El gobierno de Líbano impulsa la abolición de la pena de muerte ayudándose de la televisión. Un canal podrá interrogar al ministro de Justicia, Ibrahim Najjar, sobre los detalles del proyecto que se pretende someter a votación del parlamento en una fecha aún no especificada.
"En breve, el ministro revelará los detalles del proyecto de ley a un canal de televisión que obtuvo los derechos exclusivos para difundir" la entrevista, informó su despacho.
Najjar no quiere hablar del asunto hasta entonces. Tampoco se informó la fecha en que el proyecto será enviado al parlamento.
La propuesta de abolir el máximo castigo fue divulgada el 10 de octubre con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte.
Ese día, Najjar dio detalles del proyecto al gabinete, tras lo cual hizo unas breves declaraciones a la prensa y señaló que la idea era conmutar la pena por cadena perpetua con trabajo forzado.
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La abolición de la pena capital se enmarca en los valores religiosos y humanitarios de este país de Medio Oriente, así como en su cultura legal, arguyó entonces.
"Las medidas de prevención son mucho más efectivas que la pena capital para reducir la delincuencia", subrayó.
El proyecto de derogación llega tras años de arduo trabajo de activistas contrarios a ese castigo extremo.
"Confío en que la aprobación de la ley es sólo una cuestión de tiempo", dijo a IPS el director de la Asociación Libanesa de Derechos Civiles, Walid Sleybi.
"La sociedad no puede contemplar expectante cómo se matan personas, aun si son culpables. Un delito nunca debe castigarse con otro delito", subrayó.
"Los últimos estudios muestran que la pena capital no contribuye a disminuir la cantidad de delitos. Al revés, la gente recurre a la violencia porque el Estado emplea el máximo castigo", explicó el activista.
Sleybi hace mucho que trabaja en defensa de los derechos civiles en Líbano, promueve movimientos no violentos y lucha contra el sectarismo. Además publicó "La pena de muerte mata", en 1997, una crítica a ese castigo extremo.
En 2004, el movimiento contra la pena capital, en el que participaron siete legisladores, entre ellos el activista de larga carrera Ghassan Mokhaiber, propuso un proyecto de abolición. Pero el contexto político no fue propicio: el asesinato del primer ministro Rafik Hariri, en 2005, y la consiguiente paralización del parlamento impidieron someter la propuesta a votación.
"Tenemos esperanzas ahora que el parlamento sesiona con regularidad", apuntó Sleybi, y añadió que las ejecuciones en Líbano tienen fuertes connotaciones políticas.
"Los presidentes han recurrido a la pena de muerte como instrumento para reafirmar su poder y control sobre el Estado, en especial tras la guerra civil, de 1975 a 1990. Ello se hizo evidente con Elias Hrawi (1989-1998), cuando hubo la mayor cantidad de ejecuciones", indicó.
"La dimensión política y sectaria de las ejecuciones en Líbano quedó demostrada con la de Ahmad Mansour, el chiita responsable de una matanza ocurrida en 2004", apuntó.
El imputado fue hallado culpable del asesinato de ocho personas en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en Beirut, siete de los cuales eran cristianos. Fue condenado a muerte y acusado de orquestar un crimen de odio sectario.
Para mantener el delicado equilibrio de este país con 18 organizaciones religiosas reconocidas, fueron ejecutados, además de Mansour, Badih Hamadeh, sunita acusado de matar a tres integrantes de inteligencia cuando resistía a su arresto en 2002, y Remy Zaatar, cristiano, acusado de asesinar a dos guardias civiles en 2000.
Las sentencias fueron cumplidas en flagrante violación con una moratoria impuesta en 1998, bajo presión de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, tras el ahorcamiento de dos hombres condenados por asesinato en una plaza pública de la septentrional localidad de Tabarja ese mismo año.
Las ejecuciones fueron difundidas por las cadenas de televisión de Líbano. Dos de los cuerpos quedaron un par de horas tirados en exposición.
Desde la independencia de Líbano, en 1943, hubo 51 ejecuciones, otras fueron suspendidas o están pendientes.
Sólo hombres fueron ejecutados entre 1947 y 2001, 45 por ciento de los cuales tenían entre 19 y 27 años.
Durante la guerra civil, las ejecuciones fueron interrumpidas.
En mayo de 2007, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas autorizó un tribunal especial para juzgar a los sospechosos del asesinato de Hariri.
Líbano aceptó que el máximo castigo que pudiera dictar ese tribunal fuera cadena perpetua y no la pena de muerte.
