El diálogo entre las dos principales corrientes políticas palestinas fracasó antes de empezar, pues el presidente Mahmoud Abbas, del partido secular Fatah, se niega a liberar a 400 partidarios del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) presos en Cisjordania.
Hamás, que triunfó en las elecciones legislativas de enero de 2006 y se arrogó el poder de la franja de Gaza por las armas en junio de 2007, exigió la libertad de los detenidos como condición para participar en las conversaciones en El Cairo, a instancias de Egipto.
La semana pasada, Hamás liberó a 80 presos de Fatah detenidos en Gaza, y exigió lo mismo de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por Abbas, en Cisjordania.
Ambas facciones siguen deteniendo, torturando y persiguiendo a sus oponentes políticos en su puja por dominar los dos territorios palestinos, denuncian organizaciones de derechos humanos.
La ANP montó una extensa campaña contra sus opositores en este territorio.
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La mayoría de los presos de Hamás en Cisjordania no tienen ninguna relación con el brazo militar del movimiento ni con sus actividades de finanzas.
Las detenciones practicadas por ambas facciones no tienen fines políticos ni nada que ver con cuestiones de seguridad ni delincuencia.
"En los últimos dos meses notamos que existe una gran campaña en Cisjordania contra presuntos partidarios de Hamás", señaló Shawan Jabarin, de la organización de derechos humanos Al-Haq, con sede en esta ciudad.
La decisión de Hamás de liberar a presos políticos fue un paso en la dirección correcta, según Raji Sourani, director del reconocido Centro Palestino de Derechos Humanos, con sede en Gaza, quien urgió a la ANP a hacer lo mismo.
"Pero nos preocupa el control de Hamás sobre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que pone en riesgo la imparcialidad del sistema. Los continuos abusos hacen más difícil para ambas facciones establecer una base política común", apuntó.
El último informe trimestral de Al Haq, divulgado a fines de septiembre, documenta las distintas formas de tortura y abusos aplicados por ambas partes a sus opositores.
Se estima que entre 20 y 30 por ciento de todos los presos políticos fueron sometidos a duras golpizas y atados en distintas posiciones dolorosas, indicó Jabarin.
"La tortura y el maltrato a los presos es una tendencia que se ha generalizado", sostiene el informe. Además señala que en muchos casos, los fallos judiciales que ordenan liberar a los detenidos fueron ignoradas por los servicios de inteligencia.
En Gaza como en Cisjordania, las autoridades no suelen presentar a los detenidos ante el fiscal en las primeras 24 horas, como exige la ley. Además, los abogados tienen dificultades para reunirse con sus clientes, quienes suelen desconocer las razones de su detención.
Los periodistas vinculados con la oposición también han sido víctimas de abusos, con lo cual muchos de ellos tienen miedo de expresar sus opiniones.
Human Rights Watch (HRW) divulgó un informe en julio que tituló, "Territorios palestinos ocupados: Nuevas detenciones revelan abusos de Hamás y Fatah".
"Y desde entonces, el uso de la tortura aumentó", observó el experimentado investigador Fred Abrahams.
Muchos detenidos murieron tanto en Gaza como en Cisjordania.
El ministro de Justicia de la ANP, Ali Khashan, declaró que su cartera trataba de mejorar la situación mediante un mayor presupuesto para la policía para mejorar la protección de testigos, jueces y detenidos.
"Creamos una comisión para estudiar las violaciones de derechos humanos y tuvimos que intervenir en muchos casos en los que no estábamos de acuerdo con la justicia", dijo Khishan a IPS.
La idea de organizaciones de derechos humanos y legisladores de crear una comisión para controlar las detenciones políticas nunca llegó a plasmarse, pese a contar con el visto bueno de Abbas, porque los servicios de seguridad, controlados por él, se negaron a cooperar.
"Hamás hace todo lo que puede para proteger a los civiles, incluso desarmar a muchos delincuentes y a otras personas armadas de clanes rivales, además de permitir a las organizaciones de derechos humanos visitar a los detenidos", dijo a IPS el portavoz del movimiento, Ghazi Hamad.
Pero ninguna de las facciones ha procesado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad por los abusos, incluidas ejecuciones sumarias, mutilaciones y torturas.
"Para peor, la justicia penal de Gaza y Cisjordania está viciada", según el informe de HRW.
"Tras la orden del presidente Abbas a los magistrados de boicotear las entidades judiciales de Gaza en junio de 2007, Hamás designó a otros fiscales y jueces, aunque no tenía la autoridad legal para hacerlo, pero no tienen la experiencia necesaria", añadió.
Castigar a los responsables por el trato dispensado a la población civil es todo un problema en Gaza porque el sistema judicial está fractrado entre Hamás y la ANP.
"Hamás echó al fiscal general, designado por la ANP, y nombró a otro. En represalia, jueces y legisladores de la ANP boicotean la justicia", dijo a IPS Sourani.
A todo ello se suma el lamentable estado de las instalaciones de seguridad y de justicia en los territorios palestinos por los ataques israelíes.
El desplazamiento de las fuerzas de seguridad palestinas está muy limitado por el Estado judío y se necesitan permisos para entrar a cualquier parte de Cisjordania, bajo control de Israel, lo que insume tiempo.
Israel dio su visto bueno, de hecho, al excesivo uso de la fuerza y sostiene que la ANP está obligada a actuar de esa forma para seguir adelante con la hoja de ruta.
El jefe de la inteligencia israelí, Yuval Diskin, describió la cooperación con las autoridades de Cisjordania en materia de seguridad como "excelente, en especial en el combate al terrorismo".
También mencionó la clausura de 60 instituciones civiles vinculadas a Hamás.
Otros problemas que aquejan a las autoridades palestinas son la falta de controles independientes.
"Con poca experiencia en la investigación de delitos y sin capacidades forenses, las fuerzas de seguridad se basan en confesiones para resolver los casos, lo que estimula el maltrato físico y psicológico de los detenidos", remarcó HRW.
