En medio de los llamados a una mayor participación con la comunidad internacional, grupos de derechos humanos de Estados Unidos acusaron al gobierno de Barack Obama de boicotear una conferencia contra el racismo prevista para abril.
"Es una vergüenza para la administración de Obama continuar con la práctica del gobierno de (George W.) Bush (2001-2009) de negarse a dialogar con otros", dijo Ramsey Clark, ex fiscal general y ganador del Premio de Derechos Humanos 2008, en una petición firmada por cientos de activistas.
El texto insta al presidente Obama a comprometerse con una plen a participación de la reunión, que se realizará entre el 20 y el 24 de abril en Ginebra, convocada para revisar los progresos de las decisiones tomadas en la conferencia internacional sobre el racismo llevada a cabo en la ciudad sudafricana de Durban en 2001.
La delegación estadounidense decidió aislarse de la conferencia por temor a que su resolución final ataque específicamente a Israel, su aliado más estrecho en Medio Oriente. Por ejemplo, los aportes de algunos países asiáticos califican a las políticas israelíes hacia los palestinos de "nuevo tipo de apartheid, un crimen contra la humanidad" y "una forma de genocidio".
Israel, Canadá, Australia y la Unión Europea podrían no asistir tampoco a la conferencia.
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El ministro de Multiculturalismo e Identidad de Canadá, Jason Kenney, dijo que el encuentro en 2001 se había "degenerado en expresiones divisivas y de abierta intolerancia y antisemitismo, que socavaban los principios de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y las propias metas de la conferencia".
También señaló que la Conferencia de Revisión de Durban 2009 parecía emprender el mismo camino.
Sin embargo, activistas de derechos humanos señalaron que un boicot no tenía sentido, ya que el borrador de la resolución fue enmendado para atender las preocupaciones de Estados Unidos e Israel sobre las comparaciones entre el racismo y el sionismo.
Inicialmente, la administración de Obama había indicado su disposición a participar en la conferencia enviando delegados a la planificación de las sesiones, pero se retiró luego de que grupos judíos conservadores intensificaran su cabildeo por un boicot.
"El documento negociado ha ido de mal en peor", sostuvo Robert Wood, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, en una reciente declaración. "Como consecuencia, Estados Unidos no va a participar de futuras negociaciones sobre ese texto ni de una conferencia basada en ese texto".
Funcionarios estadounidense dijeron que les gustaría ver un texto "reducido", que no reafirme completamente la Declaración y el Programa de Acción de Durban. "No debe señalar a ningún país o conflicto, ni asumir el problemático concepto de difamación o religión", señaló Wood, sino mencionar a Israel ni al sionismo.
La posición del gobierno de Obama ha sido elogiada por varios centros de estudios conservadores y organizaciones políticas pro-israelíes y de medios, incluyendo la Heritage Foundation.
"Esperamos que esto sirva como una lección de que las acusaciones a la pasada administración de falta de compromiso en las negociaciones multilaterales estaban por lo general desviadas", señalaron Brett Schaefer y Steven Groves en un artículo publicado en el sitio web de la fundación.
"El multilateralismo es sólo un medio para un fin, y la participación en las negociaciones multilaterales no es garantía de resultados beneficiosos", añadieron.
A veces la participación estadounidense "sólo le da credibilidad a un proceso que no la merece. Ésta es una lección que se aplica en el caso de Durban II, pero que también debería llevar a la administración de Obama a reconsiderar su decisión de participar como un observador en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que supervisa la debacle de Durban II", indicaron.
Sin embargo, Clark y otros activistas de derechos humanos creen que el racismo debe ser visto como un sistema institucionalizado de opresión y de explotación que es reforzado por una compleja y dominante estructura de creencias, políticas y leyes, que son también prevalentes en Estados Unidos e Israel.
"Dado que Washington "ha consistentemente subrayado los derechos humanos cuando formula la política exterior y ha criticado a otras naciones por su comportamiento, la falta de disposición del gobierno de Bush a tratar problemas similares o idénticos en sus propias fronteras es algo descaradamente hipócrita", dijo Ajamu Baraka, director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos de Estados Unidos, que reúne a cientos de organizaciones.
El año pasado, el grupo de Baraka envió al Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) un informe de 600 páginas citando cientos de casos de individuos que pertenecen a minorías raciales y que sufrieron acoso y discriminación a manos de autoridades y empleadores en todo el país.
Investigadores de la ONU realizaron una investigación, concluyeron que las acusaciones eran válidas y le pidieron al gobierno estadounidense que tomara medidas apropiadas.
Baraka dijo esperar que Obama tome "pasos inmediatos y significativos" para reparar "este daño, y que mejore el panorama interno de derechos humanos". Pero, al hacer esto, también debe unirse a los esfuerzos internacionales para erradicar todas las formas institucionalizadas de racismo.
"Debería comprometer a Estados Unidos a un papel activo en el proceso de revisión de Durban", señaló.
La administración de Obama dejó abierta la posibilidad de tomar parte en la conferencia de Ginebra, pero sólo si consideraba aceptable el borrador de la resolución.
"Observaremos los acontecimientos en Ginebra y en las capitales para ver qué emerge", dijo Wood. "Estaríamos preparados a participar si un documento atiende nuestro criterio", añadió.
Una de las principales objeciones al texto es que se refiere a las "políticas racistas" de Israel en los territorios palestinos ocupados.
En los preparativos de la conferencia, la mayoría de los países de América Latina, Asia y África no expresaron desacuerdos con el documento.
