«No vamos a dejar que una topadora venga y destruya nuestro lugar. Si es posible, usaremos nuestros hijos como escudos. Tendremos que hacerlo», dijo Eric Lavella, trabajador de una fábrica de Firestone en esta ciudad, donde existe la mayor plantación de caucho de Liberia.
El barrio donde vive Lavella —habitado por unas 3.000 personas, incluyendo empleados de la fábrica, trabajadores retirados, comerciantes y ocupantes ilegales, según estimó el líder de la comunidad, el reverendo Johnson Flumo— está conformado por chozas de metal ubicadas dentro del viejo mercado de Harbel.
Después de más de dos décadas de vender comida, ropa y artículos plásticos chinos, los días de los habitantes del mercado parecen estar contados. Firestone pretende trasladar el mes próximo a los vendedores a un nuevo mercado recién construido y demoler el viejo. El nuevo edificio tendrá lugar para 100 puestos de venta, pero no para viviendas. Ambos lugares están en tierras que la empresa fabricante de neumáticos arguye son de su propiedad hasta que venza el contrato de usufructo en 2041.
"Firestone ha permitido a individuos que no trabajan para la compañíavivir gratis en el lugar del viejo mercado desde el fin de la guerra civil en 2005", indicó la firma en una declaración de prensa. "Estos individuos han sido notificados de los planes de renovación, y se les ha pedido que busquen una vivienda alternativa".
Mientras, los habitantes del mercado presentaron una iniciativa ante la justicia contra el desalojo.
"En 1987 se alcanzó un acuerdo de caballeros con Firestone, según el cual el mercado sería independiente y autónomo bajo la LMA (Asociación Liberiana de Vendedores)", dirigida por el gobierno, explicó Henry Mulbah, ex empleado de la compañía y líder sindical, que ahora coordina los esfuerzos legales de los habitantes del mercado junto al reverendo Flumo.
"Le permitieron a las personas construir sus comercios y depósitos con una habitación para que alguien pudiera dormir allí. A los vendedores se les fue con el tiempo permitiendo que se mudaran con sus familias", explicó Mulbah.
"Quieren quedarse porque no tienen otro lugar a dónde ir, pero en caso de que sean desalojados, quieren una compensación. El tema clave es que el gobierno de Liberia ha recolectado impuestos" en el viejo mercado, agregó.
Firestone, compañía estadounidense comprada por el conglomerado japonés Bridgestone hace 20 años, obtuvo derechos exclusivos sobre 400.000 hectáreas de tierra fértil liberiana en 1926. La empresa desde entonces ha sido vinculada con una serie de abusos laborales, incluyendo el empleo de niños y niñas como trabajadores, una excesiva presencia de seguridad privada y un pobre historial ambiental.
La empresa, "ahora bajo inmensa presión, ha hecho algunos cambios para tratar estos problemas. Sin embargo, algunos de estos cambios quedaron cortos en el marco de las reformas completas y de largo alcance que se necesitan para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los empleados", señaló la Save My Future Foundation (SAMU), con sede en Monrovia, que sigue de cerca la situación junta a la organización internacional Global Witness.
Después de una polémica renegociación de contrato en 2005, auspiciada por el entonces gobierno de transición al término de la brutal guerra civil liberiana, las fuertes críticas de organismos internacionales, como la misión de mantenimiento de paz de la Organización de las Naciones Unidas en el país, ayudaron a presionar a la compañía para que revisara los términos de su concesión una vez más con el gobierno de la presidenta Ellen Johnson- Sirleaf.
"El nuevo contrato no considera una tercera parte. Es sólo el gobierno y Firestone", dijo a IPS el director de SAMFU, James Makor.
"La gente quería una audiencia pública, pero al día siguiente la ley fue aprobada por la legislatura nacional liberiana. Fue demasiado rápido, como si todo ya estuviera programado. No se pudo hacer nada", añadió.
La presidenta Sirleaf intervino para posponer la demolición, originalmente programada par octubre, para que así los habitantes del viejo mercado tuvieran tiempo de encontrar nuevas viviendas. Pero estos esperan que el tiempo que han vivido allí (algunos más de 20 años) sirva para convencer a los tribunales y les permitan quedarse.
Ami Kamara es una madre de 28 años originaria de Sierra Leona, y una de las afectadas por la mudanza. Ella vive en un cuarto que da a un frío, húmedo y estrecho corredor del mercado, con sus dos hijos y su esposo, un ingeniero subcontratado por Firestone que gana 60 dólares al mes.
"Durante la guerra estábamos aquí. Las cosas eran muy duras. Ahora estamos satisfechos con la paz. No tenemos a otro lugar a dónde ir", afirmó.
