Dieciocho años después de abolida la pena de muerte en República Checa, poco se ha hecho para reintegrar a la sociedad a quienes fueron condenados por los delitos más graves.
Los programas de reintegración para los 35 reclusos checos que cumplen cadena perpetua, entre ellos dos mujeres, fueron "escasos y poco atractivos", dijo a IPS Ladislav Zamboj, del Centro de Orientación para la Ciudadanía, los Derechos Civiles y Humanos, con sede en Praga.
"Como resultado, pocos muestran interés en ellos", agregó.
A los prisioneros, que no realizaron ningún trabajo en la cárcel, se les podría permitir fácilmente inscribirse en proyectos de enseñanza, dándoles por lo menos la educación que recibirían en una escuela primaria.
"Pero el mayor problema es financiar esto. La mayor parte del personal carcelario no simpatiza con la idea de pagar programas educativos. Lo consideran un derroche de recursos", señaló Zamboj.
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"Un prisionero es financiado por una organización cristiana y otro por su familia, pero eso es todo", añadió.
"Las herramientas judiciales alternativas, como la libertad condicional o bajo fianza, no son usadas adecuadamente", dijo Frantisek Vales, director ejecutivo de la filial checa del Comité de Helsinki, agregando que esto se debe a "incompetencia administrativa".
Las leyes checas permiten que los prisioneros sentenciados a cadena perpetua se postulen a la libertad condicional luego de pasar 30 años en la cárcel.
Pero la mayoría de los reclusos tenían más probabilidades de fallecer de muerte natural tras las rejas antes de calificar para esa postulación.
"Tres de ellos cometieron suicidio", dijo Zamboj.
Activistas por los derechos humanos expresaron preocupación por la presión psicológica que se genera sobre sus vidas aisladas en las cárceles de alta seguridad.
"Muchos no tienen familias o contacto con el mundo exterior", indicó Zamboj, que ha asesorado a muchos sentenciados a cadena perpetua.
Los contactos con familiares son inusuales, y los reclusos deben presentar razones convincentes para solicitarlas.
"Ellos pasan 90 por ciento de su tiempo encerrados en sus celdas. Les corresponde dar una caminata diaria y tener una hora de actividades, pero en general no se les permite salir de sus celdas más de tres horas al día. A duras penas podría decirse que tienen una vida social", explicó Zamboj.
Hasta el año pasado, independientemente de su comportamiento anterior, se los esposaba para actividades tan triviales como ducharse o caminar.
"Ellos viven en celdas subterráneas oscuras y húmedas, casi sin luz natural", dijo Vales.
Y se los trata "represivamente", no como individuos sino como grupo.
Activistas señalan que las autoridades impiden a los medios tener una perspectiva precisa de las condiciones carcelarias.
Las cartas enviadas a la prensa o a organizaciones locales son controladas y es probable que el personal de la prisión tome represalias contra los reclusos si estos hacen denuncias.
Hubo un procedimiento de demandas, pero fue inefectivo y terminó protegiendo a las autoridades carcelarias, señaló Zamboj.
"Debería haber un organismo independiente que aborde las quejas de los prisioneros", opinó.
En 2000 se intensificó la represión cuando un doble homicida, Jiri Kajinek, escapó de una de las prisiones de máxima seguridad y estuvo fugitivo 40 días antes de ser recapturado, según activistas.
Los oficiales de alto y bajo rango de la prisión perdieron sus puestos.
"Esas situaciones pueden ocurrir, pero el personal no debería ser castigado porque son los prisioneros quienes tienen que cargar con el peso de las medidas represivas que ocurren después", sostuvo Zamboj.
Se introdujeron controles nocturnos. Los prisioneros fueron trasladados dentro del sistema carcelario sin previo aviso.
"Esto va contra la dignidad humana porque a todos les corresponde un lugar estable para vivir", dijo Vales.
"Una mañana, a uno de los prisioneros con los que trabajo le ordenaron mudarse inmediatamente luego de estar 13 años en la misma celda", recordó Zamboj.
Las organizaciones de la sociedad civil se quejaron de que el sistema carcelario se volvió aun más represivo y cerrado al escrutinio público.
"Ahora lleva por lo menos un año que las estadísticas carcelarias sean publicadas. Antes estaban disponibles todos los meses. Presumimos que la situación en las prisiones checas o permanece igual o ha empeorado levemente", dijo Vales.
Parte de esto se remonta a las elecciones de 2006, cuando ganaron los derechistas Demócratas Civiles y se designó a un nuevo director del servicio carcelario, Ludek Kula.
Bajo su liderazgo, los programas educativos y de integración social han reducido aún más su importancia.