Comunidades campesinas cubanas llevan adelante nuevas formas de organización agrícola, experiencias que podrían trascender las fronteras de lo meramente productivo para convertirse en alternativas válidas de desarrollo social en el campo.
Los Centros Locales de Innovación Agrícola (CLIA) son el núcleo de estas transformaciones, que han modificado de manera progresiva el modo de concebir las investigaciones científicas, las relaciones en la familia y la producción agropecuaria, en un país necesitado de reducir sus crecientes importaciones de alimentos.
"Me parece que la idea de los CLIA es bastante nueva en el contexto cubano, porque es el espacio que necesitan los actores sociales para promocionar la iniciativa de la gente", dijo a IPS Humberto Ríos, director del Programa de Innovación Agropecuaria Local (PIAL).
El PIAL, que comenzó hace nueve años como un proyecto de mejoramiento de semillas, aspira a fortalecer un sistema de innovación agropecuaria que tome en cuenta a los productores para generar beneficios económicos, sociales y ambientales, y promover la agro-diversidad como estrategia a favor de la seguridad y soberanía alimentaria.
Esta iniciativa trata de romper un esquema vertical, siempre a la espera de recomendaciones "de arriba", para conformar estrategias locales de desarrollo, "sobre la base de las evidencias y las capacidades que demuestran la gente en la práctica", señaló Ríos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA).
Este especialista considera que los CLIA, distribuidos hoy en nueve de las 14 provincias de Cuba, podrían hacer una contribución importante al actual proceso de descentralización del sector agropecuario de la isla, donde la producción agrícola ha descendido sostenidamente en los últimos cuatro años.
El 17 de septiembre de 2008, las autoridades cubanas iniciaron la entrega en usufructo de tierras estatales ociosas a personas naturales o jurídicas con posibilidades para explotarlas, de acuerdo con el decreto ley 259 aprobado dos meses antes.
Además, el año pasado se establecieron las delegaciones municipales de la agricultura, encargadas de facilitar a las cooperativas el acceso a los insumos y servicios, la comercialización de sus productos y hacer más fluidas sus relaciones con las empresas estatales.
Algunos economistas consideran que la descentralización se enfrenta al verticalismo en las relaciones institucionales, la poca preparación de los actores locales para la iniciativa autónoma, las limitaciones financieras y de autoridad a los gobiernos territoriales, el reducido espacio para agentes económicos no estatales y la extendida burocratización.
El cambio propuesto por el PIAL comprende también todo el sistema de investigación científica, concebido tradicionalmente, según Ríos, para que la academia decida. "Hay que aprender a trabajar con los productores, con un enfoque multidisciplinario", sostuvo.
A juicio de Manuel La O, coordinador del eje temático de producción animal en el PIAL, es preciso "burlar la forma lineal en que se genera el conocimiento y se adopta".
"Me gusta hablar de construcción colectiva de conocimientos y de intercambio de saberes, porque nosotros los científicos tenemos un conocimiento pero los campesinos también", dijo a IPS La O, médico veterinario radicado en la provincia Granma, unos 670 kilómetros al este de La Habana.
"El saber hacer local se perdió, porque pasamos a la agricultura empresarial estatal", se lamentó el ingeniero, de 36 años. "El PIAL tiene que rescatar lo que queda, que aún es bastante, de ese saber hacer", afirmó.
Pero cualquier reforma en esta área choca con "los bajos incentivos financieros" que reciben quienes laboran en centros científicos e institutos de investigación, apuntó Ríos. "No es atractivo ser científico en la rama agropecuaria, no resuelves las necesidades básicas con el salario que te pagan", observó.
El sector está marcado, además, por "estilos de trabajo diseñados para consumir, no para generar beneficios, que ven el conocimiento como una cuestión estática", indicó Ríos, partidario de un cambio de metodología en laboratorios y centros docentes, a favor de una mayor vinculación con los productores y los problemas locales.
En Cuba, más de 54 por ciento de la tierra agrícola no está cultivada, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE). De esa área, cerca del 34 por ciento está ociosa, y el resto cubierta de pastos y forrajes.
Aunque el Estado poseía el 35,8 por ciento de los terrenos aptos para la agricultura en 2007, sólo aprovechaba el 23,2 por ciento. Mientras, el sector no estatal conseguía sacar frutos al 76,8 por ciento de sus áreas, un resultado que era particularmente elevado entre los campesinos dispersos y los reunidos en cooperativas de créditos y servicios.
"Tenemos que empezar a identificar de qué modo esta iniciativa puede quedarse en fundamentos políticos a nivel local", señaló Ríos, de 46 años.
El investigador considera que el empoderamiento, dado porque "la gente se siente dueña de tomar decisiones y diseñar lo que quiere", genera nuevas formas de gobernabilidad.
"Hay una gobernabilidad que viene de abajo, con los productores, y otra la convencional, del Poder Popular (gobiernos locales)", advirtió Ríos. "El reto es tratar de integrar estas dos maneras de gobernar, esto puede ser muy interesante y lo local jugar un papel importante en el desarrollo", aseveró.
