los individuos que violaron nuestras leyes y para garantizar que nuestra nación no caiga otra vez en la oscuridad", afirmó.
Pro Publica informó que ex funcionarios del gobierno de Bush habían informado que la CIA pasó varias semanas transfiriendo prisioneros a cárceles pakistaníes, egipcias y jordanas durante el verano boreal de 2006, poco antes de que el entonces presidente reconociera la existencia de las prisiones secretas y suspendiera el programa.
La organización señaló que el número de prisioneros afectados por el programa se redujo desde que el periódico The Washington Post publicó un artículo en noviembre de 2005 detallando la existencia de esas cárceles.
"Si esos hombres ahora se están pudriendo en algún calabozo egipcio, el gobierno no puede fingir que se ha clausurado el programa de la CIA", dijo la directora del Programa de Terrorismo y Contraterrorismo de la organización Human Rights Watch, Joanne Mariner.
"Hacer públicos los memorandos del Departamento de Justicia sobre las prisiones secretas de la CIA es un primer paso importante, pero la administración de Obama tiene que revelar el destino y el paradero de cada una de las personas que estuvieron bajo custodia de la CIA", sostuvo.
La Cruz Roja ha tenido acceso y documentado la experiencia solamente de 14 de los llamados "detenidos de alto valor", quienes fueron públicamente trasferidos del programa de la CIA a la prisión de Guantánamo.
En junio de 2007, grupos de derechos humanos divulgaron los nombres de una treintena de personas cuyo destino y paraderos son desconocidos.
"Hasta que el gobierno de Estados Unidos aclare el destino y el paradero de estos individuos, seguirán siendo desaparecidos, y la desaparición (forzada) es una de las más graves violaciones internacionales a los derechos humanos", dijo Margaret Satterthwaite, profesora de leyes de la Universidad de Nueva York.
"No sabemos la historia de todos los que han pasado por el programa. Necesitamos descubrir dónde están y qué pasó", añadió.
Mientras, en un caso relacionado, la Unión por las Libertades Civiles Estadounidenses (Aclu) pidió al gobierno de Obama que hiciera público los registros relacionados sobre las detenciones y el trato a los prisioneros en la cárcel de la base área de Bagram, Afganistán, invocando la Ley de Libertad de Información.
"La detención de cientos de prisioneros en Bagram por parte del gobierno de Estados Unidos ha estado envuelta en un completo secretismo. Bagram alberga muchos más prisioneros que Guantánamo y según se informa en peores condiciones y con menos posibilidades de impugnar su detención", dijo Melissa Goodman, del Proyecto de Seguridad Nacional de Aclu.
"No obstante, poca información se ha hecho pública sobre la instalación de Bagram o sobre los prisioneros", agregó.
"Sin transparencia no podemos asegurar que estemos haciendo lo correcto, y ni siquiera que estemos deteniendo a la gente correcta en Bagram", dijo a IPS.
Informes de prensa recientes indican que el gobierno de Estados Unidos ha detenido a más de 600 personas en Bagram, incluyendo no sólo a ciudadanos afganos, sino a varios extranjeros apresados en otros países.
Algunos han estado detenidos por seis años sin acceso a asesoramiento legal, y sólo recientemente se les ha permitido tener contacto con sus familias. Al menos dos prisioneros en Bagram murieron bajo custodia estadounidense, e investigadores del propio Ejército concluyeron que fueron víctimas de homicidios.
"Cuando hay prisioneros bajo custodia o control estadounidense, no importa el lugar, nuestros valores y compromisos con el imperio de la ley están en juego", dijo Jonathan Hafetz, de Aclu.
"Ahora que el presidente Obama ha dado un paso positivo para ordenar el cierre de Guantánamo, es fundamental no permitir otros Gitmos (como se conoce popularmente a esa cárcel)", afirmó.
