La crisis política que envolvió a Sudáfrica durante los últimos dos años culminó esta semana con la renuncia del presidente Thabo Mbeki y la mayor parte de su gabinete.
Mbeki aceptó su destino, decidido por el oficialista Congreso Nacional Africano (ANC), y comunicó a la nación su alejamiento en un discurso televisado, que se divulgó el domingo.
La vicepresidenta Phumzile Mlambo-Ngcuka anunció este martes su renuncia y a ella se sumaron varios ministros, entre los que se encuentran los de Finanzas, Defensa y el viceministro de Relaciones Exteriores.
Mbeki sucedió en la presidencia a Nelson Mandela en 1999, luego de ser su vicepresidente tras las elecciones de 1994, que pusieron fin al régimen de segregación racial institucionalizada en perjuicio de la mayoría negra conocido como apartheid.
Durante su gestión al frente del gobierno recibió el reconocimiento internacional como impulsor de la Nueva Asociación para el Desarrollo Africano y por popularizar la idea de un "renacimiento" del continente.
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Pero estos logros han sido opacados por las evidencias de interferencias con las instituciones creadas para hacer respetar la Constitución del país y su capítulo de derechos y garantías.
El 12 de septiembre, el juez Chris Nicholson determinó que el derecho a un juicio justo del presidente del ANC, Jacob Zuma, fue violado porque Mbeki y sucesivos ministros de justicia interfirieron con las tareas de la fiscalía.
El comité nacional del partido gobernante decidió este fin de semana "relevar" a Mbeki de sus deberes.
Zuma es acusado de pedir un soborno a la compañía de armamentos francesa Thint/Thales, para asegurarle en 1999 un contrato de venta por 4.800 millones de dólares.
En 2005, Mbeki destituyó a Zuma de su cargo de vicepresidente, luego de que uno de sus asociados, Schabir Shaik, fue encontrado culpable corrupción en relación con esa operación de venta de armas.
Los seguidores de Zuma alegan que hubo interferencias del poder político en el juicio. Entre esos seguidores figuran aliados izquierdistas del ANC, como la central Congreso de Sindicatos Sudafricanos y el Partido Comunista.
Aunque Mbeki negó tal interferencia, Zuma y sus aliados lograron convencer a los miembros del ANC y desplazar al presidente y a sus seguidores del comité nacional del partido. Pero el descontento con el jefe de Estado hoy renunciante había comenzado mucho antes.
Una ola de indignación siguió a su decisión de relevar a la viceministra de Salud, Nozizwe Madlala-Routledge, en agosto de 2007 por hablar en público acerca de una crisis en el sistema hospitalario que había provocado la muerte de bebés en zonas rurales.
Los críticos de Mbeki señalaron que una vez más mostraba su tendencia a negar la realidad, como cuando a fines de los años 90 puso en duda los datos sobre el número de violaciones en Sudáfrica, un país conocido por tener una de las mayores tasas de este delito en el mundo.
Asimismo, negó la existencia de una relación directa entre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y el sida, establecida hace años por la comunidad médica y científica mundial. Esto conspiró contra una efectiva política de prevención de la epidemia.
Ese estado de negación de los hechos fue confirmado, en 2003, por el rechazo de Mbeki a un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo según el cual la inequidad había aumentado en Sudáfrica a causa de las políticas neoliberales de su gobierno.
En años posteriores, el gobierno no informó sobre cambios en la forma de calcular las estadísticas de desempleo, en un intento por ocultar la gravedad del problema.
Según el Comisionado de Derechos Humanos de Sudáfrica, Leon Wessels, la tasa de desempleo se ubica en torno a 42 por ciento.
Mbeki también aseguró que el delito no era tan grave como creían los sudafricanos. De hecho, la tasa de homicidios de Sudáfrica es una de las más altas del mundo.
Pero lo que realmente selló su suerte fue el abuso de poder y el menoscabo de las instituciones.
A fines de los años 90, por ejemplo, Mbeki acusó a tres encumbrados dirigentes del ANC de conspirar para derrocarlo. Aunque no existió ninguna evidencia, una investigación policial fue utilizada para "persuadirlos" de abandonar la actividad política.
Asimismo, el Poder Ejecutivo bloqueó investigaciones parlamentarias sobre la compra de armas a Thint/Thales. Los legisladores críticos fueron removidos, para promover en su lugar a quienes aceptaban sumisamente los dictados del presidente.
¿Qué implica este desenlace para el futuro de Sudáfrica en el mediano plazo?
Mbeki centralizó la toma de decisiones como presidente de la nación y del ANC. Silenció a los opositores. La determinación del partido oficialista de desplazarlo debe ser vista como la consecuencia de esa negación del debate democrático.
El estilo de gobierno de Mbeki creó una atmósfera de indiferencia hacia las instituciones constitucionales.
En este contexto, la campaña para desplazar del poder a Mbeki y su sector incluyó ataques contra la integridad de la justicia y magistrados individuales, así como una actitud desafiante frente a la Comisión de Derechos Humanos Sudafricana.
Se puede argumentar que Mbeki merecía ser removido, a causa de su negación de la realidad y las consecuencias derivadas de esa actitud.
Sin embargo, su renuncia y de buena parte de su gabinete pueden profundizar la parálisis gubernamental, si no se designa rápidamente a sus reemplazantes y se envían señales de estabilidad a los funcionarios públicos de carrera.
Esto último puede resultar complicado, pues muchos de ellos se politizaron en el marco de la lucha de facciones. Además, el ANC debe armar sus listas de candidatos para los comicios parlamentarios del año próximo, además de elecciones locales y de renovación de autoridades internas.
Este proceso ya provocó enfrentamientos entre esos sectores, en los que hubo al menos una persona muerta y varias heridas a balazos o apuñaladas en choques entre los seguidores de los grupos enfrentados.
