Activistas por los derechos humanos, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes, reclamaron a los gobiernos que protejan a las trabajadoras domésticas.
La organización Human Rights Watch (HRW), con sede en Nueva York, señaló en una declaración que las migrantes y trabajadoras domésticas continúan siendo víctimas de abusos, particularmente en algunas naciones asiáticas y de Medio Oriente, sobre todo debido a la reticencia de las autoridades a adoptar medidas necesarias para protegerlas.
Sólo un pequeño porcentaje de esas mujeres tiene acceso al sistema de justicia en los países en los que trabajan. Y las que lo logran y presentan evidencias de abusos o violación raramente ganan los juicios, agregó HRW.
"Existen innumerables casos de empleadores que amenazan, humillan, golpean, violan y algunas veces asesinan a las trabajadoras domésticas", afirmó Nisha Varia, subdirectora de la división de derechos de la mujer de HRW.
"Los gobiernos deben castigar a los empleadores abusivos a través del sistema de justicia y prevenir la violencia reformando las políticas de inmigración y laborales que dejan a esas trabajadoras a merced de quienes las contratan", agregó.
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Un gran número de empleadas domésticas provienen de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal. La mayoría trabajan en Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y otros países de Medio Oriente, donde no gozan de la protección de las leyes laborales.
El riesgo de abuso se incrementa por las políticas migratorias que ligan las visas de esas trabajadoras a sus empleadores, quienes pueden controlar sus posibilidades de cambiar de empleo o retornar a sus países de origen. En muchos casos se aprovechan de su autoridad para mantenerlas encerradas, retener sus salarios o maltratarlas de diversas maneras.
Los funcionarios de esos países reciben miles de quejas al año de empleadas domésticas. La mayor parte están referidas a salarios impagos, falta de comida, largas horas de trabajo y ausencia de descanso. Muchas denuncian abusos verbales, físicos y sexuales.
Gran parte de esos casos jamás son informados oficialmente, debido a que las trabajadoras permanecen encerradas en las casas, ignoran sus derechos y los empleadores tienen el poder de deportarlas antes de que soliciten ayuda.
En un pequeño número de casos, las autoridades han comenzado a enjuiciar y castigar a los empleadores abusivos, aunque con diversa intensidad.
Este año en Singapur, varios empleadores fueron condenados por golpear a sus trabajadoras domésticas y recibieron sentencias de entre tres semanas y 16 años de prisión. En Malasia, este mes, un hombre fue condenado a 32 años de cárcel por violar a su empleada y su esposa a seis años en carácter de cómplice.
Sin embargo, muchos sistemas judiciales tienden a victimizar a las denunciantes, a quienes no se hace justicia o deben enfrentar larguísimos procesos.
En mayo, un tribunal de Riyadh dejó de lado los cargos contra un empleador saudita que abusó de Nour Miyati, una empleada inmigrante de Indonesia, a pesar de la confesión del hombre y la contundente evidencia física.
Miyati era golpeada diariamente. Los dedos de sus pies y sus manos debieron ser amputados a causa de la gangrena. Durante los tres años que duró el proceso legal la mujer permaneció en un hacinado refugio de la embajada de su país, sin poder trabajar ni retornar a su hogar. En un momento llegó a ser condenada a recibir 79 latigazos por cambiar su testimonio, aunque luego se dejó de lado la aplicación de ese castigo.
Éste "ha sido un año de oportunidades perdidas", afirmó Varia. "Aunque la mayoría de los gobiernos han comenzado a pensar en introducir algunas reformas, muchas de esas discusiones se han estancado. Ofrecer servicios de apoyo a las víctimas y enjuiciar a los abusadores son cambios que no pueden esperar", agregó.
En su declaración, HRW pidió a los gobiernos que reformen las políticas de inmigración para que los empleadores dejen de tener control sobre las visas, que entrenen a los funcionarios policiales y judiciales para que respondan apropiadamente a las quejas de las trabajadoras domésticas y enjuicien a los responsables de los actos de violencia psicológica, física y sexual.
El 25 de noviembre fue establecido en 1999 como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en homenaje a las hermanas Mirabal.
María Teresa, Patria y Minerva Mirabal, "Las Mariposas", como se las conocía a las tres hermanas activistas demócratas de República Dominicana, fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del entonces dictador Rafael Leonidas Trujillo. Antes habían sido detenidas y torturadas en varias oportunidades.