La campaña contra los «asesinatos por honor» en Pakistán gana apoyo de abogados y legisladores que presionan para modificar la ley e impedir que los perpetradores eludan la justicia.
La sociedad civil en su conjunto comenzó a estrechar filas sobre todo luego del asesinato de cinco mujeres en la sudoccidental provincia de Balochistán, conocida por sus tradiciones conservadores y patriarcales.
Los "asesinatos por honor" se cometen frecuentemente frente a supuestas violaciones de códigos morales, particularmente en casos de adulterio, según activistas de derechos humanos.
Las mujeres son las principales víctimas. La negativa a aceptar matrimonios arreglados o relacionarse con hombres que la familia no aprueba también puede costarles la vida.
El 13 de julio, cinco mujeres fueron secuestradas por hombres armados en Balochistán. Tres de ellas Fauzia, de 20 años, y otras dos de 18 y 16 años respectivamentepretendían casarse con hombres de su propia elección, desafiando así a los líderes tribales de la etnia umrani en la aldea de Babakot, según la Comisión Asiática de Derechos Humanos (AHRC).
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Las jóvenes mujeres, acompañadas de la madre de una de ellas y la tía de Fauzia, fueron secuestradas cuando se preparaban para casarse en una corte de Usta Mohammad, ciudad a 80 kilómetros de su aldea.
Fueron subidas a la fuerza a un jeep con matrícula del gobierno provincial de Balochistán y llevadas a una zona alejada, donde habrían recibido duros golpes y disparos de arma de fuego.
Todavía respiraban cuando los hombres "las lanzaron en un amplia zanja y las taparon con tierra y piedras".
Las otras dos familiares que las acompañaban e intentaron intervenir fueron también lanzadas a la zanja y todas fueron enterradas vivas, según la AHRC.
Tras la intensa presión de organizaciones no gubernamentales y parlamentarios, la policía detuvo a siete personas el 24 de septiembre.
"Tenemos siete sospechosos, incluyendo al hermano de dos de las muchachas", dijo a IPS el jefe de la policía de Balochistán, Asif Nawaz Warraich. Uno de los detenidos habría confesado el crimen, aunque la policía aún no tiene más evidencias.
"El gobierno federal está enviando a un alto funcionario a Quetta (la capital provincial) para investigar los asesinatos", añadió.
El senador Mohammad Adeel dijo a IPS que el comité de derechos humanos del parlamento recomendará una reforma de las Ordenanzas Qisas y Diyat, que indultan al condenado luego del pago de una reparación en dinero a la familia de la víctima. El comité fue creado tras acalorados debates en el parlamento sobre los asesinatos.
Las ordenanzas son originarias de la ley islámica, y fueron incorporadas en el derecho pakistaní.
Adeel le dijo al comité de derechos humanos del parlamento que la policía en Balochistán afrontaba dificultades para investigar el caso debido a interferencia política. Mientras, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán y algunos abogados instan a que se enmiende una ley de 2005 que prohíbe los "asesinatos por honor", pero permite que los acusados se amparen en las Ordenanzas de Qisas y Diyat.
Dado que la mayoría de estos asesinatos ocurren dentro de grupos familiares, los responsables siempre logran acuerdos de compensación, eludiendo así a la justicia.
"Hemos instado al gobierno a que reforme la ley", dijo a IPS el presidente de la Comisión, Asma Jehangir. "Pero cuando nuestras propuestas de reforma fueron presentadas en el parlamento en 2005, fueron derrotadas por ser consideradas no islámicas", indicó.
La abogada defensora de las mujeres Noor Alam Khan, de Peshawar, sostuvo que nadie será sentenciado por "asesinatos por honor" mientras se pueda invocar la ley islámica.
Todos los acusados "son familiares, y quedarán libres gracias a la ley de Qisas", dijo a IPS.
Las estadísticas de la Comisión muestran que este tipo de asesinatos no han menguado, a pesar de la ley de 2005. En 2007 hubo 636 víctimas, de las cuales 61 eran menores de 18 años. En 2006 hubo 271. En lo que va de este año van 283 muertes.
"Muchos más casos no son reportados. Casi todos pasan sin castigo", señaló la Comisión.
Activistas señalan que el hecho de que continúen perpetrándose estos crímenes es una muestra de la "brutalización" de la sociedad pakistaní, y sostuvo que la aplicación de la pena de capital en este país ha contribuido a ello.
"En Pakistán hay actualmente 26 delitos que pueden ser castigados con la pena de muerte, cuando en tiempos de la independencia en 1947 sólo había dos: asesinato y traición", indicó la organización Human Rights Watch en una carta abierta entregada en junio al primer ministro, Yusuf Raza Gillani, pidiendo la abolición.
Más de 7.000 personas, incluyendo 40 mujeres, esperan su ejecución, aunque a la mayoría de estos prisioneros se les prometió en junio una conmutación de la pena El año pasado fueron ejecutadas 134 personas.