DDHH-TAILANDIA: Crímenes majestuosos

Harry Niccolaides era hace pocos meses uno entre miles de extranjeros que dan clases de inglés en Tailandia. Hoy, este australiano de 41 años está preso, acusado de crímenes de lesa majestad.

A Niccolaides le sirve de poco consuelo que se haya cumplido un siglo de la incorporación de cláusulas draconianas al respecto en el código penal, cuando Tailandia aún era conocida como Siam y la monarquía tenía carácter absolutista.

La norma prevé una pena de hasta 15 años de cárcel para quien insulte o difame, de acto o de palabra, a la corona tailandesa.

Pocos en este país escucharon hablar de la novela "Verosimilitud", publicada por Niccolaides en 2005, por una sencilla razón: la tirada fue de apenas 50 ejemplares, de los cuales se vendieron apenas siete.

El novelista se metió en problemas por apenas 103 palabras del libro en los que hace referencia al estilo de vida de un miembro ficticio de una familia real. Lo que siguió fue una pesadilla kafkiana en la justicia penal en Bangkok.
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"A veces me deprimo", dijo Niccolaides en la sala de visitas de la prisión y tras las rejas. "Comparto una celda sin ventilación con 60 hombres. Uso barbijo a causa de la tuberculosis: uno de cada 10 presos está enfermo", dijo a IPS.

"Me preocupa que me manipulen. Quiero explicar en un tribunal que nunca quise ofender a la monarquía", agregó.

Otros en Tailandia sufren la misma acusación que Niccolaides, aunque no todos ellos esperan en la cárcel.

Entre los demandados por delitos de lesa majestad en 2008 figuran un ex ministro de gobierno, un activista político, un magnate de los medios de comunicación, un afamado filósofo budista y un estudiante.

Jonathan Head, corresponsal de la cadena británica de radio y televisión BBC, tiene tres acusaciones de crímenes de lesa majestad en su contra.

Estar en la lista es infamante en un país donde el rey Bhumibol Adulyadej disfruta de un estatus semi-divino. El príncipe heredero y la reina también son protegidos por la ley.

"Luego de que me acusaron, perdí amigos. Aquellas instituciones que solían invitarme a dar conferencias dejaron de hacerlo", dijo el ex ministro Jakrapob Penkair, hoy de 40 años.

"Hasta los políticos de mi propio partido me eluden. Me ven como un peligro. El socio que tenía en mi empresa no quiere hacer más negocios conmigo. De repente, el mundo comenzó a hundirse", explicó. La razón: un discurso que dio en 2007 sobre la política de mecenazgo real y que lo obligó a renunciar al ministerio a mediados de 2008.

Además, en un país donde cualquier ciudadano puede aprovechar circunstancias nimias para entablar una demanda por delitos de lesa majestad, muchos perciben esas acciones como meritorias.

"Nadie tuvo valentía para elevar la acusación. Junté las evidencias y lo hice", dijo a IPS el coronel de policía Wattanasak Mungkandee, quien demandó a Jakrapob como ciudadano común. "Quería dar el ejemplo. Así otros tendrán el valor."

El procedimiento, en este caso, comienza con una denuncia en una comisaría. Eso abre una investigación. Luego, cuando se recauda suficiente evidencia, la acusación se eleva a un tribunal.

"No hay plazos para estas pesquisas. Podrá insumir, a lo sumo, tres meses", explicó Wattanasak, cuya cruzada se enmarca en otros esfuerzos a nivel nacional para proteger la institución de la monarquía.

La revuelta de la elite conservadora, urbana, rica y monárquica contra los simpatizantes del depuesto y fugitivo primer ministro Thaksin Shinawatra dio origen a llamados a penas más duras contra los crímenes de lesa majestad, incluso de hasta 20 años de prisión.

"Las penas se volverían más duras, mientras en otros países la monarquía constitucional se vuelve un régimen político obsoleto", dijo a IPS el experto estadounidense David Streckfuss. "Estas leyes han sido revisadas o raramente se usan en Gran Bretaña o en Noruega, o incluso en Nepal, cuando aún era una monarquía."

"Esto vuelve a Tailandia en un caso único entre las monarquías constitucionales. El peor año fue 1977, cuando hubo 36 arrestos", recordó.

El código penal de 1908 dispuso penas de hasta siete años de prisión por crímenes de lesa majestad. Luego de la sangrienta represión contra activistas prodemocráticos de 1976, la previsión de castigo ascendió a 15 años.

La ley fue útil para que figuras poderosas apuntaran contra adversarios políticos, especialmente durante dictaduras militares, o para reprimir la libertad de expresión.

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