Un tribunal federal de apelaciones de la ciudad estadounidense de Atlanta suspendió la ejecución de Troy Anthony Davis, quien ha logrado escapar a la inyección letal por tercera vez en poco más de un año.
El tribunal dictaminó que Davis cumplía con los requerimientos necesarios para obtener una postergación de la ejecución, que debió haberse llevado a cabo este lunes. Eso dio tiempo a sus abogados para que presenten argumentos en procura de una nueva apelación.
Los abogados de Davis afirman que su cliente es inocente y que su ejecución violaría la octava y decimocuarta enmiendas de la Constitución de Estados Unidos.
La primera de ellas prohíbe la imposición de castigos "crueles e inusuales", mientras que la segunda establece que ninguna persona puede ser "privada de su vida, libertad o propiedad" sin el debido proceso legal y que no es posible privar a los ciudadanos de una "protección igual" ante la ley.
Davis, condenado a muerte por el asesinato en 1989 de un policía de la ciudad de Savannah, del sudoriental estado de Georgia, parecía haber agotado todos los caminos legales para evitar su ejecución por medio de la inyección letal, método empleado en ese estado.
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El 14 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que no iba a considerar la apelación solicitada por los abogados de Davis, tres semanas después de concederle una postergación de la sentencia apenas dos horas antes del momento señalado..
Por otra parte, en un fallo precedente, el máximo tribunal había declarado que los estados podían aplicar la inyección letal ya que, a juicio de la mayoría de sus magistrados, no representa un castigo "cruel" prohibido por la octava enmienda, a diferencia de otros métodos, como la silla eléctrica.
La ejecución de Davis suspendida el viernes por el tribunal habría sido la primera usando la inyección letal tras ese fallo de la Corte Suprema.
Desde que Davis fue condenado en 1991, siete de los nueve testigos citados por la fiscalía modificaron o se retractaron de sus testimonios bajo juramento.
Los abogados del condenado han señalado que este hecho, sumado a que jamás se encontró el arma con la cual que se habría cometido el asesinato y la ausencia de evidencia que ligue a Davis con el homicidio, dejan un amplio margen de dudas para llevar a cabo la ejecución.
La postergación de la sentencia "es un primer paso hacia lo que hemos estado reclamando durante una década: que un juez escuche nuestros argumentos", dijo el principal abogado de Davis, Jason Ewart.
La defensa tiene ahora 15 días para plantear las razones por las que busca una nueva apelación. Por su parte, la oficina del fiscal general de Georgia tendrá entonces 10 días para responder a esos argumentos.
Luego de esos trámites, el tribunal de apelaciones resolverá si Davis tiene el derecho a una revisión judicial de su condena.
Activistas contra la pena de muerte han señalado que el caso ilustra cuán problemático es el proceso de obtención de testimonios acusadores a cargo de la policía y las fiscalías.
"La deficiente identificación de sospechosos es la principal causa de condenas erróneas en todo el país. Representa 75 por ciento de las exoneraciones en más de 200 instancias en las que se emplearon pruebas de ADN", dijo a IPS Sara Totonchi, presidente de la organización no gubernamental Alternativas a la Pena de Muerte del estado de Georgia.
"La identificación por testigos es muy poco confiable, pero es el fundamento de la condena de Davis", agregó.
La legisladora del estado de Georgia Stephanie Benfield promovió este año una ley para modificar sustancialmente el sistema de identificación, pero su proyecto jamás fue sometido a votación.
Benfield señaló a IPS que piensa volver a presentarlo en enero, cuando la legislatura de Georgia reanude sus sesiones tras el receso de fin de año.
El caso de Davis también subraya los problemas relacionados con la presentación de nuevas evidencias ante un tribunal.
"Como resultado de esas falencias de procedimiento, nuevas pruebas de la inocencia de Davis nunca fueron seria e imparcialmente consideradas por un juez", afirmó Totonchi.
"La credibilidad de los testigos que modificaron sus testimonios o se retractaron de ellos nunca fue puesta a prueba en un tribunal", agregó.
"Si Davis hubiera tenido la oportunidad de una audiencia, las dudas sobre la credibilidad de los testimonios dados bajo juramento se podrían haber despejado a través de un careo respecto de las nuevas evidencias", señaló Totonchi.
Los activistas también señalan que la discriminación racial, de clase y geográfica, sumadas a la inconducta de la fiscalía y la ausencia de una adecuada defensa en el juicio original llevaron a la condena de Davis.
"El problema es que los pobres no tienen acceso a una correcta asistencia legal", dijo Laura Moye, de la filial estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"Esto va más allá de las palabras. Es asombroso. No puedo más que pensar en mi hermano, que se enfrentó con la pena de muerte tres veces. Debió ser una experiencia traumática. Rezo para que esta postergación nos dé tiempo" para demostrar la inocencia de Davis, declaró su hermana, Martina Correia.
"Hasta este momento, los elementos fundamentales del caso habían sido virtualmente ignorados, lo que ubicaba al estado de Georgia en la posición de ejecutar a un hombre inocente", señaló Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía en Estados Unidos.
Amnistía y Alternativas a la Pena de Muerte en Georgia lograron atraer la atención internacional sobre el caso. El papa Benedicto XVI, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu y el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1977-1981) figuran entre quienes reclamaron clemencia.
El 22 de octubre, la Unión Europea condenó la prevista ejecución a través de una declaración. Correia dijo a IPS que el viernes recibió un llamado telefónico del embajador de Francia en Estados Unidos, quien le expresó su solidaridad y apoyo en el caso de su hermano.
