Aumenta la presión para incluir en la nueva Constitución de Kenia una Política Agraria Nacional que garantice el acceso igualitario a la tierra para hombres y mujeres.
Esto es importante porque "fue bajo la antigua ley que las mujeres sufrieron varios abusos a sus derechos a la tierra y a la propiedad, principalmente por la falta de control de las mujeres casadas sobre la propiedad y por una división desigual de ésta en el divorcio o la separación", observó Evelyn Opondo, del capítulo keniata de la Federación de Mujeres Abogadas (FIDA-Kenia), en un foro sobre el derecho a la tierra realizado en noviembre en Nairobi.
El proyecto de política agraria, que actualmente espera la aprobación del gabinete, reconoce "gruesas disparidades en la propiedad de la tierra, así como discriminación en la sucesión, transferencia de tierra y exclusión de mujeres en los procesos de toma de decisiones sobre la tierra".
La tierra es una cuestión espinosa en este país del oriente africano. Es la principal fuente de sustento y de riqueza material para una mayoría, y ostenta un significado cultural para muchos keniatas.
Pese a esto, quienes tienen el poder para controlar los recursos de los hogares, entre ellos la tierra, son los hombres. Según los analistas, el problema se ve exacerbado por el Poder Judicial, ampliamente conservador, que ha continuado emitiendo veredictos que no favorecen a las mujeres.
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Resulta ilustrativo de esto el caso de Jacinta Wanjiku Kamau contra su esposo Isaac Kamau Mungai.
El esposo vendió la tierra de su familia sin consentimiento de la mujer ni de sus ocho hijos adultos. La familia dependía únicamente de la tierra para sus cultivos comerciales y de subsistencia, y vivía en una causa ubicada en esa propiedad.
La venta no contempló los intereses de Jacinta Wanjiku Kamau y, al completarse la transacción, el comprador, Ndirangu Gatigi, amenazó con desalojar a la familia de la tierra, lo que alentó a Kamau a comparecer ante tribunales.
Sin embargo, estos sostuvieron que "nunca fue un requisito práctico ni legal que antes de que el propietario legal de un segmento de tierra se deshaga del mismo deba consultar a una tercera parte, sea ésta su esposo o esposa".
Peter Echaria, funcionario público, se casó con Priscilla en 1964. Ella tenía su propia carrera —primero como funcionaria de educación, luego como asesora de administración—, pero tuvo que dejar de trabajar para acompañar a su esposo al exterior cuando lo destinaron a un puesto diplomático. Esto tuvo dolorosas consecuencias.
Cuando se divorciaron, en 2001, el tribunal tuvo que determinar la división de unas 48 hectáreas, que eran propiedad de los dos. En su fallo, el órgano judicial señaló que "la cuota de beneficio de cada cónyuge ante la propiedad matrimonial depende de sus respectivas porciones probadas de contribución financiera, ya sea directa o indirecta, hacia la adquisición de la propiedad".
Priscilla Echaria recibió apenas la cuarta parte de la tierra.
Además, el tribunal dijo que "el estatus del matrimonio por sí solo no da derecho a un cónyuge al usufructo de la propiedad registrada a nombre del otro, y tampoco el desempeño de las obligaciones domésticas. Ni siquiera el hecho de que la esposa sea ahorrativa en los gastos del hogar".
Según activistas por la igualdad de género, esta interpretación no reconoce las contribuciones indirectas de las mujeres en sus roles productivos, reproductivos y comunitarios.
Hay muchos casos como éste. Hilda Nguyai, encargada de servicios al cliente de FIDA-Kenia, dijo que la organización recibió 400 casos de herencias desde enero hasta fines de octubre de este año, la mayoría de los cuales involucraron tierras. Las cifras han aumentado con los años.
"A muchas mujeres se les negó la tierra. Algunas son desheredadas por sus familiares políticos cuando fallecen sus esposos. Algunas son perseguidas y se les prohíbe acceder a propiedades matrimoniales", explicó en una entrevista con IPS.
La Ley de Propiedad de las Mujeres Casadas, que actualmente regula la división de la propiedad matrimonial, fue aprobada por los colonialistas británicos en 1882. Organizaciones feministas y de derechos humanos ahora exigen que la norma sea abolida.
Sus reclamos se reflejan en la propuesta política agraria, que estipula la necesidad de que el gobierno establezca un marco legal que dividirá la tierra y otras propiedades matrimoniales de modo equitativo entre los cónyuges.
La política también busca proteger los derechos de las viudas, los viudos y divorciados, mediante la aprobación de una ley sobre copropiedad de los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Se cree que esto será una protección contra actos de venta e hipoteca de tierras familiares sin el involucramiento de los cónyuges.
Aunque aumentan los pedidos de legislación que proteja a las mujeres contra la discriminación en la división de tierras y otros bienes matrimoniales, la cultura parece ser un obstáculo.
"Hay prácticas tradicionales que debilitan los esfuerzos que buscan apoyar el acceso de las mujeres a la tierra, y son ampliamente usadas", observó Rosemary Wachira, coordinadora del proyecto de política agraria.
Por toda Kenia y África, frecuentemente se invoca la cultura y la tradición para conceder los derechos de la tierra a los hombres, a veces incluso sosteniendo que las mujeres tienen prohibido poseer y heredar tierras.
Mujeres y activistas por los derechos humanos sostienen que las campañas de educación pública son cruciales para alentar a las comunidades a abandonar prácticas que impiden que las mujeres posean y hereden tierras familiares. Pero responder a la pregunta de cuánto tiempo llevará erosionar esas prácticas culturales puede ser un capítulo aparte.
