El Tribunal Constitucional de Costa Rica reconoció suficiente la unión de hecho para regularizar el estatus de los inmigrantes, algo a lo que se opone la Dirección General de Migración, que alerta una inundación de extranjeros.
Se analiza "con mucha prudencia esta resolución porque implica una apertura migratoria que tememos genere un desembarco masivo", dijo a IPS el director de Migración, Mario Zamora.
El voto 16978 de la Sala IV del Tribunal declara inconstitucional el artículo 69 de la nueva Ley de Migración y Extranjería, todavía en trámite, según la cual la unión de hecho no tenía ningún efecto jurídico migratorio.
Muchos de los inmigrantes nicaragüenses, que constituyen la comunidad mayoritaria, conviven en pareja con costarricenses.
La unión de hecho está reconocida como instrumento legal en Costa Rica desde 1995, y por ello, según este fallo, emitido la semana pasada, la nueva ley migratoria entraría en contradicción con la Constitución, al desproteger la familia surgida de esta figura, con una diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.
Sin embargo, para Zamora, la unión de hecho es "una figura que genera problemas de aplicación, porque no se puede hacer una analogía con el matrimonio por los límites difusos que tiene".
La Dirección General de Migración no es "un ente acreditador de la unión de hecho. En Costa Rica ni si quiera existe un registro" de este tipo de relaciones, señaló.
Zamora cree que este paso es una puerta abierta a la operación de las mafias, "que si ya fingen las uniones conyugales, ahora les será más fácil, porque tienen que cumplir menos requisitos".
El director general de Migración teme "que aprovechen esto para hacer de las suyas". Además, ha recordado que ningún país ofrece beneficios migratorios a las uniones de hecho.
Zamora fue suspendido 15 días en su cargo tras una visita a la Asamblea Legislativa para explicar la nueva ley, ahora considerada inconstitucional.
El funcionario estaba citado ante los juzgados por una denuncia por supuestos atrasos de tramitación de expedientes, que derivaron en 200 recursos de amparo, con fallos contra el Estado.
El mismo día, el director general de Migración fue convocado "de urgencia" por los parlamentarios, a los que contestó preguntas sobre Ley de Migración, y asegura que avisó con suficiente antelación para solicitar un cambio de fecha de la audiencia judicial, a la que no pudo acudir.
"Me ha cogido de sorpresa, porque dice que se han perdido 200 recursos de amparo y que es mi responsabilidad. Es una resolución que jurídicamente tiene muchas inconsistencias. Hemos presentado un recurso para que la ministra de Seguridad (Janina del Vecchio) nos termine de dar la razón", señaló.
El máximo responsable migratorio se muestra "optimista" y confiado ante la resolución de este tema.
"Se me ha pisado mi derecho de defensa, que ha generado una resolución totalmente desfavorable a mis intereses", añadió. "Venimos haciendo bien las cosas. Hemos mejorado todos los indicadores en prestación de servicios y por ello carece verdad real".
Precisamente, esa es una de las cosas que pone sobre la mesa ante la denuncia recibida: "Lo que ocurre es que la persona que interpone la denuncia es un tramitador habitual en materia migratoria. Hay sectores a los que afecta nuestra modernización, que han sacado provecho de la situación anterior", sostuvo.
En los últimos dos años se han descentralizado los servicios tras firmar convenios con el Banco de Costa Rica, donde se ofrecen servicios migratorios.
Hoy han desaparecido las otrora habituales colas en Migración. "Cuando llegué, había filas desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, con gavilanes que cobraban entre 20.000 y 30.000 colones (entre 35 y 55 dólares aproximadamente)" por guardar el sitio.
Este año, 142.800 ciudadanos extranjeros han renovado su cédula de residencia "sin tener que venir a hacer filas a Migración".