La suspensión de un tradicional rally en el occidental Chaco paraguayo, azotado por una prolongada sequía, enfrenta al gobierno de Fernando Lugo y comunidades indígenas de la zona con los organizadores de la competencia automovilística.
A principios de septiembre, Lugo, ex obispo católico investido presidente en agosto, declaró la zona en estado de emergencia por 90 días y ordenó el envío de ayuda humanitaria para casi 20.000 familias afectadas, principalmente miembros de comunidades nativas.
La medida coincidió con la fecha prevista para el Transchaco Rally, carrera anual que se ejecuta desde hace más de tres décadas, lo que motivó la suspensión temporal de la competición.
La decisión se adoptó tras un estudio sobre la compatibilidad del rally y las operaciones de asistencia humanitaria, elaborado por una comisión integrada por representantes de diferentes instituciones del gobierno y organizaciones ambientalistas, entre otras.
El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares, fue el principal promotor de la suspensión del rally. Es contradictorio que circule una carrera por los mismos caminos destinados a distribuir la ayuda, argumentó.
El gobierno lleva adelante la campaña "Chaco Oikoteve ñanderehe", "El Chaco nos necesita" en idioma guaraní, la segunda lengua oficial.
No demoró en llegar la protesta de los directivos del Touring y Automóvil Club Paraguayo (TACPy), organizadores de la carrera, para quienes la competencia deportiva no obstaculizaría el desarrollo de la ayuda humanitaria y la sequía es normal en el Chaco en esta época del año.
El Chaco abarca 60 por ciento del territorio de este país, pero solo está habitado por uno por ciento de los seis millones de paraguayos.
Organizaciones indigenistas, sociales y ambientalistas salieron al paso, denunciando que la carrera lleva años realizándose al margen de las normas de prevención de daños y que entraña una sistemática violación de las leyes ambientales.
El área de influencia del rally abarca cientos de kilómetros cuadrados, afectando pueblos indígenas y sus territorios, áreas protegidas, comunidades urbanas y rurales, y frágiles ecosistemas hídricos y humedales, alegan los críticos.
"Creemos absolutamente incompatible, violatorio de nuestra dignidad y nuestros derechos la realización de un evento millonario en las condiciones de emergencia en que se encuentran nuestras comunidades y nuestra región", dijo a IPS la activista Norma Álvarez, de la Coordinadora de Pueblos y Comunidades Indígenas del Chaco Paraguayo.
Las organizaciones sociales insisten en que la declaración de emergencia es una oportunidad inédita para abordar soluciones estructurales a la situación de abandono que sufrió históricamente esa parte del país.
La sequía del Chaco no es apenas una cuestión cíclica, sino que se va agravando en la medida en que se degradan los ecosistemas, en especial por la deforestación masiva que se registra en la zona, alegan.
"Pedimos no solamente la suspensión del Transchaco Rally por el plazo que dure la situación de emergencia, sino también considerar la posibilidad de sustituir esta actividad por otra que promueva beneficios reales para el Chaco", sostuvo Álvarez.
Según la titular del Instituto Nacional del Indígena, Margarita Mbywangi, el rally crea cada año un clima propicio para el acoso sexual a las adolescentes nativas, a menudo sometidas a maltratos y abusos por parte de aficionados que asisten a la competencia.
En busca de una solución, se instaló una mesa de diálogo entre representantes del gobierno, organizaciones sociales y los responsables del rally, que no arrojó resultado alguno.
Tras semanas de incertidumbre, el gobierno resolvió llevar a cabo una audiencia pública en la zona, convocada por el TACPy en coordinación con la Secretaría (ministerio) del Ambiente, SEAM.
El encuentro se realizó el martes 7 en Mariscal Estigarribia, a 520 kilómetros de Asunción, en el departamento de Boquerón, en medio de denuncias de que los directivos del TACPy intentaban manipular el resultado.
El TACPy aseguró que en la audiencia se expresó un apoyo masivo al rally.
Sara Fischer, de la radioemisora chaqueña Pai Puku, integrante del Foro de Articulación Chaqueña, manifestó su sorpresa por la manera en que fue convocada la reunión, porque los medios locales de comunicación no fueron informados y por tanto no pudieron difundirla con antelación.
Horas antes, corrían rumores de que nativos de la zona recibieron víveres a cambio de expresar en la audiencia su adhesión a la competencia deportiva, dijo Fischer.
"Los organizadores del rally no vienen al Chaco por patriotismo, sino por intereses económicos. Nos sentimos defraudados porque algunos pobladores se conforman con migajas y falsas promesas de esta gente del Touring", dijo Alberto Denis, de Pai Puku.
"Esta gente del rally son como los políticos, cuando quieren algo nos visitan, después se olvidan de nosotros", dijo por su parte Mateo Sogodo, líder de una comunidad de indígenas ayoreo de Boquerón.
La SEAM tiene cinco días para estudiar las objeciones presentadas por los pobladores y luego esperará el resultado del eco-monitoreo. Se estima que en unas dos semanas deberá resolver si otorga la licencia ambiental a la entidad organizadora de la competencia.
La Ley 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental, establece que los sectores indígenas deben ser consultados sobre cualquier actividad que se efectúe en sus territorios y que pueda afectarlos.
"Nosotros nunca incumplimos la ley. Lo que queremos es tener la seguridad de que la audiencia pública será el último impedimento para la realización del rally", sostuvo el presidente del TACPy, Ruben Dumont.
Según los organizadores, el gobierno busca suspender definitivamente la prueba, disponiendo una serie de condiciones insalvables.
El ministro del Ambiente, José Luis Casaccia, replicó que la SEAM no está a favor ni en contra del rally y cumplirá la ley para otorgar licencias ambientales.
Mientras, más de 17.000 familias recibieron agua y víveres en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay, en el marco del programa de emergencia del gobierno.
