Militares y un policía que encubrieron desde tribunales marciales a violadores de los derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) volverán a cumplir funciones en ese fuero, por decisión del actual presidente de Perú, Alan García.
Una organización pakistaní declarada terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU insiste en que su labor es humanitaria y anunció que apelará las sanciones en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
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