Los llamados Juicios de Tokio por los crímenes de guerra cometidos por Japón durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) concluyeron hace más de 60 años, pero mantienen su vigencia aun en la actualidad en el mundo entero.
Los procesos realizados en Tokio al término de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), que llevaron a la condena de 25 personas y a la ejecución de siete japoneses, impulsaron el desarrollo del derecho internacional en materia de crímenes de guerra.
Los argumentos esgrimidos en el juicio contra el ex presidente serbio Slobodan Milosevic (1941-2006) y los instigadores del genocidio de Ruanda, de 1994, así como la acusación del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, contra el presidente sudanés Omar Hassan al-Bashir, en febrero de este año, tienen sus orígenes en las deliberaciones y decisiones de hace más de medio siglo.
Los juicios de Tokio perduran no sólo por ser un antecedente de casos similares, sino porque aún generan polémica por su estructura, objetivos y veredictos.
"En Japón siempre hubo un vívido y a menudo polémico debate sobre el proceso y sus consecuencias", señaló el profesor adjunto Mike Mochizuki, de la Universidad George Washington.
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La Fundación Sasakawa para la Paz y el Proyecto sobre Memoria y Reconciliación del Centro Sigur, de esa Universidad organizaron el lunes la conferencia "Juicio de Tokio por crímenes de guerra a los 60: Legado y Reevaluación".
"En Tokio siempre se podían encontrar algunos libros al respecto. Pero, hasta hace muy poco, en inglés no eran tan fácil", indicó Mochizuki.
El asunto suele dividir a los académicos entre los que creen que "pese a las fallas, los juicios de Tokio fueron básicamente un proceso de la civilización contra Japón y los que piensan que pese a las buenas intenciones de sus promotores, no fue más que la justicia de los vencedores", explicó el especialista.
La acusación, los 11 aliados vencedores, se centró en probar que oficiales y altos mandos japoneses perpetraron crímenes de guerra de forma sistemática. Para ello se basaron en el principio de "responsabilidad del superior".
"El gobierno japonés ordenó la destrucción de todos los documentos militares que pudieran incriminarlo y dificultó la tarea de los aliados de probar de las órdenes dictadas", indicó Yuma Totani, profesora de la Universidad de Hawai.
"Por eso se basaron en la responsabilidad del superior", apuntó. "La ventaja de ese principio es que no requiere probar que las órdenes fueron dadas".
"La acusación tuvo que probar tres cosas: que los crímenes de guerra fueron perpetrados de forma sistemática y generalizada, que los imputados sabían que sus subalternos cometían atrocidades y que tenían la autoridad y el poder para impedírselos", explicó.
El tribunal falló por mayoría a favor de la acusación y condenó a los 25 imputados por crímenes de guerra. Pero muchos japoneses se mostraron favorables a la opinión discrepante del juez indio, Radhabinod Pal, quien los absolvió de todos los cargos.
"La opinión del juez Pal inspira en Japón más autoridad que la opinión mayoritaria", señaló Totani.
El veredicto distingue entre responsabilidad individual y estatal.
"Uno de los propósito del juicio fue defender a Japón mediante una penalización militarista", arguyó Yoshinobu Higurashi, profesor de la Universidad de Kagoshima.
Además, el artilugio judicial le permitió a Estados Unidos aliarse con su ex enemigo durante la Guerra Fría.
"El primer ministro japonés Shigeru Yoshida (1878-1967) usó el juicio como una forma de purificar y reconstruir al país y cooperar con Estados Unidos", añadió Higurashi.
Pero el enfoque concentrado en la culpa individual y no colectiva también socavó uno de los objetivos del proceso, a saber que el pueblo japonés reconozca y asuma su responsabilidad por lo ocurrido durante la guerra.
"La penalización individual permitió a la población y al gobierno aceptar las sentencias", explicó Higurashi. "Los japoneses se sintieron liberados por el juicio, pero no asumieron la responsabilidad individual por la guerra".
"En cuanto a las enseñanzas dejadas por el tribunal", apuntó Totani, "el proceso tuvo un efecto mínimo, si es que tuvo alguno, en la comprensión de los japoneses de lo que significa responsabilizarse por la guerra".
Daqing Yang, profesor adjunto de la Universidad George Washington, coincidió en que el tribunal eludió el asunto de la responsabilidad del Estado.
Pero planteó la duda de si "las otras medidas que adoptaron las autoridades de la ocupación, como disolver el ejército o redactar la nueva Constitución de Japón, no implican la responsabilidad del Estado japonés".
"Quizá el juicio no implantó el sentido de culpa en los japoneses, como pretendía el secretario de Guerra estadounidense Henry Stimson (1867-1950). Pero las otras medidas sirvieron a tales efectos", sostuvo.
Algunos japoneses fueron más allá y rechazaron de plano los veredictos porque consideraron que fue una justicia impuesta por las autoridades de la ocupación.
"Los vencedores se protegieron a sí mismos de toda acusación", remarcó Totani. "Fue un problema estructural, una de las grandes debilidades del proceso".
De acuerdo con la noción de "justicia de los vencedores", las sentencias por crímenes de guerra se dictaron sólo contra los débiles y los derrotados.
"Los fallos de los juicios de Tokio por agresión militar y crímenes contra la paz sólo se aplicarán a los países pequeños", apuntó Cecil Uyehara, funcionario retirado del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, quien trabajó en el proceso entre 1946 y 1947 como supervisor de traducción.
"Tras la masacre de Mai Lai, en Vietnam en 1968, no pasó nada. No aplicamos esos principios a lo ocurrido en Iraq y, en especial, en la cárcel de Abu Ghraib", subrayó Uyehara.
Los juicios de Tokio por crímenes de guerra dejaron su marca en la región, no sólo dividieron a los académicos, sino también a los países.
Por ejemplo, cada vez que un primer ministro japonés visita el santuario de Yasukuni, donde se rinden honores a varios militares acusados de crímenes de guerra, países vecinos como China y Corea del Sur presentan duras protestas.
Los debates respecto de la labor realizada por el Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, entre 1946 y 1948, podrían facilitar la reconciliación regional.
"Parece una buena forma de erigir un nuevo sentimiento de comunidad en Asia Pacífico, de la que tanto hablan los gobernantes, pero mientras Tokio niegue lo ocurrido y confunda la cuestión de la responsabilidad, eso no va a suceder", explicó la historiadora Alexis Dudden, autora de "Troubled Apologies: Among Japan, Korea, and the United States" ("Atribuladas disculpas entre Japón, Corea y Estados Unidos").
"Es irónico que Japón, que tendría mucho para ganar si tomara la delantera, hace lo contrario cuando permite que la nueva narrativa nacionalista actúe en función de esa historia y se aísla cada vez más de sus vecinos, con los que comparte su historia".
