«Cuando me suena la barriga, tengo que llenarla. Puedo mendigar, pero el alimento está ahí», dice el pescador Hahn Goliath, señalando el agua en la pequeña aldea atlántica de Doring Bay, sobre la costa occidental de Sudáfrica.
La frustración de Goliath es compartida por otros 30.000 pescadores artesanales en las 148 comunidades que hay a lo largo de los 3.000 kilómetros de costa que tiene este país africano.
Los pescadores artesanales quedaron fuera del proceso oficial de asignación de volúmenes de captura y sólo tienen permiso para practicar una pesca recreativa, que no les da derecho a vender su producto, lo que llevó a un aumento de la pobreza en la zona costera.
Goliath cree que la ruptura de las familias, el fracaso escolar y el embarazo adolescente en su comunidad están relacionados con la pérdida de su suministro básico.
«Los adolescentes se revelan a los 14 años y contestan a sus padres que ellos ya no los mandan. ¿Si no pueden alimentarlos, cómo pueden esperar que sus hijos los respeten?», señala.
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Los pequeños pescadores habían puesto sus esperanzas en la nueva Política para la Distribución y Gestión de Derechos de Pesca de Subsistencia a Mediano Plazo, que está en proceso de redacción final.
Un grupo de trabajo designado en 2007 por el ministro de Ambiente, Marthinus van Schalkwyk, con representantes de los pescadores de subsistencia, participó en la concepción de la propuesta, pero cuando los delegados vieron el borrador del gobierno, divulgado en diciembre, lo rechazaron.
La discrepancia surgió porque el texto sostiene que es un problema conceder derechos de pesca a los pequeños pescadores cuando los recursos marinos ya han sido asignados al sector industrial.
Un ejemplo es que entre 2007 y 2008 sólo se permitió pescar 2.571 toneladas de langosta del Cabo, sustento de varias comunidades de la zona como Doring Bay («doring» significa espina en afrikaans), una disminución de 10 por ciento respecto del periodo anterior.
Esa cantidad, por valor de unos 34 millones de dólares, se divide en 1.754 toneladas para la pesca comercial, mar adentro, 560 para la de menor escala, cerca de la costa, y 257 para la pesca recreativa, según datos del Departamento de Turismo y Asuntos Ambientales (DEAT, por sus siglas en inglés).
Hay unas 245 empresas con permiso de captura mar adentro, según señala la consultora Feike en su Guía para la Pesca Industrial de Sudáfrica, que emplean barcos de mayor calado en aguas profundas. Este sector emplea a unas 1.058 personas.
Mientras, hay 812 empresas dedicadas a la pesca costera, con barcos más pequeños, que emplean a 3.248 personas.
El problema radica en que en 2006 fueron otorgados los derechos de pesca a mayor escala, y en 2005 los de menor escala, por un periodo de 10 años. Por lo que sólo quedó la zona destinada a la pesca recreativa, con una captura permitida de 257 toneladas, para quienes realizan la actividad de forma artesanal.
La nueva política lo confirma con el argumento de que la demanda de langosta del Cabo superó el límite de pesca permitido y que habrá que disminuir en más de 50 por ciento la captura recreativa para contemplar a los pescadores artesanales, que se las tendrán que arreglar con las sobras, según alegan activistas.
El gobierno dejó a la pesca de subsistencia unas 128,5 toneladas, de las 257 asignadas a la actividad recreativa, en vez de crear un sistema que aumente el volumen permitido para la captura de menor escala, que emplea a más personas, disminuyendo la cantidad de la pesca de aguas profundas.
Las especies que se pescan con caña también están bajo una «tremenda presión», según el documento del gobierno, lo que no permite aumentar el volumen de captura de lanchas u otro tipo de embarcaciones.
El presidente de la Asociación de Pesca Artesanal, Andy Johnstone, señaló que es «como dar a la gente un plato de comida vacío». La política del gobierno no contempla los intereses de los pequeños pescadores, protestó.
«La cuestión es que no queremos un sistema de cuotas», añadió.
El sistema de cuotas asigna un volumen específico a cada pescador, pero cuando esa cantidad no puede asegurarse, el involucrado pierde su sustento. La política del gobierno dice que no alcanza para la pesca de subsistencia, apuntó.
La investigadora del Instituto de Estudios Agrarios y de Pobreza, Moeniba Isaacs, coincidió en que a menos que se haga un esfuerzo para aumentar el tonelaje de la captura a pequeña escala a partir de la cantidad asignada a la industrial, los pescadores artesanales se van a quedar con las sobras.
Sudáfrica debe tratar de cubrir las necesidades de las comunidades pesqueras inspirándose en experiencias de otras partes, sostuvo, y puso el ejemplo de un sistema de cooperativas creado en Vietnam y otros de Angola y Mozambique.
Además propuso un sistema mixto, comercial y comunitario, que defina una zona económica exclusiva para pequeños pescadores en torno a sus comunidades.
La cooperativa se encarga de vender el pescado y devuelve las ganancias a la comunidad, que luego decide en qué gastar el dinero.
Ideas hay varias, pero «sin voluntad política no se pueden implementar», señaló Isaacs.
El director de Gestión de Recursos Marinos del Departamento de Turismo y Asuntos Ambientales, Andre Share, sostuvo que el contenido del documento no es de piedra y que se puede modificar antes de que se redacte la versión final.
Los recursos marinos son «finitos», señaló, y el Departamento tendrá que designar a los beneficiarios.
Todo sistema de recursos finitos conlleva dificultades, pero el Departamento hará un esfuerzo por garantizar un lugar para los verdaderos pescadores artesanales.
Pero el gobierno se metió en un callejón sin salida, según fuentes del sector pesquero, porque para que los pequeños pescadores puedan beneficiarse de un volumen de captura suficiente tendría que disminuir la que ya se asignó a los de aguas profundas y correr el riesgo de que entablen una demanda judicial.
Goliath, quien también representa a Doring Bay en Coastal Links, una red de varias comunidades pesqueras, considera que el sistema de cuotas no contribuye al desarrollo de la comunidad porque sólo una minoría puede lograr un ingreso suficiente.
Cualquier sistema tiene que reconocer que es una actividad de subsistencia para «alimentar y educar a sus hijos y recuperar su respeto. No queremos ser millonarios, pero queremos que el gobierno reconozca que vivimos de esto», arguyó.
* Este artículo es parte de una serie producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales) para la Alianza de Comunicadores para el Desarrollo Sostenible (http://www.complusalliance.org)
