El velo del secretismo comienza a levantarse. Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que resumiera unos 3.000 documentos relacionados con su admitida destrucción de 92 cintas de vídeo de prisioneros sometidos torturas.
La semana pasada, el fiscal general, Eric Holder, presentó nuevas pautas para implementar la norma, que ordena a todos los departamentos y agencias gubernamentales a aplicar la presunción de que los ciudadanos tienen derecho a acceder a documentos oficiales.
Las nuevas pautas, anunciadas en un memorando enviado a los jefes de las oficinas ejecutivas, están basadas en los principios anunciados por el propio presidente Barack Obama en su primer día en el cargo, cuando llamó a "dejar pasar a una nueva era de gobierno abierto".
Una de las primeras pruebas al nuevo enfoque de la administración de Obama se produjo en un tribunal federal, donde la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) pidió a un juez que ordenara a la CIA la divulgación de copias sin editar de 3.000 resúmenes, transcripciones, reconstrucciones y otros documentos relacionados con cintas de vídeo que la agencia destruyó y en las que estaban grabadas escenas de interrogatorios.
[related_articles]
Como la CIA se negó a revelar públicamente esta información, así como los nombres de los interrogados y de los testigos que habrían visto esos vídeos, el magistrado Alvin K. Hellerstein ordenó una revisión independiente aunque no pública del material para la semana próxima y así determinar si ha de ser mostrada al público.
"El gobierno todavía retiene innecesariamente información al público sobre estas cintas, a pesar del hecho de que el uso de tortura por parte de la CIA es bien conocido", dijo Amrit Singh, de ACLU. "La plena revelación de los métodos de interrogatorio ilegales de la CIA es una cuenta pendiente de hace tiempo, y la agencia debe ser responsabilizada por despreciar el imperio de la ley".
Mientras, el Congreso toma pasos para poner fin a los esfuerzos de la administración de George W. Bush (2001-2009) para aumentar la clasificación de documentos y así frustrar los pedidos de información de los ciudadanos a través de la FOIA.
La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para terminar con lo que sus impulsores llaman "pseudo-clasificación", esto es, la creación de nuevas y ambiguas pautas para retener documentación oficial.
Según el representante Steve Driehaus, del gobernante Partido Demócrata, uno de sus patrocinadores, el proyecto de ley no sólo sería una gran ayuda para el público, sino que además constituiría un intento de promover un "lenguaje común dentro del gobierno".
En un editorial, el periódico The New York Times señaló que el sello "de uso oficial solamente" ha sido colocado indiscriminadamente en todo tipo de documentos, aun cuando no hay una regla común de lo que eso significa.
El proyecto de la Cámara de Representantes corregiría eso al establecer qué clasificar y cómo, con particular énfasis en eliminar categorías y poner fin a la práctica de retener información no vital exigida por el público.
Driehaus señaló que hubo 362.000 pedidos de descalcificación citando la FOIA el año pasado, y casi un tercio de ellos todavía deben ser procesados. La ley exige que los encargados de clasificar sean capacitados para la tarea, y que sus nombres sean colocados en los documentos que aprueban publicar, todo lo cual debe ser revisado por los inspectores generales de los diferentes departamentos.
En el Senado, legisladores también señalaron su intención de mejorar la transparencia del gobierno. Los senadores Patrick Leahy, demócrata, y John Cornyn, del opositor Partido Republicano, por lo general adversarios en el Congreso, presentaron un proyecto para obligar a las agencias del gobierno que respondan rápida y efectivamente a los pedidos de desclasificación en base a la FOIA.
El diario The New York Times señaló en un editorial que ", según el último conteo, el gobierno federal emplea 107 categorías diferentes de información restringida una de las cuales es definida como 'sensible pero desclasificada'".
"Esto parece diseñado no para proteger secretos legítimos, sino para fortalecer a los burócratas. El resultado de esto ha sido socavar el mandato de la FOIA de permitir que el público ingrese en las actividades del gobierno, así de simple y claro", añadió el diario.
Las nuevas pautas para la FOIA elaboradas por el fiscal general rescinden las aprobadas en 2001 por quien ocupara ese cargo entonces, John Ashcroft.
"Al restaurar la presunción de la desclasificación, que está en el corazón de la FOIA, estamos haciendo un cambio clave que restaurará la capacidad del público para acceder a la información en tiempo adecuado", dijo Holder.
"El pueblo estadounidense tiene derecho a la información sobre las actividades de su gobierno, y estas nuevas pautas le asegurarán obtener esa información bajo los principios de apertura y transparencia".
