Los mercenarios contratados por empresas militares y de seguridad privadas actúan cada vez en más escenarios de América Latina, como explotaciones mineras, fronteras, cárceles y ahora también en ayuda humanitaria, dijeron expertos de la ONU reunidos esta semana en esta ciudad suiza.
Por otro lado, unos 3.000 latinoamericanos, en su mayoría chilenos, peruanos, colombianos y hondureños prestan servicios en las zonas de conflicto de Iraq.
Además, la colaboración de un comando de mercenarios israelíes, integrado por ex militares de esa nacionalidad especializados en tareas de inteligencia, ha permitido al gobierno de Colombia asestar duros golpes a la guerrilla izquierdista, dijo la colombiana Amada Benavídes de Pérez, una de los cinco integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios.
Ese organismo, creado en 2005 por la desaparecida Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), discutió la posibilidad de elaborar nuevos instrumentos legales de alcance internacional que regulen las actividades crecientes de compañías privadas militares y de seguridad.
El caso más crítico de América Latina con respecto al empleo de mercenarios se registra en Colombia, precisó Benavídes, quien se describe como educadora, internacionalista y ex decana de la facultad de derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública de su país.
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Las informaciones recogidas por un grupo académico colombiano, integrado por profesores de varias universidades y también por organizaciones no gubernamentales, han permitido obtener datos de las bases, es decir, de las víctimas, y de lo que realmente está pasando en Colombia con relación a los mercenarios, dijo Benavídes.
Los servicios que prestan las empresas privadas militares y de seguridad se distribuyen en modalidades variadas.
En primer lugar figuran las empresas que trabajan en territorio del país en el marco del Plan Colombia, las políticas de los últimos gobiernos colombianos, concertadas y financiadas por Estados Unidos, principalmente para combatir el narcotráfico y las guerrillas izquierdistas.
En virtud de ese entendimiento, 25 compañías extranjeras actúan en ese país, empleando a 800 personas, llamadas "contratistas privados", que en su mayoría son estadounidenses de origen latinoamericano, precisó Benavídes.
El número puede ser aun mayor, quizás el doble, porque cada 15 días se produce la rotación de ese personal y arriba un nuevo contingente similar de Estados Unidos, dijo la experta de la ONU.
La característica más singular de esta operación es que todos esos "contratistas privados" gozan de la misma inmunidad diplomática de los miembros de la misión estadounidense en Colombia, lo cual los exime de los alcances de las leyes nacionales.
Ya hemos documentado que integrantes de ese grupo de contratistas han cometido violaciones y delitos que Bogotá no puede siquiera investigar porque el acuerdo bilateral con Washington se lo impide, observó.
En consecuencia, en el territorio colombiano hay por lo menos 800 personas sobre las cuales el gobierno no tiene control alguno, y que están trabajando en el Plan Colombia.
Esas personas, que pasan generalmente desapercibidas entre la población en razón de su origen latinoamericano, residen en bases estadounidenses.
Benavídes recordó que en julio pasado, cuando la dirigente política colombiana Ingrid Betancourt recuperó su libertad tras más de seis años de cautiverio por las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también fueron liberados tres contratistas estadounidenses "expertos en fumigación", dijo.
Fuentes periodísticas afirmaron en ese momento que los tres estadounidenses, Thomas Howes, Keith Stansele y Marc Gonsalves, capturados en 2003, trabajaban para la empresa California Microwave Systems, que prestaba servicios al Departamento de Defensa de Estados Unidos para recoger información sobre plantaciones de drogas.
Las mismas fuentes dijeron que las FARC sostenían que Howes, Stansele y Gonsalves formaban parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el órgano de espionaje exterior de Estados Unidos.
Otra variante de la presencia de mercenarios en Colombia son las empresas, en su mayoría estadounidenses y británicas, que dan servicios de seguridad a firmas extractivas, también extranjeras, sobre todo petroleras, aunque también mineras.
Esta actividad representa algunos riesgos porque en muchos casos se realizan en territorios pertenecientes a indígenas u a otras comunidades nativas. Las compañías privadas de seguridad impiden la entrada a esas tierras e inclusive el acceso a las aguas, apuntó Benavídes.
El grupo de trabajo de la ONU sobre mercenarios ha documentado casos similares en Perú y Ecuador, donde la acción de las empresas privadas de seguridad ha perjudicado severamente a las comunidades afincadas en áreas colindantes con las zonas mineras, dijo.
La tercera forma de intervención de mercenarios en Colombia es la referida participación de expertos en logística de Israel, que trabajan para el Ministerio de Defensa colombiano.
Muchos de los golpes y de los aciertos que han tenido el gobierno y las fuerzas militares de Colombia en frenar a la guerrilla en dependieron de esa ayuda de inteligencia militar de los mercenarios israelíes, remarcó Benavídes.
La última variedad de los mercenarios en Colombia son las 500 personas de esa nacionalidad que se encuentran en Iraq. No hay datos oficiales sobre ese número, "pero nuestras propias informaciones y las recogidas por académicos extranjeros que han venido a investigar a Colombia", arrojan esa cifra, señaló la experta.
Con relación a los cerca de 3.000 latinoamericanos que se encuentran en Iraq, originalmente procedían de Chile, Perú, Colombia y Honduras. Pero en los últimos tiempos se han agregado otros oriundos de El Salvador y Guatemala, precisó. No hay informes sobre la presencia en Iraq de argentinos, brasileños o uruguayos, agregó.
Pero puede ocurrir que la empresa chilena que envió mercenarios a Iraq haya tenido personería jurídica en Uruguay. Por tanto, si surge un problema legal con uno de esos "contratistas", el caso no se dirimiría en Chile, explicó Benavídes.
Sin embargo, ocurrirá que tampoco sería en Uruguay, porque el contrato no se firmó en ese país, sino en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Pero los estadounidenses responderían que tampoco les cabe responsabilidad porque el acto se cometió en Iraq.
Este ejemplo demuestra el vacío jurídico que existe en el ordenamiento internacional y que el grupo de trabajo de la ONU se propone llenar a través del estudio de un nuevo instrumento universal que cubra las lagunas de las legislaciones nacionales.
El caso de Colombia es ejemplar porque tiene una regulación para las empresas privadas nacionales de seguridad, pero carece de toda norma al respecto para las compañías extranjeras de la misma índole, dijo Benavídes a IPS.
Un aspecto llamativo del problema de los mercenarios es la ubicación de los integrantes de los grupos paramilitares, que han estado muy activos en Colombia en los últimos decenios.
Benavídes dijo a IPS que los paramilitares no son mercenarios porque esa condición sólo abarca a los extranjeros. Sin embargo, la experta aceptó que entre los contratados que trabajan para las compañías privadas que prestan seguridad a las petroleras y mineras, una gran mayoría son de nacionalidad colombiana.
