La Constitución de Sudáfrica con frecuencia es elogiada por defender derechos sociales y económicos, pero ¿cómo esta protección puede ser invocada por los más vulnerables?
Esta pregunta es una de las que surgieron en la primera Conferencia Mundial sobre Justicia Constitucional, que se realizó en Ciudad del Cabo el 23 y 24 de este mes. Al encuentro asistieron expertos legales de 93 países para discutir la influencia de los tribunales constitucionales en las sociedades de todo el planeta y la formación de una jurisprudencia mundial sobre derechos humanos.
Para examinar la propia experiencia del país anfitrión de la reunión en materia de derechos constitucionales, IPS habló con Jackie Dugar, investigadora del Centro para Estudios Legales Aplicados (CALS). Dugard fue parte del equipo legal que ganó un importante caso en Johannesburgo el año pasado.
Con el apoyo de CALS, Lindiwe Mazibuko y otros residentes de un barrio marginado de Johannesburgo ganaron una demanda en la que consideraban anticonstitucional los contadores de agua prepaga instalados por la Municipalidad. Un juez falló que la ciudad tenía que proveerles contadores convencionales y que el suministro básico de agua gratis de 6.000 litros por casa era insuficiente.
Como se esperaba, el fallo fue apelado, y el caso podría convertirse en el primero de su clase en llegar al Tribunal Constitucional de Sudáfrica.
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IPS: ¿Cómo es el desempeño de Sudáfrica en materia de derechos constitucionales?
JACKIE DUGARD: En general, el historial de Sudáfrica en derechos civiles o políticos ha sido bueno. Creo que el Tribunal Constitucional y otras cortes han sido muy buenas en defender los derechos del pueblo.
El problema han sido los derechos socioeconómicos, porque ha habido muy pocos casos y los fallos no han significado un avance en la interpretación de estos. Sólo hubo seis casos socioeconómicos en 14 años, tres sobre vivienda, dos sobre atención médica y uno sobre seguridad social.
Presentar un caso socioeconómico es extremadamente difícil. Es muy duro para las personas y organizaciones sin grandes recursos llevar adelante este tipo de casos, porque el tipo de evidencia que hay que presentar sobre las políticas es extremadamente difícil de conseguir.
Además, aunque el Tribunal Constitucional formalmente puede escuchar directamente las demandas (aquellas que no han pasado antes por el resto del sistema judicial), lamentablemente, éste ha interpretado las reglas de audiencia directa en forma muy estrecha, y sólo ha permitido demandas directas en unos ocho casos. Nunca remedió la situación de una persona pobre y desprotegida que de otra manera no puede hacer que se escuche su demanda en el sistema judicial.
Ésta es la práctica opuesta de los más altos tribunales en países como India, Colombia y Costa Rica, donde activamente promueven y facilitan el acceso directo.
Lamentablemente, en Sudáfrica no hemos tomado esa ruta progresista. Por tanto, pienso que para los pobres la única forma en que pueden hacer que se oigan sus casos, si se trata de derechos socioeconómicos, es a través de la asociación con las pocas organizaciones de intereses legales que existen.
Los derechos socioeconómicos en Sudáfrica son una espada de doble filo. Por un lado, Sudáfrica puede estar orgullosa de haber incluido los derechos socioeconómicos en la Constitución, y el Tribunal Constitucional es visto como un ejemplo de cómo esos derechos han sido tenidos en cuenta.
Pero hay muchas críticas de cómo son adjudicados. En vez de adoptar un enfoque en las violaciones, el Tribunal Constitucional adoptó un estándar más débil: cuestionar la sensatez de la política pública.
Esto es muy complicado, muy laborioso, porque en los hechos realmente te tienes que hacer más experto en las políticas del gobierno que ellos. Esto requiere tiempo, recursos, concentración, etcétera, lo cual, otra vez, las organizaciones no tienen.
La razón por la que creo que los casos socioeconómicos no han saltado a primera plana es porque hasta ahora el remedio que los tribunales han ofrecido no es tangible a las personas. Como todo ronda en torno a la sensatez de las políticas del gobierno, el remedio ha sido remediar las políticas (y no atender la necesidad concreta del demandante). Es lo que pasó en el caso de (Irene) Grootboom (quien presentó junto a su comunidad una demanda ante el Tribunal Constitucional sobre derecho a vivienda tras ser expulsados de la tierra que ocupaban). Ella murió hace poco antes de conseguir una casa.
Muchas comunidades pobres preguntan: ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de ir a un tribunal? ¿Cuál es el punto de lanzar estas enormes batallas cuando de hecho no consigues nada al final de cuentas?
IPS: En cuanto a la conferencia en Ciudad del Cabo, ¿cree que fue beneficiosa para los tribunales constitucionales en todo el mundo? ¿Qué tenía para ofrecer Sudáfrica a los 93 países que asistieron?
JD: Sí, creo que sí. Creo que es una cosa muy positiva. Lo que es interesante es compartir experiencias, particularmente con América Latina, sobre cómo ellos promueven la voz de los pobres en los tribunales. Creo que ésta es nuestra gran falla.
Aparte del sistema de justicia penal, todo es defensivo. Cuando alguien se ve atrapado en el sistema judicial se le provee una defensa, pero no hay una utilización proactiva de las leyes.
Eso es lo interesante de los derechos socioeconómicos, particularmente en la perspectiva positiva de las obligaciones. En términos de obligaciones negativas, por ejemplo, si vas a ser expulsada de tu casa, entonces sí, claro actúas. Pero es en esas obligaciones positivas en las que realmente ves si las personas ven as las leyes como una de las respuestas o potenciales respuestas. Creo que no se puede incluir aquí a los jurados.
