Irregularidades como la tardía notificación a 25 personas con VIH, que terminó con al menos dos de ellas muertas, ponen en duda la ejemplar imagen que tenía Chile en materia de atención y tratamiento del sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
Un canal de televisión denunció el 14 de este mes que 25 personas cuyos exámenes de VIH resultaron positivos en 2004, no fueron notificadas de inmediato por el Hospital de Iquique, en la región de Tarapacá, 1.800 kilómetros al norte de Santiago.
Poco después, el diario La Tercera aseguró que la cantidad de personas que tenían VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida) y no fueron notificadas inicialmente ascendió a un centenar.
El hecho quedó al descubierto con la muerte el 10 de julio de Dearnny Aguilar, de 34 años, a causa de una neumonía. Como no fue informada oportunamente de que era seropositiva, nunca recibió el tratamiento antirretroviral que le hubiera salvado la vida. El 9 de este mes murió su marido, Juan Sarabia, de 35 años, por la misma causa.
De la lista de 25 personas hasta hoy quedan cuatro sin avisar: un enfermo mental, una persona que vive en la calle y dos extranjeros que salieron del país.
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El Ministerio de Salud sólo confirma la muerte del matrimonio por notificación tardía, pero versiones de prensa hablan de tres y hasta cuatro personas muertas de aquella lista. Además, han surgido otras denuncias en Iquique y en varias regiones del país por casos similares.
El gobierno de la socialista Michelle Bachelet calificó el hecho como un "error que no debe volver a repetirse" y aseguró que perseguirá responsabilidades y mejorará los mecanismos de notificación.
El Ministerio Público (fiscalía) abrió una investigación judicial, y parlamentarios de la oposición derechista estudian acusar constitucionalmente a la ministra de Salud, María Soledad Barría, para destituirla.
Barría anunció el 18 de este mes que fueron separados temporalmente de sus cargos el jefe del servicio de medicina, la enfermera supervisora y el jefe del banco de sangre del Hospital de Iquique.
También conformó un equipo especial, encabezado por la subsecretaria de Salud Pública, Jeanette Vega, para supervisar en terreno la investigación interna y emitir un informe este viernes. Asimismo, se comprometió a entregar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados un reporte sobre el estado de las notificaciones en todo el país.
En esa instancia parlamentaria se planteó la necesidad de perfeccionar la Ley del Sida, de 2001, que establece que el examen del VIH debe ser "voluntario" y "confidencial".
En Chile se aplica la técnica Elisa (Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) después de una consejería. Si el resultado es positivo se practica una contramuestra y una corroboración de identidad. De verificarse el diagnóstico, se informa personalmente al paciente.
El escándalo de Iquique evidenció que muchas de las personas que se realizan el test no vuelven a los centros asistenciales a conocer los resultados y que entregan datos personales incorrectos, probablemente por temor a ser estigmatizadas, dificultando así la notificación.
Pero Dearnny Aguilar asistió muchas veces al hospital, afectada por las infecciones oportunistas que se manifiestan en quien tiene sida, sin que el personal médico se percatara de que ya había sido diagnosticada.
Organizaciones no gubernamentales como Vivo Positivo y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual están preocupadas por la forma en que se ha desarrollado el debate público por este caso.
Los activistas temen que en pos de "garantizar la salud pública", se retroceda en materia de voluntariedad y privacidad del diagnóstico y la notificación, derechos consagrados en la Ley del Sida para no estigmatizar y estimular a la población a acudir a los servicios de salud a practicarse los exámenes.
La polémica de Iquique "nos ha mostrado el rostro menos amigable de ciertos grupos o conglomerados, aquellos que buscan culpables, que no dudan en levantar las garantías de las personas en nombre de una 'cuestión de salud pública' y que promueven que los seropositivos sean notificados aun con carabineros", la policía uniformada, dijo a IPS el activista Leonardo Arenas, de la organización AKI, que trabaja en cuestiones de VIH/sida en cárceles. Con esta postura, dicen los activistas, el país se ha desviado del problema de fondo, la prevención, que atañe tanto a las personas que viven con el virus como a las que no.
En vez de reforzar el mensaje de que nadie está "inmune" al VIH/sida, por lo que siempre es necesario adoptar medidas de prevención, la atención pública se ha centrado en la posibilidad de que los seropositivos no notificados estén "contagiando" —término considerado discriminatorio— a otras personas a través de relaciones sexuales.
"No hay una preocupación real por la prevención en Chile", declaró a IPS el coordinador nacional de la Asamblea de Organizaciones Sociales y Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en VIH/Sida (Asosida), Marco Becerra, presidente de Acción Gay.
Becerra y Arenas creen que se necesitan campañas permanentes de prevención, y no sólo una vez al año, "educación sexual basada en evidencias y no creencias" y aplicación de exámenes de VIH rápidos, que disminuyan las posibilidades de errores en la notificación.
Entre 1984 y 2006, fueron notificadas 18.552 personas con VIH, y murieron 5.710 por enfermedades asociadas al sida. La epidemia está concentrada en hombres que tienen sexo con hombres, y la principal vía de transmisión es la sexual.
Hasta hace un año, Chile se enorgullecía de contar con cobertura universal de tratamiento antirretroviral, programas de consejería y atención integral, estrategias de prevención y estrecha colaboración entre el gobierno y la sociedad civil.
"No ha sido un buen año para quienes aportamos con trabajo en el ámbito del VIH", comentó Arenas.
En 2007 se detectaron irregularidades en la gestión de los recursos entregados a Chile por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria para el periodo 2003-2008.
Denuncias de malversación de fondos, investigadas por la justicia, recayeron en un par de ejecutivos del Consejo de las Américas, una de las organizaciones que ganaron la licitación para administrar los 39 millones de dólares aportados por el Fondo.
Aunque las acusaciones no comprometen al gobierno ni a la sociedad civil, la investigación en curso retrasó la entrega de la última remesa del Fondo.
Como todavía no han sido liberados esos recursos, la Comisión Nacional del Sida (Conasida) debió despedir a 14 profesionales y aplazar hasta noviembre la campaña de prevención anual. También se verán afectadas las organizaciones sociales que operan con fondos del gobierno.
No ha sufrido tropiezos la provisión de tratamientos antirretrovirales, que no depende del Fondo Mundial. El acceso universal a estas terapias está asegurado desde 2005, tanto en el sistema de salud privado como en el público, donde se atienden 80 por ciento de los pacientes.
Pero el desmantelamiento de la Conasida llevó a Asosida y a Vivo Positivo a presentar un recurso de protección contra la ministra Barría, que fue declarado admisible. Todo esto ocurrió antes de que explotara el escándalo de Iquique.
"Hemos pasado de ser un ejemplo latinoamericano de cómo abordar una epidemia compleja, con una sociedad civil con incidencia política y trabajo asociativo con el Estado, a un país que es ejemplo de cómo se pueden perder las oportunidades, que difícilmente se vuelvan a repetir", concluyó Arenas.
