Cada vez más estadounidenses reclaman una investigación oficial de los delitos que pueda haber cometido el gobierno del ex presidente George W. Bush en su «guerra contra el terrorismo».
Pero políticos y abogados se muestran divididos al respecto. Y el presidente Barack Obama parece ambivalente.
Obama dijo que "nadie está por encima de la ley, y si hay instancias claras de faltas, esa gente debería ser juzgada como cualquier ciudadano común". "Pero, hablando en general, estoy más interesado en mirar hacia delante que en mirar hacia atrás", agregó.
Antes de su nombramiento como fiscal general de Obama, Eric Holder parecía más firme sobre la eventualidad de juicios.
"Nuestro gobierno autorizó el uso de la tortura, aprobó la vigilancia electrónica secreta contra ciudadanos estadounidenses, detuvo en secreto a ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal, negó el hábeas corpus a cientos de acusados de combatientes enemigos y autorizó los procedimientos que violan tanto el derecho internacional como la Constitución de Estados Unidos
Le debemos una admisión al pueblo estadounidense", dijo.
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Pero en su audiencia de confirmación ante el Senado, Holder atemperó sus respuestas para acercarse a la posición de Obama.
La encuestadora Gallup indicó esta semana que dos tercios de los estadounidenses encuestados están a favor de una investigación oficial sobre las faltas en la era de Bush. Del total, 38 por ciento se inclinan por una investigación penal y 25 por ciento, por una comisión independiente.
Inicialmente, el presidente se abstuvo de formular comentarios sobre una propuesta del presidente del Comité Judicial del Senado, el demócrata Patrick Leahy, de constituir una "comisión de la verdad" similar a las creadas tras el apartheid en Sudáfrica o de dictaduras en América Latina.
Esta comisión estaría a cargo de investigar abusos a detenidos y otros mecanismos violatorios de los derechos humanos inspirados políticamente en el Departamento de Justicia durante el gobierno de Bush.
Obama dijo entonces desconocer la propuesta de Leahy, aunque no la descartó explícitamente.
Tal "comisión de la verdad" es una de varias ideas de quienes pretenden revisar el pasado, limpiar el sistema judicial y restaurar la reputación del país en el mundo.
Leahy dijo que el objetivo primordial de la comisión será conocer la verdad más que juzgar a ex funcionarios, pero señaló que la investigación debería ir mucho más allá de los delitos en el Departamento de Justicia, para incluir la inteligencia antes de la guerra de Iraq y acciones del Departamento de Defensa.
Tal comisión de la verdad, al igual que la sudafricana, tendría poder para citar testigos y acusados, pero no para determinar condenas, explicó.
Este equipo debería investigar el despido de fiscales estadounidenses que se resistían a aceptar órdenes que consideraban ilegales, maltratos y torturas a detenidos sospechosos de terrorismo y la autorización de escuchas telefónicas sin orden judicial, según Leahy.
También indicó que a los testigos se les podría conceder una inmunidad judicial limitada para facilitar su testimonio.
Otros demócratas exigieron el procesamiento penal de quienes autorizaron mecanismos cuestionados en la guerra contra el terrorismo.
Los republicanos han replicado que las decisiones adoptadas tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 —que acabaron con 3.000 vidas en Nueva York y Washington— no deberían ser cuestionados a posteriori.
Una medida posiblemente más fuerte fue propuesta por el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, y otros nueve legisladores.
El proyecto implicaría la creación de una Comisión Nacional sobre Poderes Presidenciales de Guerra y Libertades Civiles, con poder de citación a testigos y un presupuesto de unos tres millones de dólares.
Esa comisión investigaría asuntos que van desde maltratos a detenidos hasta el uso de métodos de tortura como el "waterboarding" o "submarino", pasando por las "entregas extraordinarias" ("extraordinary renditions") clandestinas de prisioneros a países conocidos por violar los derechos humanos.
Los miembros de este equipo procederían de fuera del gobierno y serían designados por el presidente y líderes parlamentarios de los dos partidos.
Se trataría de un organismo similar a la Comisión 9/11, creada luego para examinar el fracaso del gobierno en prever los atentados de 2001. La investigación de esa comisión no condujo al juicio de ningún funcionario.
Organizaciones de derechos humanos y abogados proponen iniciativas más contundentes.
Amnistía Internacional lanzó una campaña de presión a los legisladores para que investiguen los abusos del gobierno de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo y lleven a juicio a los responsables.
La organización pide al Obama y al Congreso que creen una comisión independiente e imparcial para examinar el uso de las torturas, las detenciones indefinidas, las entregas extraordinarias y otras políticas antiterroristas ilegales.
Sin embargo, Amnistía no ve contradicciones entre un organismo como la Comisión 9-11 y otro "de verdad y reconciliación".
"No creo que los dos enfoques sean excluyentes. Ambos pueden avanzar al mismo tiempo. Las inmunidades no deben ser absolutas", dijo a IPS Tom Parker, de Amnistía.
Marjorie Cohn, presidenta del Colegio Nacional de Abogados, rechaza la creación de una "comisión de la verdad".
"Como dijo el presidente Obama, 'nadie está por encima de la ley'. El fiscal general debería designar a un juez especial que investigue y enjuicie a funcionarios del gobierno de Bush y a abogados que establecieron la política que propició crímenes de guerra", dijo Cohn a IPS.
"Las comisiones de verdad y reconciliación son usadas por democracias nacientes o en transición. Dar inmunidad a testigos asegura que los responsables de torturas y abusos y que los espías ilegales nunca sean llevados a la justicia", agregó.
"Las inmunidades podrían comprometer un juicio penal, como demuestra la experiencia del caso Irán-Contras", dijo a IPS Peter M. Shane, profesor de derecho de la Universidad Estatal de Ohio. "Las democracias dependen de una impasible comprensión del pasado."
Una "comisión de la verdad" para investigar a poderosos funcionarios constituiría una "liviandad judicial" frente al riguroso enjuiciamiento de "acusados por narcotráfico y delitos no violentos arrojados promiscuamente en superpobladas prisiones", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Boston.
El constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown, cree que el gobierno de Obama o el Congreso "deberían, como mínimo, designar una comisión independiente, bipartidaria y selecta, para investigar y determinar responsabilidades por la adopción de políticas coactivas de interrogatorios de Estados Unidos".
Esta divergencia de puntos de vista coloca a Obama en una posición incómoda.
