Haití intenta retomar la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) que suspendió de hecho hace 25 años, con tres proyectos de ley para promover la igualdad de género.
Más de la mitad de la población haitiana vive en pobreza extrema, lo que define a este país caribeño como uno de los más pobres al mundo.
Las mujeres, jóvenes y niñas, que representan 52 por ciento de la población, son las más afectadas por esa aguda pobreza en su acceso a la educación y a la salud, su participación en la vida pública y su inserción en el mercado laboral.
Además, las mujeres sufren diferentes formas de violencia relacionadas con la endémica inseguridad política y ciudadana de este país, con los abusos de poder y con los malos tratos en sus hogares.
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En este panorama, el Estado haitiano formuló un plan para la aplicación nacional de la Cedaw, presentado oficialmente a fines de enero por su representación diplomática ante la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Adoptada en diciembre de 1979 por la Asamblea General de la ONU y en vigor desde septiembre de 1981, la Cedaw contiene 30 artículos relacionados con los ámbitos donde las mujeres enfrentan mayores discriminaciones y es considerada el pacto internacional más importante para la promoción de los derechos femeninos.
La Convención establece una serie de medidas para fomentar la igualdad de género y las libertades fundamentales.
Haití había sido uno de los primeros países en ratificar la Cedaw sin reservas en 1981, comprometiéndose a presentar un informe de aplicación inicial en 1982 e informes periódicos cada cuatro años.
Pero por su inestabilidad política y los frecuentes cambios de gobierno, entre otros factores, esta nación caribeña ha retrasado en 25 años la entrega de tales reportes.
Sin embargo, las cosas parecen estar cambiando.
"Hemos comenzado a formular todos los informes necesarios en 2006, con la participación y consulta de las instituciones estatales, las organizaciones de mujeres y la sociedad civil", dijo a IPS la ministra sobre la Condición Femenina y los Derechos de las Mujeres, Marie Laurence Jocelyn Lassègue.
"Este ejercicio ha permitido fortalecer la implicación de las instituciones del Estado en la promoción de los derechos de las mujeres, y ha permitido incluir las prioridades reivindicadas por las haitianas", agregó.
"La implementación de este plan permitirá evaluar y sistematizar los avances en el ámbito de los derechos de las mujeres y definir prioridades futuras", explicó Lassègue, militante feminista desde hace más de 30 años.
El presidente del Senado, Kelly C. Bastien, declaró a la prensa la importancia de votar leyes que garanticen el respeto nacional de la Cedaw, pues "el Estado debe invertir en las mujeres y en la infancia para lograr una sociedad equilibrada".
La cartera de Lassègue está impulsando la aprobación de tres proyectos, sobre la reglamentación del trabajo doméstico, sobre el concubinato y sobre la paternidad.
Según el Código del Trabajo, que data de 1961, las trabajadoras domésticas no tienen los mismos derechos y garantías legales que el personal de los sectores comercial, industrial y agrícola.
Para eliminar esta discriminación que afecta sobre todo a las mujeres, fuerza laboral dominante en el sector doméstico, el proyecto de ley "armoniza los derechos relativos a vacaciones, formación, educación y maternidad".
Además, el Ministerio ha insistido en la necesidad de promover una legislación que reglamente derechos, deberes y obligaciones de las uniones de hecho (concubinatos), hasta ahora no protegidas por la ley.
Según cifras de una encuesta realizada en 2005 y 2006 por el Instituto Haitiano de la Infancia, 59 por ciento de las mujeres entrevistadas declararon vivir en pareja y solamente 18 por ciento estaban casadas. La misma encuesta indica que el concubinato representa más de 40 por ciento de las uniones.
"La realidad de la mayoría de las familias haitianas no es tomada en consideración por la legislación. Eso tiene como consecuencia una sociedad donde millones de personas viven al margen de la ley", dijo a IPS Adeline Magloire Chancy, consultora del ministerio para el plan de implementación de la Cedaw.
"Es necesario que las parejas de hecho tengan los mismos derechos que las parejas casadas, incluyendo el reparto equitativo de los bienes comunes, la comunidad de bienes, entre otros derechos y deberes", señaló Chancy, quien fue ministra a la Condición Femenina entre 2004 y 2006.
El último proyecto de ley está destinado a asegurar los derechos de hijos e hijas de padres no formalmente casado, lo que implica una revisión del Código Civil, que data de 1825 y que no reconoce el derecho de investigación sobre la paternidad, y la aplicación del artículo 262 de la Constitución de 1987, donde esa búsqueda está prevista para frenar la irresponsabilidad de los padres.
Con un acta de nacimiento donde el padre figura como desconocido, la madre no tiene ningún apoyo legal para obtener la pensión alimentaria prevista por ley para su hijo o hija.
"Es importante permitir que cada niño y niña tenga legalmente un padre desde su nacimiento y que se establezcan los procedimientos apropiados", justifica el texto del proyecto de ley.
Pero la iniciativa sobre trabajo doméstico fue aprobada en el Senado hace dos años y espera todavía en la Cámara de Diputados.
Mientras, los otros dos proyectos serán estudiados por ambas cámaras en los próximos meses, según se espera.
El plan de aplicación de la Cedaw cuenta con apoyo financiero y técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), la Oficina de Género de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, la cooperación canadiense y la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Este me, se celebró un encuentro de la Mesa Sectorial de Género, donde participaron 20 representantes del ministerio, agencias de las Naciones Unidas, y delegados de los gobiernos canadiense y español entre otros, para analizar observaciones y desafíos futuros sobre la aplicación de la Cedaw.
La próxima reunión, prevista para el 7 de mayo, tendrá el propósito de poner en marcha las recomendaciones formuladas para aplicar esa Convención.
