La huelga docente en la franja de Gaza dejó a miles de profesores a merced de los enfrentamientos entre el sindicato, afín al secular partido Fatah, al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), y Hamás, que controla este territorio.
La huelga decretada en Gaza por el sindicato de Profesores de Palestina, órgano no electivo respaldado por el gobierno del presidente Mahmoud Abbas, ubicado en Cisjordania, sigue adelante por tercera semana consecutiva.
Hamás (Movimiento de Resistencia Islámica) triunfó en las elecciones legislativas de enero de 2006 y tomó por las armas el control de la franja de Gaza en junio del año siguiente.
En los 14 meses que siguieron, la animosidad entre ambas facciones palestinas se había limitado a una guerra de palabras. Pero en las últimas semanas escaló hasta convertirse en un enfrentamiento abierto.
El 25 de julio estalló una bomba en una playa de Gaza colmada de gente. Murieron cinco altos dirigentes del ala militar de Hamás y una niña de seis años. El movimiento islamista atribuyó el ataque a Fatah, que negó toda responsabilidad.
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Hace un año, hubo otra huelga en protesta por las sanciones económicas que Israel y otras naciones occidentales impusieron a la franja de Gaza en castigo al Hamás por tomar el poder, y que llevaron a la quiebra a este territorio y hundió en una grave crisis humanitaria a sus 1,5 millones de habitantes.
Pero la huelga sólo logró enfrentar a los palestinos entre sí.
Los profesores de Gaza señalan que la ANP, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad cisjordana de Ramalá, los amenazó con retener sus salarios y hasta con destituirlos si no se quedaban en sus casas. Al mismo tiempo, Hamás amenazó con echar a los huelguistas.
Hamás controla Gaza, pero la ANP paga los salarios.
"Un funcionario me comunicó que había sido destituido por no apoyar la huelga", dijo a IPS Mussa al-Astal, profesor de estudios sociales de un colegio de educación secundaria de la meridional ciudad de Khan Younis, en la franja de Gaza. Además, encontró su nombre en un sitio de Internet de una organización vinculada a Fatah.
El ministro de Comunicaciones, Riad al-Malk, negó las acusaciones desde Ramalá. "No impulsamos una huelga ni retuvimos los salarios de ningún funcionario de Gaza", declaró. Pero muchos profesores no recibieron el depósito mensual en sus cuentas.
Varios sindicatos respaldados por la ANP boicotean al gobierno de Hamás. El movimiento islamista hizo de inmediato un llamado para buscar nuevos profesores a fin de sustituir a los huelguistas, pero no encontró suficientes educadores con la experiencia y la formación necesarias.
El secretario general del sindicato de profesores, Jameel Shehada, señaló que la huelga es en protesta por "las medidas adoptadas por Hamás en su contra", como traslados de cargos para nombrar a partidarios del movimiento islamista.
Por su parte, el subsecretario de Educación de Gaza, Mohamed Abu Shoqeir, negó la acusación. "El traslado de profesores fue una decisión administrativa porque observamos que en algunos colegios sólo habían aprobado 16 por ciento de los estudiantes", explicó.
Fatima Zaqzouq, directora de una escuela secundaria de Khan Younis, señaló que el traslado de profesores "no fue una decisión racional ni bien pensada. Sólo respondió a intereses políticos. Son los estudiantes y los profesores los que pierden".
La mitad de los profesores del colegio que dirige faltan por temor a perder sus salarios.
La huelga de profesores de Gaza perjudica el comienzo del año lectivo. La medida afecta a los 282 colegios públicos de la franja territorial y a unos 300.000 estudiantes.
Los 213 colegios administrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus 197.000 estudiantes no se vieron afectados.
Casi todos los estudiantes asistieron a clases pese de la huelga.
"El primer día sólo tuvimos clase medio día. La mitad de los profesores no estaban", relató la estudiante Isra al-Najjar, de 16 años. "No nos agrada la huelga".
La policía organizada por Hamás pidió a todos los profesores que se presentaran en las comisarías, y a algunos se los obligó a ir a trabajar, según el independiente Centro Palestino de Derechos Humanos.
La amenaza de la ANP de no pagar los sueldos es ilegal y sólo sirve a los intereses de Fatah, no a los reclamos de los profesores.
La medida deja la duda de si los fondos otorgados por la comunidad internacional son para cubrir las necesidades docentes o sirven al juego político, según esa organización.
