Grupos de derechos humanos elogiaron al nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por suspender el trabajo de las comisiones militares creadas por su predecesor, George W. Bush, para juzgar a sospechosos de terrorismo, y por ordenar este jueves el cierre de la prisión en Guantánamo.
El martes, Obama había firmado la orden para suspender y revisar los juicios en marcha a sospechosos de terrorismo.
Esta última medida fue confirmada el miércoles por un juez militar en Guantánamo, que aprobó la moción judicial de detener la demanda por crímenes de guerra contra Omar Khadr, prisionero canadiense al que se acusa de haber arrojado en 2002 una granada que mató a un soldado estadounidense en Afganistán. En ese entonces tenía 15 años.
Su juicio, previsto para el 26 de este mes, suscitó protestas en todo el mundo debido a que podría violar prohibiciones impuestas por las Convenciones de Ginebra y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño a los casos de menores de edad usados como soldados.
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La moción de la fiscalía de interrumpir el trabajo de las comisiones fue presentada a última hora del martes, por orden del nuevo presidente de Estados Unidos y de su secretario de Defensa, Robert Gates.
Gates ocupó ese cargo durante el gobierno de Bush (2001-2009), a quien en los últimos dos años propuso varias veces, sin éxito, cerrar Guantánamo y sus comisiones.
"Obama comienza la tarea de negarles a quienes desean dañar a los estadounidenses la mejor herramienta de reclutamiento que el gobierno de Bush jamás les dio: Guantánamo", dijo Gabor Rona, director legal internacional de Human Rights First (HRF).
HRF es una organización de abogados con sede en Nueva York que ha denunciado el fracaso de las comisiones en brindar garantías básicas del debido proceso a los detenidos en el marco de lo que Bush definió como "guerra mundial contra el terrorismo".
"Las acciones del presidente Obama envían el mensaje de que incluso un día más de procedimientos judiciales violando las leyes estadounidenses y las leyes internacionales no debería ocurrir bajo su mirada y, con ese mensaje, da un importante primer paso ( ) hacia la rehabilitación de la reputación de Estados Unidos como abanderado de la justicia, los derechos humanos y el régimen de derecho", agregó.
Otras organizaciones también se hicieron eco de ese punto de vista. Entre ellas Human Rights Watch (HRW), la American Civil Liberties Union (ACLU), y Amnistía Internacional. "La Ley de Comisiones Militares —así como Guantánamo, el programa de detenciones secretas y el recurso a la tortura— ha dejado a Estados Unidos en el lado equivocado de sus obligaciones internacionales", dijo Susan Lee, directora del programa de Amnistía para las Américas.
"La medida de suspender los procedimientos es una señal bienvenida de que el nuevo gobierno planea corregir algunos de esos errores como primera prioridad", añadió.
Pero algunas organizaciones, especialmente el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), que ha representado a una gran cantidad de los detenidos en Guantánamo, expresó su malestar por el tiempo que demorará implementar la orden de cierre de la prisión.
"Llevó apenas días poner a estos hombres en Guantánamo. No debería llevar un año sacarlos", sostuvo el director del CCR, Vincent Warren.
Obama también ordenó la liberación o transferencia de los prisioneros que no son considerados amenaza para Estados Unidos y el juicio de otros por tribunales estadounidenses, bajo términos a determinar por el nuevo gobierno.
Mientras las organizaciones de derechos humanos han exigido que cualquier juicio se realice en tribunales penales federales que puedan garantizar los derechos básicos del debido proceso a los acusados, otras voces han urgido a que nueva legislación permita a los detenidos considerados particularmente peligrosos, como el presunto cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Khalid Shaikh Mohammed, sean retenidos indefinidamente en Estados Unidos sin mediar juicio, como una forma de "detención preventiva".
La segunda alternativa parece haber sido descartada por el nuevo gobierno. Pero el Departamento de Justicia enfrenta un problema importante a la hora de decidir qué hacer ante casos donde buena parte de la evidencia contra los acusados puede haberse obtenido mediante lo que el gobierno de Bush llamó "técnicas de interrogatorios potenciadas" pero que las organizaciones de derechos humanos definen como tortura.
Entre ellas el "waterboarding", similar al "submarino", muy utilizado por las dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, que consiste en una simulación de ahogamiento durante los interrogatorios.
Bajo el derecho penal y constitucional de Estados Unidos, las evidencias obtenidas a través de torturas no son admisibles en un juicio.
Desde que los primeros sospechosos de terrorismo fueron llevados allí desde Afganistán, el 11 de enero de 2002, un total de 775 personas, de entre 13 y 98 años, fueron detenidas en la base de Guantánamo, según estadísticas compiladas por la ACLU.
Ahora parece que la vasta mayoría de estos no estaban vinculados a actividades terroristas y habían sido acorralados por milicias tribales y cazadores de recompensas en Afganistán y Pakistán.
