Ruanda tiene la esperanza de convencer al Tribunal Penal Internacional para que deje de lado su negativa a entregar a tres sospechosos de genocidio, para que sean procesados por la justicia local.
Eso, a su vez, permitiría a este país africano iniciar los trámites de extradición contra docenas de otros sospechosos que viven libres en el exterior.
En mayo y junio, el tribunal rechazó el pedido de entregar a los tres acusados, con el argumento de que no recibirían un juicio justo en Ruanda.
Todos ellos están acusados de crímenes contra la humanidad y genocidio cometidos en 1994, cuando alrededor de 800.000 miembros de las etnias tutsi y hutu moderados fueron masacrados, a manos de las milicias conocidas como "interahamwe" e incluso ciudadanos comunes, alentados por el régimen hutu de línea dura.
Los magistrados del tribunal internacional también pusieron en duda la independencia de la justicia de Ruanda frente a las presiones del gobierno y expresaron su preocupación por la intimidación que podrían sufrir los testigos de la defensa.
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Asimismo, señalaron que los acusados podrían sufrir condiciones inhumanas de detención, incluido confinamiento solitario, en caso de resultar condenados.
El tribunal internacional actúa bajo la égida por la Organización de las Naciones Unidas. El mandato establece que todos los juicios debían estar concluidos para fines de este año, un objetivo de difícil concreción.
Hasta el momento fueron condenadas 30 personas y absueltas cinco. Otros ocho sospechosos aguardan ser llevados a juicio.
La negativa del tribunal a entregar a esos tres sospechosos constituye un golpe para la aspiración de Ruanda de lograr la extradición de responsables del genocidio que huyeron del país. Podrán alegar para evitarla que no existen condiciones para un juicio justo.
En 2007, Ruanda abolió por ley la pena de muerte, el principal obstáculo para que muchos países que no la contemplan en su legislación aceptaran extraditar a los sospechosos.
El ministro de Justicia de Ruanda, Tharcisse Karugarama, dijo a IPS que pretende la extradición de 97 organizadores o participantes del genocidio, y que viven en América del Norte o Europa.
Su retorno al país para hacer frente a la justicia es esencial para la reconciliación nacional, declaró a IPS Theodore Simburudali, presidente de Ibuka, una de las principales organizaciones de sobrevivientes de la masacre de 1994.
Ruanda ha sido autorizada a presentar una apelación por escrito contra la decisión de no permitir el envío de los tres sospechosos para que sean juzgados por magistrados locales.
El tribunal internacional reconoce los progresos realizados para reformar el sistema judicial en ese país, "pero algunos requerimientos adicionales" son necesarios, señaló a IPS el jefe de los fiscales de ese organismo, Hassan Bubacar Jallow.
Su comentario sugiere que podría dejarse de lado la negativa si la nación africana demuestra que ha realizado nuevos avances en la materia.
El fallo del tribunal internacional en el caso de Yusuf Manyakazi, un ex empresario, brinda indicios de que las objeciones podrían levantarse si los juicios están a cargo de un panel de jueces. Tres o más magistrados son menos vulnerables a las presiones externas.
Pero el fiscal ruandés Martin Ngoga rechazó la posibilidad de cambiar el actual sistema. "Ya hemos establecido todos los mecanismos necesarios para garantizar el derecho de los acusados a un juicio justo", afirmó.
"Muchos de los responsables del genocidio ya han sido condenados en Ruanda y todos los procesos fueron llevados a cabo con imparcialidad", declaró a IPS.
Organizaciones no gubernamentales aportaron evidencias al tribunal internacional sobre las condiciones inhumanas de detención que padecen los condenados a prisión perpetua desde que se abolió la pena de muerte.
Reforma Penal Internacional, con sede en Londres, señaló en un informe que "el ancho del espacio individual para un prisionero es de 40 centímetros. Allí es donde duermen, comen, se sientan y viven".
A pesar de esto, Ruanda fue designada en marzo como un país que puede recibir a condenados por el tribunal internacional para que cumplan las sentencias recibidas en sus prisiones, y se le otorgaría tiempo para mejorar sus condiciones carcelarias antes de que se concrete la transferencia de esos detenidos.
