Una decisión judicial que anuló las sentencias a pena de muerte de 52 personas en Trinidad y Tobago ha puesto al gobierno bajo presión de la oposición, abogados, el público y partidarios del máximo castigo para que defina su posición en este tema.
El 15 de agosto, el juez Nolan Bereaux dictaminó que 49 hombres y tres mujeres condenados a la pena máxima debían recibir, en cambio, una sentencia de reclusión perpetua.
El grupo se benefició de una decisión de 2004 del Privy Council (Consejo Privado) de la corona de Gran Bretaña, que algunas ex colonias han mantenido como máxima instancia de apelación judicial para ciertos temas, según la cual sería "injusto" ejecutarlos ya que un año antes se les había dicho que podían esperar una revisión de sus sentencias e incluso un perdón presidencial.
Ese cuerpo se pronunció acerca de una apelación de cuatro condenados a la pena capital en Trinidad y Tobago y Jamaica. Los magistrados la derogaron en el caso de Jamaica, pero revirtieron su decisión de 2003 de abolirla automáticamente en Trinidad y Tobago. La razón del cambio de posición se basó en las diferencias entre las disposiciones constitucionales de ambas naciones.
Sin embargo, los jueces fundamentaron su decisión para conmutar las penas en Trinidad y Tobago en una cláusula constitucional referida a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Determinaron que sería "inhumano" ejecutar a una persona que pasó más de cinco años en el "pabellón de la muerte".
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El dictamen del juez Bereaux sobre la conmutación de las 52 ejecuciones sólo se aplica a quienes estaban aguardando su ejecución al 7 de julio de 2004. Alrededor de 30 personas han sido sentenciadas desde esa fecha y la medida no las beneficia.
La decisión inflamó la polémica sobre la pena de muerte, ya que la tasa de delito se ha disparado. En lo que va de este año hubo 344 homicidios, una de las tasas más altas del mundo.
Según Dana Seetahal, abogada y legisladora independiente de Trinidad y Tobago, el gobierno debería haber conmutado las sentencias en forma inmediata, tras el pronunciamiento del Consejo Privado británico de 2004.
"Quizás las autoridades no quisieron enviar el mensaje de que los asesinos condenados no pagarían el precio de sus delitos. El gobierno debe definir qué intenta hacer en relación con la pena de muerte", afirmó.
El ex fiscal general y abogado de derechos humanos Ramesh Maharaj también sostiene que se debió actuar inmediatamente tras ese dictamen de 2004. Luego, la situación legal de la pena de muerte fue confusa y "debería haber sido revisada. El castigo es un factor importante en la lucha contra el delito", dijo.
El presidente de la no gubernamental Crime Watch, Ian Alleyne, opinó que "estas personas no deben ser beneficiadas. Violaron la ley, asesinaron, y deben enfrentar el castigo máximo, que es la muerte por ahorcamiento. Los criminales continuarán aterrorizando, matando y violando a nuestros inocentes ciudadanos respetuosos de la ley", argumentó.
Los programas de radio y televisión han sido inundados por llamados de personas que criticaron la decisión del juez y demandaron al gobierno llevar a cabo las ejecuciones. "Antes de que termine este día habrá al menos otros dos asesinatos. Tenemos que poner fin a esto", dijo un airado oyente.
El gobierno respondió a las críticas señalando que la pena de muerte continúa vigente. También prometió tomar medidas, no especificadas, presumiblemente el reinicio de las ejecuciones. Las últimas se produjeron en 1999, cuando ocho miembros de una pandilla fueron ahorcados.
"Daremos los pasos que consideremos necesarios, incluyendo la aprobación de leyes que hagan efectiva la aplicación de la legislación existente", anunció la fiscal general, Brigid Annisette-George.
Algunas de esas medidas podrían "afectar" al Consejo Privado británico, agregó. Se refirió específicamente a la decisión de abolir las ejecuciones para quienes llevan más de cinco años en el "pabellón de la muerte", sugiriendo que el gobierno propondría una modificación al texto constitucional que sirvió de fundamento para esa decisión de los magistrados con sede en Londres.
El abogado Israel Kahn pidió a las autoridades que limiten la pena de muerte a los asesinatos con premeditación.
"El homicidio debería ser clasificado en tres tipos. Sólo debería mantenerse la pena máxima para el asesinato en primer grado, doloso, u homicidio simple, hasta que nuestra sociedad alcance una etapa en que pueda ser abolida. Sin esa distinción, la muerte de la pena de muerte ya existe", concluyó.
