Alice Anywar, de 39 años, vive en el campamento de desplazados de Pagak en Gulu, en el norte de Uganda. Es una múltiple víctima del insurgente Ejército de Resistencia del Señor (LRA), que opera desde hace dos decenios en esta región.
Los rebeldes, practicantes de un peculiar fundamentalismo cristiano, mataron a sus padres y secuestraron a su hermano de 12 años cuando atacaron por primera vez su hogar en la aldea de Kilak en 1987.
En 2002 asesinaron a su esposo, a quien había conocido en un campamento de refugiados.
El LRA se internó en la jungla de la vecina República Democrática del Congo, pero Anywar, como muchos otros, teme que puedan volver a Uganda. "Nunca fui a la escuela por culpa de esta guerra. Lo que quiero es paz, para poder labrar la tierra y cuidar a mis hijos", expresó.
Cada vez más ugandeses creen que la esquiva paz recibió un golpe mortal en 2004, cuando el gobierno de Yoweri Museveni solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) contra crímenes de guerra y actos de genocidio con sede en La Haya que acusara y juzgara a los rebeldes.
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Desde entonces, las acciones del organismo se volvieron fuente de tensión entre las partes beligerantes.
El LRA acusó a la CPI de tendenciosa, por no analizar también el caso de sus adversarios en el ejército ugandés.
"No me opongo a las acusaciones en sí, pero me preocupa su impacto en el proceso de paz", dijo el arzobispo católico de Gulu, John Baptist Odama, quien dirigió una campaña por la paz en momentos en que el gobierno se empeñaba en aplastar a la insurgencia por las armas.
Una esperanza surgió en julio de 2006, cuando el gobierno y los rebeldes convergieron en Juba, capital de Sudán del Sur, para negociar un acuerdo.
Las conversaciones fracasaron. Pero un documento conocido como "Los protocolos de paz de Juba" sentó las bases para que las formas tradicionales de la justicia y los tribunales nacionales se hicieran cargo de demandas contra los rebeldes.
Las acusaciones de la CPI volvieron a catapultarse a un primer plano por recientes informes según los cuales la segunda figura en la escala jerárquica del LRA quería rendirse luego de sufrir heridas en escaramuzas en la República Democrática del Congo.
Okot Odhiambo presuntamente contactó a la Organización Internacional para las Migraciones hace dos meses, buscando cruzar de modo seguro la frontera hacia Uganda, así como garantías de que no sería llevado a juicio.
"Lo nuestro es facilitar el regreso de los rebeldes, pero no prescribir lo que se les debería hacer", dijo a IPS el portavoz del ejército, mayor Felix Kulaigye.
El presidente Museveni, alentado por preguntas sobre la inminente rendición de Odhiambo, confirmó en una conferencia de prensa el 9 de febrero que el LRA enfrentará a tribunales nacionales y que será sometido a la justicia tradicional.
Una investigación realizada por el Proyecto Más Allá de Juba, de la Universidad de Makerere en Kampala, documentó cuán cerca de llevar la paz al norte de Uganda estuvieron algunas iniciativas propuestas por líderes tradicionales de la tribu acholi.
En 2005, los ancianos viajaron a La Haya e imploraron a la CPI que retirara las acusaciones contra los comandantes del LRA. Se aventuraron en las junglas de la República Democrática del Congo y Sudán y presionaron a la organización insurgente para que abandonara su rebelión.
Los jefes y líderes religiosos pidieron que para resolver el conflicto se recurriera al sistema tradicional de justicia conocido como "Mato Oput".
Este sistema es un ritual iniciado por una parte de un conflicto, que envía un emisario a los ancianos en busca de su ayuda para la reconciliación.
La parte culpable tiene que romper un huevo crudo —"Nyono Togweno"— para simbolizar un nuevo comienzo y pasar por encima de una rama de bambú u "ophobo" para representar un distanciamiento del pasado.
La parte acusada proporciona un chivo, al que comparte con la otra parte como señal de unidad. La parte acusada debe beber un jugo amargo extraído de hojas de oput como promesa de que nunca querrá volver a probar ese sabor. Los delitos más serios requieren que los acusados compensen a las víctimas.
Según Leandra Komaketch, del Refugee Law Project, el ritual tiene mecanismos incorporados que impiden una recurrencia de las agresiones.
"Una persona que atraviesa el ritual es proscripta por la comunidad si vuelve a cometer el pecado, y para los acholi ser proscriptos es peor que la cadena perpetua", explicó.
Lo que desean los habitantes de Uganda del norte es una justicia que permita sanar, dijo a IPS el principal jefe acholi, Rwot David Onen Acana.
"Algunas personas alegan que el Mato Oput generará impunidad; lo que la gente quiere ahora es paz y no venganza", agregó.
Pero no todo se ha ganado. La justicia no debería sacrificarse por la paz, replicó Livingstone Sewanyana, de la Fundación para los Derechos Humanos con sede en Kampala.
"La solución radica en ofrecer paz y justicia", dijo.
La oficina de la CPI en Kampala también sostiene que el Mato Oput tiene sus debilidades: no resarcirá a las víctimas ni compensará crímenes de guerra cometidos fuera de territorio acholi, donde el ritual es ampliamente aceptado.
La justicia tradicional se aplica más allá del norte de Uganda y el sur de Sudán para resolver conflictos en el ámbito comunitario. Allí reina el principio de que víctimas y comunidad perdonen y se integren.
El LRA, con bases en el sur de Sudán, lucha desde 1986 para instaurar un estado fundamentalista cristiano. La organización opera en los distritos de Gulu y Kitgum, conocidos como Acholiland, donde reside la mayoría de la comunidad acholi.
Liderado por el ex catecista católico Joseph Kony —él mismo perteneciente a la etnia acholi—, el LRA es conocido por realizar secuestros, asesinatos, y amputaciones a civiles. Nadie conoce con exactitud la cantidad de integrantes de la organización, pero varias fuentes indican que serían unos 6.000.
