Una coalición de 19 organizaciones religiosas y de derechos humanos exige al presidente estadounidense Barack Obama que investigue las torturas aprobadas por el gobierno de su antecesor, George W. Bush (2001-2009).
La agrupación, liderada por la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura (NRCAT, por sus siglas en inglés), propone que tanto un fiscal especial como "una comisión independiente, no partidaria, examinen y reporten públicamente las torturas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes de los detenidos a partir d 11 de septiembre de 2001", fecha de los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
El llamado de esta campaña surge apenas días después de la difusión del informe del Comité de Servicios Armados del Senado sobre interrogatorios y torturas, y de los memorandos legales del Departamento de Justicia que sancionaron torturas y tratos inhumanos.
El reverendo Richard Killmer, director ejecutivo de la NRCAT, dijo a IPS que ésta "apoya tanto el establecimiento de una comisión independiente, no partidaria, para investigar la aplicación de torturas, como una investigación del Departamento de Justicia para (determinar) la culpabilidad penal de aquellos que autorizaron o llevaron a cabo actos de tortura. Cada proceso es importante y puede acometerse de modo independiente".
"Una comisión nos ayudará a comprender cómo entraron en vigor las políticas de interrogatorios ilegales y cómo fueron implementadas, a fin de poder asegurarnos de que haya salvaguardas que impidan que futuros gobiernos sigan el mismo camino", agregó.
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"Una investigación penal enviaría el mensaje claro de que los funcionarios del gobierno no pueden violar leyes contra la tortura sin afrontar serias sanciones penales. Si esperamos poner fin a la práctica de la tortura por parte de agentes de Estados Unidos de una vez y para siempre, debemos seguir ambas vías", dijo.
La coalición propone una comisión "comparable en estatura a la del 11 de septiembre", que "investigue los hechos y las circunstancias de tales abusos, informe sobre las lecciones aprendidas y recomiende medidas que impidan cualquier abuso futuro".
La petición que la entidad difundió a través de Internet señala que una comisión "es necesaria para reafirmar el compromiso con la Constitución, las obligaciones de los tratados internacionales y los derechos humanos. El informe emitido por la comisión fortalecerá la seguridad nacional de Estados Unidos y ayudará a restablecer la posición" de ese país en el mundo.
Entre las organizaciones que suscriben el esfuerzo figuran el capítulo estadounidense de Amnistía Internacional, el Proyecto Constitución, Human Rights First, Human Rights Watch, el Instituto Sociedad Abierta y Médicos para los Derechos Humanos.
La NRCAT y sus organizaciones asociadas señalaron que han "trabajado juntas para poner fin a la tortura patrocinada por Estados Unidos. Durante 2008, la comunidad religiosa promovió una Orden Ejecutiva Presidencial que pusiera fin a la tortura. Eso ocurrió. El 22 de enero, el presidente Obama" la firmó.
Según la coalición, ahora la tarea es "asegurarse de que la tortura patrocinada por Estados Unidos nunca vuelva a ocurrir. Para cumplir este objetivo, nuestra nación necesita implementar salvaguardas para imposibilitar esta recurrencia. Entenderemos mejor qué salvaguardas se necesitan si tenemos una mejor comprensión de lo que ocurrió: quién fue torturado, por qué y quién ordenó la tortura. Como nación necesitamos las respuestas a esas preguntas".
En una carta enviada al fiscal general Eric Holder, la coalición también urgió a la designación de un consejo especial que investigue actos criminales relativos al confinamiento e interrogatorio de detenidos desde el 11 de septiembre de 2001.
La carta señala que en algunos extractos de un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) se concluyó que los detenidos "habían sido sometidos a torturas, un delito según el derecho interno e internacional".
"El informe del CICR, que describe conductas de una brutalidad impactante, muestra que una investigación limitada es simplemente insuficiente en este caso. Los funcionarios del gobierno, desde el de rango más bajo de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) hasta los niveles más altos del Poder Ejecutivo, pueden ser penalmente culpables por el uso de la tortura", agrega.
"Como tal investigación incluirá una evaluación de la conducta de funcionarios de muy alto rango del gobierno anterior, y como la absoluta imparcialidad a la hora de determinar a quién juzgar es clave para el apoyo del público y la comprensión de esos juicios y de las leyes en discusión, creemos que es sabio y necesario que usted remita esta investigación al Consejo Especial", plantea.
La NRCAT pidió dos veces al ex fiscal general Michael Mukasey que designara a un asesor especial para investigar la destrucción de los vídeos de la CIA que documentaron la aplicación de "duras" técnicas de interrogatorios contra los sospechosos de terrorismo, y si esas técnicas violaron las leyes estadounidenses e internacionales.
"Aunque se inició una investigación sobre la destrucción de los vídeos, el investigador, John Durham, no recibió el estatus de asesor especial", señala la organización.
Además, la investigación de Durham "fue limitada a la destrucción de los vídeos; aparentemente no tiene la autoridad para investigar la legalidad de la conducta en los interrogatorios mostrada en dichos vídeos", agrega.
"Es necesaria una investigación independiente y pública sobre posibles violaciones a las leyes estadounidenses por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango en el uso de técnicas de interrogatorios potenciadas", afirma.
"El pueblo estadounidense necesita saber cómo han sido tratados los detenidos en Iraq, Afganistán, Guantánamo y otras partes del mundo. Y necesitan saber que se han tomado todas las medidas para asegurarse de que en el futuro no se permitirá ninguna violación del derecho estadounidense con respecto a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una investigación independiente es una parte necesaria del logro de este objetivo", concluye.
