Los dos principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos expresaron su apoyo a la pena de muerte, pero abolicionistas esperan que el ganador, sea cual fuere, conducirá al país hacia la derogación total de este castigo extremo.
El republicano John McCain y el demócrata Barack Obama dijeron a los votantes que son partidarios de mantener la pena capital para los violadores y asesinos de niños.
También apoyaron la muerte para el saudita Osama bin Laden, líder de la red extremista Al-Qaeda y supuesto autor intelectual de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y Washington.
"La posición de Barack Obama está clara: Bin Laden ha cometido crímenes atroces que merecen la pena de muerte", dijo a IPS Moira Mack, de la campaña presidencial de Obama.
McCain también dijo que la quería para Bin Laden, si era juzgado y hallado culpable en un tribunal.
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Los activistas contra la pena de muerte observan que el apoyo más manifiesto de McCain para ese castigo data de hace muchos años. Con frecuencia, el candidato republicano ha exigido más ejecuciones a nivel federal.
La última ejecución federal fue en 2003. Fueron tres desde fines de los años 60.
La mayoría de los delitos en Estados Unidos son procesados en tribunales de los estados, no de nivel federal. Pero ahora hay 51 personas esperando la ejecución por fallo federal en Terre Haute, en el central estado de Indiana.
Activistas de derechos humanos reclaman la moratoria de las ejecuciones federales, por entender que esas condenas están contaminadas de racismo.
El Departamento (ministerio) de Justicia (fiscalía federal) constató en 2000 que en 80 por ciento de los casos en que los fiscales buscaban la pena de muerte, el acusado pertenecía a una minoría étnica.
Pero aunque el apoyo de McCain a la pena de muerte en el plano federal fue una "política de larga data", en caso de ocupar la Casa Blanca no impondrá estándares federales en los estados que implementan este castigo, dijo a IPS su portavoz, Taylor Griffin.
"Cada estado debe decidir si la quiere. En última instancia, se trata de un asunto administrativo, más que de campaña", agregó.
En enero de 2000, McCain reclamó que la pena de muerte fuera usada, en términos generales, con más frecuencia.
Hace seis años, prestó su voto a una ley hoy vigente según la cual los condenados a la pena capital no podrían esgrimir en sus apelaciones alegatos de discriminación racial basada sobre estadísticas judiciales. Los negros constituyen 12 por ciento de la población estadounidense, pero 43 por ciento de los 3.200 residentes del pabellón de la muerte.
Richard Dieter, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Centro de Información sobre la Pena de Muerte, no cree que el asunto tenga destaque en la campaña electoral.
"Los estadounidenses votan por motivaciones que consideran más importantes, como la economía, la política exterior y las guerras en Afganistán e Iraq", sostuvo.
Pero "el público se está apartando significativamente de la pena de muerte, y eso va a ocurrir sin importar quién sea el próximo presidente", agregó.
Era probable que Obama reciba más adhesiones entre los abolicionistas, sugirió.
"Obama percibe los problemas de la pena de muerte. Cuando él hacía política local en Chicago, vio que había irregularidades en procedimientos como los interrogatorios policiales, e intentó abordarlos", dijo Dieter.
Diana Rust-Tierney, directora ejecutiva de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte, dijo a IPS que, gane quien gane, el futuro presidente adoptará una posición pragmática sobre la pena capital.
"Nosotros no ponemos a los políticos en cajas o categorías, especialmente a los candidatos presidenciales. Pensamos que hay un riesgo de error demasiado grande si se hace eso. La percepción del público sobre la pena de muerte cambia con el tiempo. La cuestión no es si vamos a continuar arrastrando esta política inútil, sino si la vamos a reconsiderar", expresó.
En todo Estados Unidos la población comenzó a "concentrarse en responder a la pregunta: '¿Es esto de nuestro interés?'", agregó.
"Soy optimista en cuanto a que continuaremos viendo cambios en las políticas sobre la pena de muerte", dijo. Las reformas se procesarán a nivel de los estados, explicó Dieter: la decisión corresponderá a los políticos de cada uno de los 36 estados donde aún se aplica el castigo.
"Las asambleas legislativas estaduales tienen un efecto más directo sobre la pena de muerte que el presidente de Estados Unidos", dijo.
Dieter coincidió en que un gran avance del Partido Demócrata en los Congresos legislativos de los estados en las elecciones de noviembre podría derivar en proyectos de abolición.
"Ésa es una posibilidad. Luego comenzaríamos a ver algunos cambios reales. Pero como a menudo la aprobación de esta legislación lleva meses o incluso años, pasará mucho tiempo antes de que veamos a esos estados aboliendo", opinó Dieter.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, en 2007 hubo 42 ejecuciones en Estados Unidos, todas ellas en estados del sur. De estas ejecuciones, 26 se registraron en el meridional estado de Texas.
Desde el levantamiento de una moratoria no oficial de siete meses en abril, mientras la Suprema Corte emitía veredictos que cuestionaban la inyección letal como método de ejecución, hubo 20 asesinatos legales.
