La noticia de que el gobierno español prepara un decreto que reducirá drásticamente la instalación de energía solar fotovoltaica, provocó una fuerte reacción de ecologistas, sindicatos y empresas del sector, que rechazan de plano cualquier medida negativa para esa fuente alternativa.
El borrador del decreto establece no solo una reducción de la instalación de centrales fotovoltaicas, sino también una fuerte rebaja del subsidio que se otorga a las empresas fabricantes.
"Esto es indignante, lo que debería hacer el gobierno es apoyar la lucha para reducir la emisión de gases contaminantes y las instalaciones nucleares, que son peligrosas, y no actuar contra la energía limpia", dijo a IPS el activista José Luis García, responsable de energía y cambios climáticos de la organización no gubernamental Greenpeace en España.
"Nos hemos llevado una desagradable sorpresa, el anuncio del gobierno llega justo cuando se está demostrando que esta energía es una opción real y valorada de manera sin precedentes, ya que está dando soluciones prácticas y crecientes para luchar contra el cambio climático", concluyó García.
Rodrigo Morel, directivo de la empresa de energías renovables Eclareon, dijo a IPS que es comprensible que se apliquen reducciones a los subsidios, "pero no de manera tan drástica", porque, además de rebajar el cupo de producción energética, conducirá al desempleo de una cuarta parte de las personas que trabajan en el sector, que cuenta ya con unos 50.000 trabajadores.
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Además, en la generación de energía fotovoltaica se han invertido unos 1.500 millones de euros (aproximadamente 2.300 millones de dólares), dijo.
Tras el anuncio del gobierno, las dos centrales sindicales mayoritarias, la Unión General de Trabajadores (UGT, pro socialista) y Comisiones Obreras (CCOO, pro comunista) se pronunciaron enérgicamente.
"España debe mantener su apuesta por ser uno de los líderes mundiales en el desarrollo de la energía fotovoltaica, una de las fuentes de energía con mayor potencial de todas, y una de las mejores opciones del país para luchar contra el calentamiento global y disminuir su dependencia energética", afirmaron en un comunicado conjunto, suscrito también por organizaciones no gubernamentales y asociaciones empresariales.
El drástico cambio de posición del gobierno, que pasó de apoyar a abandonar esta industria, se manifiesta mientras se desarrolla desde el lunes en la Comunidad de Valencia, sudeste del país, la 23 Conferencia y Feria Europea de la Energía Solar Fotovoltaica, en la que participan 60 empresas españolas entre un total de 3.500 compañías de 35 países.
Decenas de científicos de todo el mundo suscribieron en esa reunión, que concluirá este viernes, un documento en el que señalan que la fuente solar "es una solución clave para la producción sostenible de energía".
Por esa razón, llaman a que se produzca "una fuerte acción a nivel internacional para acelerar la producción solar y su enriquecimiento a través de programas de investigación, desarrollo, cooperación y educación".
Sergio Macías, presidente de la Asociación Europea de la Energía Fotovoltaica, aseveró en Valencia que el uso masivo de esta fuente en los hogares será una realidad en 2015 y que para lograrlo se debe mantener la actual legislación y no modificarla, como piensa hacer Madrid.
Macías también comentó que esta fuente alternativa se ve ayudada por los elevados precios del petróleo, el gas y el uranio.
Otro de los asistentes a la reunión, el representante de la empresa fotovoltaica Siliken, Carlos Navarro, advirtió que si se concreta el anuncio del gobierno, su compañía podría trasladarse a un país del Sur en desarrollo.
El borrador del decreto que se emitiría antes de finalizar septiembre propone un cupo de instalación anual de unos 300 megavatios para 2009. Dos tercios de esa cantidad corresponderían a instalaciones sobre techos y un tercio sobre el suelo.
Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica, observó que esas cifras contradicen totalmente lo que se está haciendo. Al finalizar 2008, se habrían instalado 1.200 megavatios, ejemplificó.
Representantes de las empresas se reunieron el miércoles con el secretario general de la Energía, Pedro Marín, pero no lograron compromisos de cambios en el texto del decreto. "No hubo ninguna sensibilidad hacia nuestras posiciones", afirmó Laso al salir de la reunión.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica, la Asociación de Productores de Energías Renovables, CC OO, Ecologistas en Acción, Greenpeace España, UGT y la filial española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF-Adena) instaron al gobierno a modificar su propuesta, "de modo que se evite un grave golpe a un sector caracterizado por su dinamismo e innovación, que puede provocar el cierre de numerosas empresas (…) y es un insólito paso atrás en la lucha contra el cambio climático".
Estas entidades se refirieron también a otra provisión del decreto, la limitación del mercado solar a sólo 300 megavatios para 2009, lo que sería "un 70 por ciento menos del volumen de mercado" existente "entre enero y septiembre de este mismo 2008".
"Este brusco descenso de actividad, contrario a la política de fomento de las energías renovables y a la defensa del medio ambiente, supondrá un duro golpe al sector fotovoltaico español que las organizaciones firmantes" consideran "innecesario y excesivo".
Pero no todo parece perdido. Al llegar a la ciudad de Santander para pronunciar una conferencia, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, dijo a periodistas que el borrador del decreto no es definitivo, y que el nuevo marco será "razonable dentro de lo que significa la sostenibilidad económica y tecnológica".
