Diecisiete chinos musulmanes, presos desde 2001 en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, deberán esperar un mes más hasta saber si un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ratifica la orden de libertad inmediata que les dictó un juez el día 10.
En un fallo dividido, dos de los tres miembros del Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Washington aceptó el pedido del gobierno de George W. Bush de no liberar a los prisioneros, pues necesita más tiempo para presentar una apelación "completa". La próxima audiencia fue fijada para el 24 de noviembre.
"La decisión de mantener la detención ilegal de estos presos de la etnia uigur es muy decepcionante", declaró este martes Larry Cox, director ejecutivo del capítulo estadounidense de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"El gobierno de Bush proclama que sólo él puede decidir el destino de los uigures, pero ha creado una situación en la que una resolución justa es imposible", agregó.
"El legado de Bush estará para siempre ligado a la premeditada violación de los derechos humanos de personas que no plantean ninguna amenaza, como hasta el mismo gobierno lo reconoce en este caso", enfatizó Cox.
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Los abogados de los detenidos estarían considerando otras opciones. Creen que existen fundamentos para recurrir directamente ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos: el máximo tribunal dictaminó en junio que los presos en Guantánamo tienen derecho de apelar el arresto ante jueces federales.
Los miembros del tribunal de apelaciones de Washington que votaron contra la liberación de los 17 presos, Karen Henderson y Raymond Randolph, fueron designados por el ex presidente George Bush (1989-1993), padre del actual mandatario que finalizará su mandato el 20 de enero, tras las elecciones del 4 de noviembre.
Pero la jueza que se pronunció en disidencia, Judith W. Rogers, remarcó que los 17 uigures ya no son considerados por el gobierno de Bush como "combatientes enemigos", aunque continúa argumentando que constituyen un "riesgo de seguridad nacional" por el hecho de que admitieron haber sido entrenados en el manejo de armas en Afganistán.
El hecho de que hayan recibido ese adiestramiento "no demuestra por sí solo que son una amenaza, salvo que millones de ciudadanos estadounidenses que recibieron el mismo entrenamiento sean también considerados un riesgo", enfatizó la jueza en su dictamen.
"En todo caso, no existe evidencia de que tengan sentimientos hostiles hacia Estados Unidos", agregó.
La apelación del gobierno es problemática, indicó Rogers, "considerando el tiempo en el cual los detenidos estuvieron privados de su libertad" y los años que tuvo el gobierno de Bush para justificar, con escaso éxito, las razones por las cuales continúan presos.
El fallo del tribunal de apelaciones de Washington fue consecuencia del dictamen del juez de primera instancia Ricardo M. Urbina, quien el 10 de octubre ordenó la inmediata liberación de los detenidos y que fueran llevados a comparecer ante él, en territorio de Estados Unidos.
Urbina señaló que el gobierno no podía prolongar la detención de los 17 uigures dado que ya no eran considerados "combatientes enemigos".
Faltaban pocos días para que fueran liberados cuando el gobierno de Bush pidió más tiempo para presentar una apelación. Los abogados de los detenidos habían realizado arreglos para que fueran colocados bajo custodia de organizaciones religiosas y ciudadanos en territorio de Estados Unidos.
Un punto central del caso es si un juez federal tiene la autoridad para ordenar la liberación de un prisionero de Guantánamo, detenido ilegalmente por Estados Unidos, y que no puede volver a su patria.
Los uigures, miembros de una etnia de fe musulmana que vive en China occidental, temen ser víctimas de tortura si se los envía de regreso a su país de origen.
Otra amenaza que pesa sobre ellos son las leyes de inmigración estadounidenses. Aunque pueden ser liberados por una corte federal en territorio de Estados Unidos, podrían ser arrestados de inmediato nuevamente y deportados porque no cumplieron con los trámites requeridos para residir en el país..
El fallo del juez Urbina remarcó que "como la separación de poderes no tiene preeminencia sobre los principios sobre los cuales se fundó esta nación —el inalienable derecho a la libertad— esta Corte ordena la liberación inmediata de los peticionantes en territorio de Estados Unidos".
El gobierno de Bush declaró que "redoblaba" sus esfuerzos para encontrar otro país que aceptara a los detenidos.
En 2006, Albania aceptó a cinco presos de la etnia uigur, pero desde entonces se rehusó a permitir el ingreso de otros. Otros países adoptaron una actitud similar, al parecer por temor a una reacción adversa de Beijing. Otros analistas señalan que Washington tiene ahora mucho menos poder para influir en otras naciones.
Los uigures viven en la provincia china de Xinjiang, una aislada región fronteriza con Afganistán, Pakistán y otros seis países de Asia Central. Han denunciado que son víctimas de la represión del gobierno chino. Según Beijing, en esa provincia existe un movimiento islamista separatista. Los 17 presos en Guantánamo fueron capturados en 2001 en Afganistán y Pakistán.
No puede descartarse que la decisión del juez Urbina sobre la liberación de los presos finalmente se imponga. En Estados Unidos, fallos de jueces de primera instancia han sido revertidos por tribunales de apelaciones pero confirmados por la Corte Suprema.
David Cole, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Georgetown, y uno de los abogados defensores de los 17 uigures, dijo a IPS que eso fue lo que ocurrió en otro caso que marcó un hito en la jurisprudencia sobre los detenidos en Guantánamo: Hamdan vs. Bush.
"Sorprendentemente, Hamdan obtuvo un fallo favorable en primera instancia, cuando el juez James Robertson dictaminó que juzgarlo ante un tribunal militar creado por el gobierno violaba la Convención de Ginebra", agregó.
"Pero, y esto no fue una sorpresa, esa decisión fue unánimemente revertida por el tribunal de apelaciones de Washington", señaló Cole.
Luego de que la Corte Suprema aceptara considerar la apelación de Hamdan, el Congreso legislativo aprobó una ley que parecía apuntar a privar al máximo tribunal de la jurisdicción para hacer tal cosa.
La ley estableció que "los acusados ante tribunales militares deben esperar a que finalicen sus juicios antes de buscar una apelación y determinó que el tribunal de Washington era el único ante el cual podía plantearse ese recurso", dijo Cole.
Pero en junio de este año, en un fallo de cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Suprema dictaminó que la ley de 2006 que creó los tribunales especiales para sospechosos de "terrorismo" era inconstitucional, porque limitaba el derecho de los detenidos a la apelación y les garantizó la posibilidad de recurrir a tribunales civiles.
Hamdan, nacido en Yemen, fue chofer del líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama Bin Laden. Detenido en Afganistán, fue llevado a Guantánamo, juzgado por un tribunal militar y condenado por apoyar al terrorismo, aunque se lo declaró inocente de conspirar para perpetrar ataques, incluidos los del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
Dado el tiempo que lleva en prisión, Hamdan podría llegar a beneficiarse con la libertad antes de fines de este año.
