Los mercados financieros estarán atentos a cada palabra del ministro de Finanzas de Sudáfrica, Trevor Manuel, cuando este miércoles presente el presupuesto anual en el marco de la depresión mundial. Pero mayor y más dramática es la expectativa entre trabajadores, desempleados y comunidades pobres.
"Tenemos que hablar de cómo salvar puestos de trabajo, cómo salvar a la industria, por ejemplo, a los pequeños comercios, las minas y las fábricas para que no aumenten los pobres", dijo a IPS el director ejecutivo del Instituto Nacional de Desarrollo Económico y Laboral (Naledi), Rudi Dicks.
"Las firmas mineras tendrán que hacer un gran recorte. La gente se quedará sin trabajo y, por lo tanto, sin alimentos por el alza de precios. Necesitamos acciones. Podemos reformar el Fondo de Seguro de Desempleo y otorgar asignaciones por más tiempo, implementar planes sociales en el sector minero y ampliar la seguridad social y evitar así el empobrecimiento", señaló Dicks.
Naledi ofrece apoyo técnico a las investigaciones de la coalición Campaña por un Presupuesto Popular (PBC), en la que participan actores de la sociedad civil procedentes de la federación de sindicatos, Cosatu, del Consejo de Iglesias de Sudáfrica y de Sangoco, entidad que reagrupa a las organizaciones no gubernamentales de este país.
La iniciativa surgió tras los debates suscitados por la estrategia de crecimiento, redistribución y empleo dispuesta por el gobierno en 1996, conocida como GEAR.
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Ese plan macroeconómico pretendía estabilizar la economía y disminuir la enorme deuda heredada del apartheid, el régimen de segregación racial impuesto por la minoría blanca en detrimento de la mayoritaria población negra.
La economía dejada por el apartheid se caracterizó por graves restricciones de pago, prácticas empresariales que atentaban contra la competencia, gran inflación y altas tasas de interés.
Desde su implementación, la política de reactivación económica fue criticada por sindicatos y organizaciones de la sociedad civil por favorecer de las empresas y descuidar a los trabajadores.
"El intercambio en las altas esferas era un diálogo de sordos", recordó el ex director de Naledi Oupa Bodibe, quien trabajó en la oficina de Cosatu en el parlamento. "Si no te gusta algo es mejor tirarlo a la basura. Una vez que el gobierno adoptó una política no democrática, fue muy difícil que escucharan otra cosa", recordó.
Muchos de los que concibieron la iniciativa por un presupuesto popular eran avezados activistas comunitarios y sindicalistas que se opusieron al apartheid. El interés de la campaña pronto se concentró en tratar de influir en el presupuesto y en la distribución de recursos.
La coalición apuntó principalmente a rechazar la deuda del Estado heredada del apartheid, el gasto en armas y promover cambios en la política monetaria, en especial las altas tasas de interés que, según sus integrantes, hacían disminuir los ingresos disponibles.
Pero los cimientos de su plataforma fueron los asuntos que más preocupaban a la comunidad y a los trabajadores.
La Campaña por un Presupuesto Popular sirvió para consolidar las áreas de gastos prioritarias: crear puestos de trabajo, aliviar la pobreza y la desigualdad, ampliar la protección de la seguridad social, la educación, la salud, el transporte, la lucha contra el delito y el suministro de servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad.
La coalición participó en las manifestaciones por un Subsidio para un Ingreso Básico y marchó hacia el parlamento en reclamo de una participación mayor en el proceso de creación presupuestal.
"Estos últimos 12 años fueron muy difíciles porque el gobierno no nos tomaba en serio. Pero eso cambió hace cuatro o cinco años. Uno de los momentos más significativos fue cuando el ministro reconoció en 2007 la necesidad de un presupuesto para los pobres", señaló Dicks, de Naledi.
"En la actualidad, nuestro mayor compromiso es con el Departamento del Tesoro (ministerio de Hacienda). Nos reunimos antes de la redacción del presupuesto y después para que nos explicaran el significado de las asignaciones y poder compararlas con nuestras propuestas. También estuvimos en contacto con otros organismos para tratar de influir en el proceso", añadió.
El ingreso a los círculos de poder les ayudó a tener una mejor perspectiva de cómo funcionan la elaboración del presupuesto y saber con qué funcionario hablar para influir en el proceso de decisión. Pero fue más que una oportunidad de aprendizaje. Muchas de sus propuestas fueron incluidas en las políticas del gobierno.
Hubo resistencia al llamado Subsidio para un Ingreso Básico, pero según Bodibe, "las propias investigaciones del gobierno confirmaron las propuestas de la Campaña por un Presupuesto Popular para reducir la pobreza. Si no fuera por la asistencia social, la situación sería peor. Varios estudios confirmaron sus análisis y por eso el gobierno adopta un enfoque gradual".
El director de la oficina de presupuesto del Departamento del Tesoro, Kuben Naidoo, replicó que "gracias a las medidas dispuestas en los últimos 10 años, creamos las posibilidades fiscales para aumentar el gasto en vivienda, educación, salud y asistencia social que repercute directamente sobre los pobres".
El año pasado se asignó 22 por ciento del presupuesto a la educación, 11 por ciento a la salud y a la asistencia social y cuatro por ciento a la vivienda.
La Campaña por un Presupuesto Popular supervisará la concordancia de las partidas presupuestales con sus reclamos de que el Estado asuma un papel mayor en la creación de puestos de trabajo y en la protección de las industrias con problemas. Asimismo observará con atención la devolución de impuestos a las empresas y a las personas de altos ingresos.
"La devolución de impuestos de casi 1.000 millones de dólares pudo destinarse a la educación en las comunidades negras y a la formación terciaria. Eso no puede funcionar en un país que tiene una gran cantidad de desempleados", señaló Dicks.
La coalición también es optimista acerca de unos proyectos de ley sobre asignaciones presupuestales que están a estudio del parlamento.
"Ahora el parlamento sólo puede debatir, no puede cambiar las partidas. Por ejemplo, se está discutiendo sobre los 500.000 dólares destinados a armas que no se necesitan pero que no se pueden redistribuir a otros rubros prioritarios", se lamentó Dicks.
Una vez que se solucione eso, los legisladores podrán redistribuir las asignaciones. La coalición espera que ese sea el primer paso para ajustar el proceso nacional con los presupuestos municipales que, por ley, requieren participación y consulta de las comunidades.
