El pacto por el cual la oposición y el oficialismo de Zimbabwe acordaron compartir funciones de gobierno hacía suponer que una pequeña reunión del disidente Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) podría transcurrir sin problemas. Pero no fue así.
Los 25 participantes de la reunión en Buhara, 100 kilómetros al noreste de Harare, fueron arrestados. Ocurrió casi tres semanas después de firmado el histórico acuerdo. Las autoridades invocaron la Ley de Orden Público y Seguridad, que prohíbe que más de 15 personas se reúnan sin permiso policial.
El MDC es mayoritario en esa zona, otrora baluarte de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF).
El acuerdo político firmado el 15 de septiembre hacía prever que esta y otras leyes represivas serían derogadas con la redacción de una nueva constitución. Y no que continuarían ocurriendo incidentes como éste.
Pero, a pesar del pacto, al líder del MDC, Morgan Tsvangirai, todavía no le extendieron el pasaporte que solicitó hace tres meses, cuando expiró el que tenía.
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El principal interlocutor del partido opositor con el oficialismo, Tendai Biti, tiene pendiente una acusación judicial por traición. Otros legisladores del MDC también afrontan acusaciones. Dirigentes de ZANU-PF no dejan de usar la prensa estatal para calificar a los del MDC de títeres de Occidente.
El MDC aseguró el 28 de septiembre que 61 de sus miembros en el barrio capitalino de Mbare fueron atacados en una estación policial donde buscaban refugio, luego de ser desalojados de sus hogares por partidarios de ZANU-PF. Otros muchos sufrieron ataques, tanto en áreas urbanas como rurales.
"ZANU-PF y (el presidente Robert) Mugabe no son sinceros. Todavía hay arrestos y violencia", dijo a IPS el analista político Lovemore Madhuku.
"Lo que el MDC ha hecho al ingresar en un acuerdo tan defectuoso es traicionar al pueblo de Zimbabwe", opinó Madhuku, presidente de la no gubernamental Asamblea Nacional Constituyente que promueve la reforma política e institucional.
"Muchas de las cosas por las que el pueblo estaba luchando no llegarán a través de este acuerdo. Mugabe sólo está intentando ganar tiempo", sostuvo.
Los ataques contra los miembros de la oposición también continúan en las áreas rurales, y también los trabajadores de asistencia y activistas internacionales son blancos de la violencia política.
La ayuda humanitaria no llega a quienes la necesitan, pese al levantamiento de una prohibición a las actividades de organizaciones no gubernamentales por parte del gobierno antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el 27 de junio.
Para empeorar las cosas, en todo el país se reporta una nueva ola de invasiones de granjas.
El Sindicato de Agricultores Comerciales (CFU), integrado principalmente por descendientes de europeos, dijo a IPS que por lo menos 35 hacendados blancos fueron desalojados de sus propiedades por partidarios del ZANU-PF y funcionarios del gobierno en las semanas posteriores a la firma del acuerdo político.
"Las cosas han empeorado progresivamente. Hay muchas nuevas invasiones. Los nuevos colonos entran a robar en las casas. Las áreas más afectadas son las provincias de Manicaland, Masvingo y Mashonaland este, oeste y central", dijo a IPS el presidente del CFU, Trevor Gifford.
Estos hechos de violencia no son un buen augurio para una de las metas prioritarias del acuerdo: movilizar a los agricultores para que cultiven suficientes alimentos, con el fin de acabar con la hambruna generalizada.
Zimbabwe afronta una aguda escasez de cereales. Agencias de asistencia estiman que cerca de cinco millones de personas necesitan ayuda alimentaria.
La Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna (Fewsnet) de la gubernamental Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) dijo que Zimbabwe requerirá 788.719 toneladas de granos entre estos días y la próxima cosecha, en mayo de 2009.
A pesar del acuerdo, los líderes políticos no lograron formar un gobierno por disputas en los puestos clave en el gabinete.
"No veo que salga nada de este acuerdo; de hecho nos está trayendo más sufrimiento porque ahora fallecen más personas de cólera, y continúa la escasez de agua y electricidad, la educación está colapsando. Nosotros pensábamos que las cosas se iban a solucionar", dijo la peluquera Ruth Chishava, en Harare.
El MDC, que obtuvo la mayoría de los escaños en los concejos municipales, también se queja de que el ministro saliente de Gobierno Local, Ignatius Chombo, todavía interfiere en el trabajo de las autoridades locales.
"Nuestros concejales son víctimas de la indebida interferencia política a la hora de llevar a cabo sus responsabilidades diarias. Esto contradice el espíritu del compromiso nacional", dijo el legislador y secretario de Gobierno Local Sessel Zvidzai.
ZANU-PF niega las acusaciones.
"Es difícil solucionar asuntos a través de la prensa, aunque sean casos legítimos. ¿Por qué el MDC no puede abordarlos a través de la negociación? Si lo procesan a través de los medios, no sabemos si los casos son exagerados o no", señaló.
"No perdonamos ni toleramos la violencia. Si el MDC es sincero, debería presentar las denuncias a nuestros negociadores y antes de que ocurra la violencia política", dijo a IPS el viceministro de Información y Publicidad, del ZANU-PF, Bright Matonga.
En una entrevista en la radio nacional, Didymus Mutasa, ministro de Seguridad del Estado a cargo de la reforma agraria, también desacreditó los informes sobre violencia en las haciendas. "Dejamos de realizar nuevas asignaciones de establecimientos agrícolas el año pasado", aseguró.
Pese a que la violencia continúa, el MDC insiste en que se las ha arreglado para corroer significativamente el poder político de Mugabe y del ZANU-PF, y cree que Zimbabwe está en el camino hacia el cambio.
"Este compromiso es, simplemente, una medida provisoria para afrontar la crisis sin precedentes que vive el país. No obtuvimos todo lo que queríamos, pero lo logrado es suficiente para movilizar la agenda de democratización y estabilización económica", dijo el portavoz del MDC, Nelson Chamisa.
