Bancos portugueses que recibieron dinero destinado a políticos angoleños supuestamente implicados en tráfico ilegal de armas continúan guardando un riguroso silencio tras las denuncias publicadas por el diario lisboeta Público.
El Banco de Portugal, la institución encargada de regular la actividad bancaria en el país, se mantiene tras un muro de silencio, y las instituciones financieras mencionadas en la denuncia declinaron responder consultas de IPS este lunes, aduciendo la ley de secreto bancario.
La periodista experta en asuntos africanos de Público, Ana Dias Cordeiro, informó el 31 de octubre que "más de 21 millones de dólares recibidos por altos responsables del régimen de Luanda por el negocio ilícito de la venta de armas de Rusia a Angola pasaron por bancos portugueses".
La información en que se basó el artículo está en una lista de transferencias bancarias del "Angolagate", un escándalo que se ventila desde el 6 de octubre en un tribunal de París y que tiene como acusados a destacadas figuras que desempeñaron altos cargos en el Estado francés.
El proceso, que no tiene imputado a ningún angoleño, comprende un negocio ilícito calculado en 790 millones de dólares por la venta de 450 carros blindados de combate, seis corbetas, 12 helicópteros, 150.000 obuses y 170.000 minas antipersonales.
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Pero se estima que entre 1993 y 2000 Rusia vendió armas de forma ilegal a Angola por un monto de 4.000 millones de dólares.
Público cita un despacho del juez de instrucción Philippe Courroye, del tribunal parisino presidido por el magistrado Jean-Baptiste Parlos, que contiene la lista de transferencias bancarias por valor de 54 millones de dólares, hacia cuentas de altos funcionarios y de personas próximas al gobierno angoleño, como pagos de comisiones por ventas de armas en ese periodo de siete años.
De las 70 transferencias que suman 54 millones de dólares, 50 fueron a bancos de Portugal, por un monto de más de 21 millones de dólares.
Las sumas mayores fueron a la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD) y al Banco Comercial Portugués (BCP), las dos principales entidades bancarias de este país.
Los bancos Nacional de Crédito, Nacional Ultramarino —luego absorbido por la CGD—, Comercio e Industria, Totta & Açores, Pinto & Sotto Mayor —integrado en el BCP— y las sucursales portuguesas del español Bilbao Vizcaya Argentaria y del británico Barclays completan la lista de las instituciones citadas en el libelo acusatorio.
El elenco de beneficiarios está encabezado por el propio presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, con cinco millones de dólares, mientras otros 10 millones fueron depositados en la cuenta del ex embajador en Francia, Elísio de Figueiredo.
También fueron receptores de sumas no reveladas el ex jefe de la Casa Civil de la Presidencia, José Leitão, su esposa y su hijo, según el listado.
Entre los altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Angola implicados en transferencias se destacan los generales Fernando Araújo, Salviano Sequeira y Carlos Alberto Hendrick Vaal Neto, hoy administrador de una sociedad de negocios de diamantes, y Fernando Miala, ex director de los servicios secretos, expulsado por Dos Santos en febrero de 2006 y en prisión desde el año pasado.
El proceso indica que todas las transferencias fueron ordenadas por el empresario Pierre Falcone desde diferentes cuentas bancarias de su sociedad, Brenco Trading Limited.
En el "Angolagate" están acusadas personas que ocuparon importantes posiciones en el Estado francés, por haber conformado una vasta red de intermediarios y tráfico de influencias en la década de 1990, cuando estaba en vigencia un embargo de armas contra Angola, debido a la guerra civil que estalló en 1975, pocos días después del fin de la administración colonial portuguesa.
Además de Falcone, en el proceso se destacan el ex ministro del Interior de Francia, Charles Pasqua (1993-1995), ahora con 81 años, y su más cercano colaborador, Jean-Charles Marchiani, el hijo del fallecido presidente francés François Mitterrand (1981-1995), Jean-Christophe Mitterrand, y Jacques Attali, ex consejero presidencial.
Sobre Falcone y el multimillonario israelí de origen ruso Arcadi Gaydamak, que se asiló en Israel acogiéndose a la ley de ese país que impide la extradición de judíos, pesan además acusaciones de tráfico de armas.
Los cargos de comercio ilegal de armas, abuso de confianza, fraude fiscal y tráfico de influencias podrían ser punidos con entre cinco y 10 años de prisión. La sentencia será dictada el 4 de marzo de 2009.
En otro pasaje del documento del tribunal francés, filtrado al diario portugués, un "testigo clave" no identificado indica que el embajador Figueiredo era "representante personal del presidente y su mandatado para operaciones financieras secretas" en el Banco Internacional de Luxemburgo y en el Israel Discount Bank de Suiza.
En el curso de los interrogatorios de estas tres semanas, Falcone aseveró que una "comisión de Estado" de más de 40 millones de dólares fue pagada a Angola "en forma totalmente oficial".
El juez Courroye replicó asegurando que "no fueron encontradas transferencias en dinero a favor del Estado angoleño en el débito de las cuentas indicadas por Pierre Falcone", pero sí "el registro de varias transferencias efectuadas a miembros o personas próximas al gobierno angoleño, y a sociedades offshore (establecidas en paraísos fiscales) por ellas creadas".
Falcone se vio obligado a reconocer que unos 30 angoleños habían recibido fondos en cuentas en el extranjero "para la defensa de los intereses nacionales", que los obligaba a comprar armas para vencer a los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita).
La violencia en Angola estalló en 1961 con la rebelión contra el poder colonial portugués, prolongándose hasta abril de 1974, cuando 144 capitanes izquierdistas del ejército portugués derrocaron a la dictadura corporativista instaurada en 1926 en este país europeo y decretaron un cese del fuego en los frentes de guerra en las entonces llamadas Provincia de Ultramar.
En noviembre de 1975, tras la salida de Angola del almirante Antonio D'Alba Rosa Coutinho, gobernador portugués nombrado por los capitanes revolucionarios para la transición, estalló la guerra civil que solo acabó en febrero de 2002 con la muerte en combate del líder de la Unita, Jonas Savimbi.
En 41 años de violencia, Angola perdió un millón de personas —en 2007 tenía 17 millones de habitantes—, y su territorio, de 1,2 millones de kilómetros cuadrados, quedó prácticamente destruido.
Precisamente éste ha sido uno de los argumentos de la defensa de Falcone, al sostener que las armas sirvieron para derrotar a Savimbi y poner fin a la violencia de cuatro décadas.
Un empresario luso-africano que pidió no ser identificado por temor a represalias, comentó a IPS que "los únicos procesados por venta ilegal de armas son los protegidos de Luanda, Falcone y Gaydamak, y en cambio no están sentados en el banquillo de los reos unos 30 dirigentes angoleños receptores de altas sumas de dinero, debido a que el juicio es francés y no internacional".
"Como los Estados son soberanos, para procesarlos debería realizarse un juicio internacional por violación al embargo de armas o, por lo menos, que existiesen convenios para acciones legales extraterritoriales, lo que la ley francesa no contempla", explicó.
El empresario, que reside alternadamente entre Lisboa y Luanda, reconoce que el Poder Judicial galo ha demostrado una gran independencia, ya que "no ha cedido a las presiones debido al duro golpe que este proceso ha representado para las empresas francesas con grandes negocios en Angola".
"En especial, me refiero a la petrolera Total, que hubiese preferido que el caso no llegase a tribunal" en momentos en que tiene en juego importantes intereses en el país africano, explicó.
Luanda continúa presionando a París, concluyó la fuente, "enviando recados de que las inversiones de Total y de otras empresas francesas dependerán de las sentencias que sean dictadas el 4 de marzo porque, por ahora, todo está encallado".
