Se instaló en Estados Unidos el debate sobre la necesidad de juzgar por torturas y crímenes de guerra a altos funcionarios del gobierno de George W. Bush, una posibilidad que parece no figurar entre las prioridades del presidente electo Barack Obama.
Pero, independientemente de si el vicepresidente Dick Cheney, el ex secretario (ministro) de Defensa Donald Rumsfeld u otros son llevados a los tribunales, un cambio radical parece certero: Obama se opone decididamente a la tortura, y es probable que esa práctica llegue a su fin tras su llegada al gobierno.
"En el pasado me desilusioné con otros presidentes, pero escucho a Obama y le creo cuando dice que no torturaremos. Eso es crucial", dijo Michael Ratner, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales.
Pero abandonar los métodos de interrogatorio abusivos puede no ser suficiente para recuperar la autoridad moral en materia de derechos humanos que perdió Estados Unidos durante la presidencia de Bush a los ojos de la comunidad internacional.
Si Obama no toma medidas contra las torturas de este periodo que termina, y se limita a discontinuar esa práctica, la puerta puede quedar abierta para que futuros gobiernos las apliquen en el futuro, dijo Ratner en un reciente foro realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
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"Si Obama realmente quiere asegurarse de que no torturaremos, debe abrir una investigación penal", dijo Ratner, autor de "The Trial of Donald Rumsfeld: A Prosecution in Book".
Los objetivos de tal investigación, sostuvo, serían los fácilmente identificables funcionarios de rango medio y alto del gobierno de Bush que diseñaron planes para permitir y justificar legalmente severos métodos de interrogatorio calificados de tortura por los activistas.
Entre ellos, figura el controvertido "waterboarding", equivalente al "submarino", popular durante las dictaduras latinoamericanas de los años 70.
Entre los que deberían, según Ratner, ser acusados figuran Cheney, Rumsfeld y el ex jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet, así como el equipo legal que elaboró lo que ahora se ve como una penosa justificación legal de la tortura, dijo Ratner.
Otros son abogados del gobierno de Bush a cargo de redactar la cubierta legal de estos mecanismos, como los criticados "memorandos de tortura" de la Oficina de Asesoramiento Legal (OLC) del Departamento de Justicia.
Entre ellos figuran el ex secretario de Justicia (fiscal general) y ex asesor de la Casa Blanca Alberto Gonzalez, el jefe de equipo legal de Cheney, David Addington, y el ex abogado de la OLC y profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, John Yoo.
Si los personajes que están detrás de estas violaciones del derecho estadounidense e internacional, los sucesores de Obama podrán decir: "Bueno, en nombre de la seguridad nacional puedo volver a torturar", planteó Ratner.
A los ojos del resto del mundo, "no hacer una investigación y un juicio da la impresión de impunidad", consideró.
En cambio, Stewart Taylor Jr, miembro de la Institución Brookings y colaborador habitual de las revistas Newsweek y National Journal, alegó que una investigación y un juicio no serían adecuados.
"Las personas a las que Ratner y otros llaman 'criminales de guerra' no creen haber actuado con impunidad", dijo Taylor.
En la edición de Newsweek del 21 de julio, Taylor exigió a Bush que perdonara preventivamente a cualquier funcionario del gobierno que pudiera ser responsabilizado de torturas o crímenes de guerra.
La lógica de Taylor era que, con temor a un juicio, nunca saldrá a la luz un relato completo y verdadero sobre lo que él llama "acciones oscuras".
Además, Taylor dijo, en el foro realizado en la Universidad de Georgetown, que una investigación y un eventual juicio "destrozarán al país".
Ése puede ser el pensamiento de Obama, quien además de insinuar que no investigará hechos de corrupción en el gobierno de Bush, declaró su intención de gobernar como un presidente de reconciliación política en su discurso posterior a la victoria electoral.
El 4 de este mes, en el discurso en que se proclamó vencedor de las elecciones en Chicago, Obama recordó una cita del líder por los derechos civiles de la minoría negra Martin Luther King, pero en vez de inclinar retóricamente el "arco de la historia" hacia la "justicia", como hizo King, Obama pidió que se incline "hacia la esperanza de un día mejor".
Pero Ratner dijo que el país ya estaba dividido, y que la división es exactamente lo que un futuro gobierno puede explotar políticamente para restaurar la tortura. Agregó que Obama debe cerrar la división y que actuar así no implicaría reavivar el pasado.
"Asegurarse de que en el futuro no torturemos de nuevo no es mirar hacia atrás", sostuvo Ratner.
Según Taylor, otro potencial problema con la investigación y el eventual juicio es que los funcionarios del gobierno de Bush buscaron subterfugios legales para justificar los métodos de apremio que promovieron. Y, de hecho, los abogados del gobierno los avalaron.
"No hay evidencia de que funcionarios de alto rango actuaran con intenciones criminales. Confiaban de buena fe por el asesoramiento legal" que recibieron, dijo.
Taylor señaló que como ese asesoramiento procedió del Departamento de Justicia, que reúne en Estados Unidos las funciones de fiscalía general y ministerio de justicia, sería contraproducente que esa cartera se "diera vuelta" y juzgara a personas por acciones que sus autoridades anteriores habían justificado explícitamente.
Pero el planteo de Taylor pierde de vista dos asuntos: que los a esos delitos presuntamente se les dio una luz verde legal a causa de la intervención de la Casa Blanca, y que Ratner propone investigar a esos mismos funcionarios del Departamento de Justicia que estuvieron involucrados a la hora de avalarlos.
Taylor dijo que "esos funcionarios, les guste o no, estuvieron honorablemente motivados" porque estaban "desesperadamente asustados" de otro ataque terrorista.
De todos modos, Ratner insistió en que los funcionarios, parte de "un grupo, conciliábulo o conspiración", pueden ser culpables porque fueron "asistentes e instigadores".
La OLC "no estaba dando asesoramiento independiente. Realizaba memorandos para ajustarse a una política que ya había sido determinada", aseguró Ratner.
Y aunque Taylor se apresuró en destacar que muchos gobiernos de Estados Unidos habían sido acusados de crímenes de guerra por varias fuentes, Ratner replicó que era la primera vez que Washington realmente desafiaba "la prohibición de la tortura".
Esa podría ser una razón por la que, si Estados Unidos no se ocupa de la tortura alentada por sus propios funcionarios de gobierno, ellos probablemente serán acusados judicialmente en Europa y otras partes.
En tribunales internacionales, esos ciudadanos estadounidenses no podrán ocultarse tras el escudo legal de memorandos gubernamentales internos o de decretos, opinó Ratner.
"No tienen defensa en el derecho internacional. Están terminados", sostuvo.
