Un tribunal de Sierra Leona revocó las condenas por traición a 11 hombres. Se trata de la primera apelación exitosa contra una sentencia de muerte en este país, abriendo la posibilidad de un eventual fin a la pena capital.
"Fue como un milagro, no podía creerlo. Estábamos llenos de emoción cuando el juez dijo que quedábamos absueltos", dijo Hindolo Trye, uno de los beneficiados por la revocación.
Los cargos —presentados contra 10 miembros de las ex organizaciones armadas opositoras Consejo Revolucionario de Fuerzas Armadas (AFRC) y el Frente Revolucionario Unido (RUF) y una civil— estaban relacionados con un ataque armado contra el arsenal de los cuarteles de Wellington, en los suburbios de Freetown, en enero de 2003, en un aparente intento de derrocar al gobierno del presidente Ahmad Tejan Kabbah (1996-1997 y 1998-2007).
"La absolución de los 11 prisioneros condenados es algo fenomenal", dijo Brima Sheriff, director de Amnistía Internacional en Sierra Leona.
"Ésta es la primera vez en la historia de este país que prisioneros condenados ganan su apelación y son liberados especialmente por la condena de traición", agregó.
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Tristemente, Osho Williams, abogado y parlamentario por el Congreso de Todos los Pueblos, que representó a los 11 condenados durante su juicio de 2004 y su posterior apelación, falleció apenas unos días después de obtener esta victoria.
Esta revocación de una decisión judicial previa subrayó un argumento clave contra la pena de muerte: el hecho de que un error en el veredicto nunca puede corregirse una vez ejecutado.
El Tribunal de Apelaciones absolvió a los condenados por errores de procedimiento durante su juicio: el magistrado no analizó la evidencia presentada por la fiscalía ni la relacionó con la ley, y tampoco dirigió adecuadamente al jurado sobre la ley relativa a los cómplices. Esto último involucra el peligro de condenar sobre evidencia no corroborada de un cómplice.
En Sierra Leona, el asesinato, el robo agravado y la traición son delitos capitales.
Sin embargo, no hubo ejecuciones judiciales desde octubre de 1998, cuando 24 miembros del AFRC condenados por traición fueron ejecutados públicamente luego de un juicio realizado ante un tribunal militar.
Una de las recomendaciones clave de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación —creada en 2000 por el gobierno para crear un registro histórico imparcial de abusos a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado y proporcionar un foro para que víctimas y perpetradores relaten sus experiencias— fue consagrar el derecho a la dignidad humana y abolir la pena de muerte.
El informe de la Comisión llama explícitamente a revocar las leyes sobre la pena de muerte, adoptar una moratoria sobre todas las ejecuciones pendientes y a conmutar todas las sentencias por dictar.
Pero la Comisión de Revisión Constitucional de Sierra Leona recomendó solamente que la pena capital sea reemplazada por cadena perpetua en todos los casos de traición u otros delitos de naturaleza política que no resulten directamente en la muerte de otra persona.
"Esto no es suficiente. Exigimos un pleno compromiso del gobierno para una abolición de la pena de muerte", dijo el director de Amnistía en Sierra Leona.
Mientras, el 20 de noviembre, Sierra Leona se abstuvo de votar una moratoria sobre la pena de muerte en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Esta abstención fue condenada por muchos activistas por los derechos humanos.
El país todavía tiene 13 prisioneros —10 hombres y tres mujeres— que aguardan ser ejecutados en la prisión de máxima seguridad de Pademba Road, según funcionarios de la misma cárcel.
Mambu S. Feika, director de Prison Watch —organización que controla todas las cárceles en Sierra Leona— dijo a IPS que la absolución de los condenados no sólo introdujo fe en el sistema judicial sino esperanza para los otros 13 prisioneros que esperaban ser ejecutados.
"El gobierno anterior, de Tejan Kabbah (1996-2007), observó una moratoria a la pena de muerte. La (actual) administración de Ernest Bai Koroma empezó bien en materia de pena de muerte. Notamos su disposición a eliminar ese castigo en nuestros estatutos y estas señales son buenas para los 13 que quedan esperando ser ejecutados", señaló.
El fiscal general y ministro de Justicia, Serry Kamal, dijo a IPS que el presidente todavía se reserva la decisión de aprobar la pena de muerte prescrita por los tribunales, pero que no le recomienda firmar la orden de ejecución para ningún prisionero condenado.
"Osho luchó para salvar nuestras vidas. Es una lástima que tuviera que perder la suya antes de poder vernos vivir de nuevo. Esperamos que su partido, que está en el poder, viva su sueño de abolir la pena de muerte", expresó Hindolo.
